Los clubes locales, unidos en una petición de auxilio

La pandemia de Covid-19 llegó para quedarse por un tiempo más largo del que se pensaba. Son más de mil las instituciones civiles sin fines de lucro de la provincia que se vieron obligadas a ponerle candados a los portones de sus fachadas y hoy, a más de seis meses del inicio de esta película de terror, no saben cómo hacer para subsistir. Sin entrada de dinero en concepto de cuotas sociales, recaudaciones o cualquier otro tipo de ingreso, pagar sueldos, aportes y servicios, entre otras obligaciones, se ha convertido en una odisea.

Impulsados por el antecedente fresco de que en Buenos Aires se sancionó hace una semana la Ley de Asociaciones Civiles y Mutuales, que contempla la tarifa cero en los servicios para el tiempo que dure la pandemia y exime de las deudas generadas durante la emergencia sanitaria, más de cien instituciones locales se unieron en un anteproyecto de ley que en la tarde de ayer llegó a manos de la diputada provincial (UCR) Daniela García para su estudio. El mismo texto se haría extensivo en las próximas horas al diputado provincial Duilio Pezzutti, del Frente de Todos.

“Los clubes de barrio somos una herramienta del Estado que nunca ha generado costos y siempre atiende la problemática social de su comunidad. Con esta ley (por la de Buenos Aires) se declaró de interés público provincial a las asociaciones civiles y mutuales y establece para los clubes el acceso a una tarifa cero en el servicio público de agua, gas, electricidad, internet y telefonía para los de bajos recursos y pago por consumo real para el resto mientras dure la emergencia sanitaria provincial”, reza uno de los párrafos del anteproyecto que surgió a partir de una idea de David Berbel, presidente de Guaymallén, quien rápidamente contó con la adhesión de Rubén Giovarruscio, flamante titular de Leonardo Murialdo. El anteproyecto no tardó en propagarse a otras instituciones y hasta anoche eran más de cien las instituciones que expresaron su consentimiento para firmar la misiva.

Casi la totalidad de los clubes de la Liga Mendocina de Fútbol, instituciones de otras ligas de fútbol de la provincia, los clubes nucleados bajo la órbita de FeFuSa (Federación de Fútbol de Salón), algunos de la Federación de Básquet y varios de la Unión de Rugby de Cuyo se sumaron a la solicitud de un anteproyecto de ley que, de concretarse, será en beneficio de más de mil asociaciones civiles.

Uno de los aspectos que sobresale en la ley aprobada hace una semana en la Cámara de Diputados bonaerense es que una vez concluida la emergencia sanitaria, el Poder Ejecutivo podrá prorrogar el beneficio de tarifa cero de servicios públicos para las asociaciones civiles. Además, faculta al ejecutivo a crear un fondo extraordinario de emergencia para el otorgamiento de subsidios para adecuar instalaciones de acuerdo a los nuevos protocolos y solventar gastos. ¿Podrá implementarse en Mendoza?

Las claves del anteproyecto

Servicios públicos. Acceso a tarifa cero en los servicios públicos (agua, gas, electricidad, internet y telefonía), eximir a los clubes de las deudas generadas durante la emergencia sanitaria y prorrogar el beneficio tras la pandemia.

Asistencia. Facultar al Poder Ejecutivo para la creación de un Fondo Extraordinario de Emergencia para el otorgamiento de subsidios con el fin de adecuar instalaciones de acuerdo a los nuevos protocolos y solventar gastos.

Tramitación. El proyecto propone que cada una de las asociaciones civiles puedan gestionar los subsidios o ayudas económicas a través del municipio correpondiente según el departamento al que pertenezca la institución.

Un precedente clave: Buenos Aires aprobó la ley hace una semana

La semana pasada, la Legislatura bonaerense sancionó la Ley de Asociaciones Civiles y Mutuales, que busca proteger a aquellas instituciones bonaerenses que hacen un aporte a la comunidad y transitan una situación económica afectada por la pandemia. En concreto, prevé la condonación de deudas ante la Dirección Provincial de Personería Jurídica, incluso desde el año 2014. Además, contempla la prórroga de los plazos de presentaciones jurídicas, establece una tarifa cero para los servicios durante la emergencia, la exención de pago del impuesto inmobiliario y decreta la inembargabilidad e inejecutabilidad de los inmuebles de las asociaciones civiles.