El Tribunal Supremo de España ha ordenado a la conocida página web Roja Directa el pago de 31,6 millones de euros a Mediapro por los perjuicios ocasionados a raíz del pirateo de contenidos deportivos.
Hace dos años, en 2022, el Tribunal Supremo ya había declarado responsables a Puerto 80 Projects y a su administrador, Igor Seoane, por la actividad ilegal de Roja Directa al emitir partidos de fútbol sin autorización y generar grandes beneficios con ello.
Ahora, el Juzgado de A Coruña ha fijado una indemnización de 31,6 millones de euros por los daños causados, de los cuales el administrador, Igor Seoane, deberá abonar 15,8 millones de forma solidaria. Este fallo parece poner fin a un proceso que comenzó hace una década.
La página Roja Directa ofrecía acceso ilegal en España a contenidos deportivos, violando los derechos de propiedad intelectual mediante enlaces que permitían ver en directo partidos de la liga española y otros eventos deportivos emitidos por cadenas de televisión de pago.
Aunque el acceso era gratuito para los usuarios, Puerto 80 Projects obtenía grandes ingresos mediante publicidad y cobro de comisiones por redirigir tráfico hacia sitios de apuestas deportivas. Según informes periciales judiciales de 2022, la empresa generó más de 11 millones de euros en una de sus cuentas.
Mediapro indicó que, de manera simultánea, el responsable y administrador único de “Puerto 80 Projects” está siendo procesado penalmente, en un caso promovido por el grupo y LaLiga, por un delito continuado contra la propiedad intelectual mediante Roja Directa y por las ganancias obtenidas a partir de esta actividad ilegal.
El fiscal del caso, que se encuentra en la fase de juicio oral, ha solicitado una pena de 4 años de prisión, mientras que Mediapro y LaLiga han solicitado una condena de 6 años.
El grupo audiovisual también destacó que ‘Puerto 80 Projects’, que “sigue con sus actividades ilegales fuera de España”, y su administrador debían haber entregado una fianza de 4 millones de euros para cubrir posibles responsabilidades futuras, debido a la “gran relevancia económica” de los beneficios obtenidos y los daños causados, según las conclusiones del fiscal.
