Por Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes
Desde la recuperación de la democracia y a pesar de varias crisis en el medio, los gobiernos peronistas y radicales en Mendoza se manejaron con el criterio de que “gobernar es gastar”. Los presupuestos provinciales crecían año a año con diferentes argumentos. En años buenos, había que gastar más porque se recaudaba más para ampliar servicios o hacer obras. En años malos, había que gastar más para mantener activa la economía.
Así, hemos llegado a un presupuesto provincial que supera los 40.000 millones de pesos, con déficit, con las obras paralizadas por falta de pago de más de 1.000 millones de pesos, y con peligrosos desvíos de fondos con asignación específica.
Cualquier empresa privada que hubiese incurrido en algunos de estos hechos tendría varios pedidos de quiebra sobre su cabeza. Cualquier empresario que dirigiera una firma que tuvo esta conducta tendría denuncias penales en su contra.
Las peleas previas
En todo el proceso desde las últimas elecciones legislativas, la UCR decidió marcarle la cancha al gobierno de Francisco Pérez y así el presupuesto de 2014 se aprobó recién en agosto porque la oposición no quería aprobarle los niveles de endeudamiento que el mandatario pedía. La oposición le pedía bajar el gasto y mejorar la recaudación.
Ya antes se había aprobado una modificación del impuesto a los ingresos brutos que puso a las empresas mendocinas en una compleja situación de competitividad, pero le permitió al gobierno mejorar sus ingresos, en tanto la coparticipación no crecía al mismo ritmo del gasto y las regalías petrolíferas se habían licuado por el bajo precio arbitrario fijado por la Nación para el crudo.
El Presupuesto 2014 se aprobó luego de la devaluación que hizo subir las tasas pero con una autorización menor a la pedida por el gobierno, al cual se le complicó conseguir financiamiento, salvo algunas letras de corto plazo. El presupuesto 2015 chocó con el mismo problema, salvo que estaban las elecciones de por medio y la UCR ofrecía aprobarlo sin autorizar financiamiento, lo que lo hacía inviable, porque no aseguraba la forma de financiarlo.
Las discusiones más grandes venían del crecimiento exponencial de la planta de personal que ya es tan grosera que hay dependencias en las cuales, si va todo el personal no tiene donde sentarse. Además, criticaron mucho a Pérez cuando, para llegar a las elecciones sin problemas, ofreció un 35% de aumento a los estatales, cuando los aumentos en general rondaron el 28%.
Terminadas las elecciones y con Alfredo Cornejo electo como próximo gobernador, comenzó otra negociación más ardua, que fue la de ponerse en contacto con los números reales. Muchos técnicos y ya no había espacio más ataques, porque Cornejo se dio cuenta que el problema mayor lo tendría él, ya que al asumir debería disponer el pago de sueldos y aguinaldos y se dio cuenta que no tendría recursos pues las finanzas vienen en déficit y se agosto la capacidad de financiamiento vía el Banco Nación.
En ese punto comenzaron las negociaciones directas entre el mandatario actual y el próximo, donde seguramente se pactaron compromisos como para permitir a Pérez terminar dignamente y sin dejarle demasiados muertos a Cornejo y facilitarle a éste que pueda comenzar con los instrumentos necesarios para acudir rápidamente a los mercados.
Lo que se discute
El acuerdo entre ambos mandatarios incluye una autorización para contraer deudas por 5.800 millones de pesos más una autorización para emitir bonos de deuda por 1.000 millones adicionales que se les entregarían a ciertos contratistas de obras públicas. De esta manera, Pérez podría apagar los focos de incendio que están asolando su gestión.
Además de la obra pública paralizada, incluso la construcción de viviendas (salvo las que financia la Nación) el gobierno ha visto abrir fondos con los dueños del servicio de colectivo que no reciben los pagos que corresponden por kilómetro recorrido, los proveedores de viandas para escuelas, comedores escolares e incluso hospitales. En los establecimientos asistenciales tiene problemas de insumos y ahora aparecen problemas de infraestructura en escuelas por efectos del último terremoto en Chile.
Pero el frente más complicado le surgió al gobernador de la misma interna del Justicialismo. Primero, los legisladores que habían soportado los embates de la oposición no querían facilitarle la tarea al próximo gobernador, al menos por ahora. Pero además, aparecieron los intendentes que vienen soportando demoras en las transferencias a pedir que se le dé prioridad a la hora de la llegada de los recursos, algo que resisten los radicales.
Lo que llama la atención es que, además, los mandatarios habrían acordado una autorización general para que el gobierno de Cornejo se endeude hasta el fin del mandato sin precisar cifras exactas de las sumas comprometidas, pero que el presidente de la cámara de Diputados, Jorge Tanús, estima en una suma global de $ 22.000 millones.
El problema hacia el futuro no es de los políticos sino de todos los mendocinos. Es que con esta perspectiva será muy difícil que Mendoza pueda retomar un ritmo productivo como se necesita porque las urgencias y el volumen de gastos y endeudamiento del gobierno seguirán agobiando a toda la población, salvo a los que viven del Estado.
Con este panorama es impensable que se bajen impuestos (los impuestos nunca se bajan dicen los radicales) y de esa manera los problemas estructurales del sector productivo seguirán sometidos a los salarios desmedidos de los empleados del Estado y los sueldos nada humildes que se fijan los funcionarios y políticos.
Mendoza puede tener un futuro muy promisorio si tiene un Estado que lo permita y no siga poniendo obstáculos. De los contrario la provincia seguirá decayendo al ritmo del crecimiento de un Estado ineficiente y que no sirve en todo sentido.
