Las tenistas argentinas Melina Ferrero y Sofía Luini han sido suspendidas por manipulación de partidos bajo el Programa Anticorrupción del Tenis (TACP) a tres y siete años respectivamente por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).
Durante ese tiempo, las jugadoras no podrán jugar, entrenar o asistir a cualquier evento del circuito femenino (WTA) ni masculino (ATP) ni de ninguna asociación nacional, según ha informado ITIA, este martes, en un comunicado.
Ferrero, cuyo puesto más alto en el ránking WTA fue el 731 en mayo de 2015, no respondió a las 12 acusaciones del ITIA relativas a tres partidos en 2017 y 2018, que incluían apuestas deportivas donde la jugadora, al no responder a los cargos, admitió su responsabilidad.
Por su parte, Luini, que llegó a alcanzar el puesto 492 en septiembre de 2014, se opuso a las 24 acusaciones, relativas a seis partidos en 2017 y 2018 en los que se le culpaba de los mismos cargos que a su compatriota. Ambas jugadores están suspendidos a partir del 23 de julio de 2024, fecha en que se emitieron sus decisiones.
El último tenista argentino suspendido por arreglo de partidos
En mayo de este año, la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA por sus siglas en inglés) informó que el tenista argentino Eduardo Agustín Torre, de 29 años, ha sido suspendido por un período de cinco años por 35 infracciones del Programa Anticorrupción del Tenis (TACP).
La ITIA explicó que la sanción está “relacionada con un caso penal recientemente concluido que implica a un sindicato de arreglo de partidos en Bélgica”. La colaboración entre la ITIA y las autoridades belgas condujo a una condena de cinco años de prisión para el líder del sindicato, Grigor Sargsyan, agrega la agencia.
Los cargos contra Torre se refieren a delitos de 2017, pero el caso de la ITIA se aplazó hasta después de la conclusión de los procedimientos penales, subraya el organismo. Torre, que en septiembre de 2014 alcanzó el puesto 596 en la clasificación mundial individual, el más alto de su carrera, no respondió a las acusaciones de la ITIA. El caso fue resuelto por el funcionario independiente de audiencias anticorrupción Amani Khalifa, que también impuso a Torre una multa de 35.000 dólares.