El agro argentino ha sido la fuente de ingresos que nuestros gobernantes tuvieron más a mano desde la década del '50, cuando se creó el IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio), ya desaparecido a finales de esa década y que monopolizó el comercio de granos y oleaginosas hasta 1956.
Tres mecanismos quedaron desde entonces para hacer pagar al agro un “diferencial"”que -habitualmente- no pagaban el resto de las actividades económicas:
- El cambiario, que consistía en obligar a los exportadores a liquidar en el mercado “oficial” de cambios las divisas que cobraban de sus compradores, el que habitualmente tenía un tipo de cambio inferior al que podrían obtener en el mercado libre de cambios. Afortunadamente, este recurso -que también afectaba a las exportaciones no agrícolas- ahora no está vigente.
- El impositivo, materializado por “derechos” de exportación, es decir cobrar al exportador en Aduana un porcentaje del valor exportado. En casi todos estos casi 70 años transcurridos, los productos agrícolas básicos tuvieron altos aranceles para exportarse, mientras que los productos manufacturados de origen agrícola pagaban menos arancel o no pagaban.
- El reintegro de exportación, consistente en bonos de crédito fiscal (antes) o acreditaciones en cuenta bancaria del exportador (ahora), equivalente a un porcentaje del valor agregado en el país, habiéndose descontado los insumos importados. Este reintegro se aplica sólo a las exportaciones industriales o manufacturadas de base agrícola.
Viendo el aspecto fiscal, los productos agrícolas pagaban impuesto mientras que los productos industriales cobraban reintegros. Para saber cuál era la asimetría entre el agro y el resto de las actividades económicas bastaba comparar cuál era el “dólar neto” que le quedaba a los exportadores agrícolas (dólar menos derecho de exportación) y el de los exportadores industriales (dólar más reintegro), lo que en algunas épocas llegó a más de un 50% de diferencia entre uno y otro.
Pero para ver la situación completa, falta considerar el aspecto cambiario. Cuando las autoridades económicas estimaban que el peso estaba devaluado -como ahora-, aumentaban el derecho de exportación y/o reducían los reintegros. Cuando la situación era inversa, disminuían o eliminaban los derechos de exportación y aumentaban los reintegros.
Después de la crisis del 2001, el gobierno nacional estimó que el peso se había devaluado en demasía, por lo que impuso derecho de exportación a todos los productos exportables, aunque mucho más elevados a los agrícolas. Se llegó a querer gravar a la soja con aproximado de 63% a través de la Res. 125/08, medida que encendió el conflicto con el campo. Este derecho de exportación a todos los productos se mantuvo por más tiempo del que justificaban las razones económicas, llevando a una sobrevaluación de nuestro peso que descolocó a nuestras exportaciones regionales, arruinando los logros conseguidos.
Hoy, como en el 2001, el gobierno nacional estima que nuestro peso está devaluado, por lo que volverá a implantar por dos años un derecho de exportación que pagarán todos los productos, de $ 3 por dólar, que será de $ 4 por dólar para las exportaciones agrícolas primarias. Es de esperar que este gravamen sea sólo temporario, que el gobierno no se enamore de su facilidad de recaudación.
