Las protestas contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro sacuden a Venezuela desde que comenzaron los primeros de abril con una carga de violencia y acusaciones recíprocas que aumentan la crispación de una sociedad dividida.
La noche del lunes las fuerzas de seguridad y manifestantes se enfrentaron en varias ciudades de Venezuela, con saldo de un muerto y decenas de heridos, durante bloqueos de calles realizados por la oposición contra la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro.
El Ministerio Público informó en Twitter que investigará “la muerte de un joven de 16 años durante una manifestación” en la localidad de La Isabelica, estado Carabobo (norte), donde ocurrieron refriegas.
En otro incidente, el candidato a la Constituyente José Luis Rivas murió tras recibir varios disparos en un acto de campaña en la ciudad de Maracay, estado Aragua (centro). La Fiscalía, que no dio detalles, investiga lo ocurrido. Desde que comenzaron las protestas ya son 94 los muertos producto de la violencia.
Además, nueve militares resultaron heridos: siete por la explosión de un artefacto lanzado por manifestantes en Caracas y dos por disparos cuando despejaban barricadas en las localidades de La Tahona y San Antonio, estado Miranda (norte), confirmó el general Sergio Rivero, comandante de la Guardia Nacional.
El alcalde capitalino de Chacao (este), Ramón Muchacho, dijo a la AFP que al menos 21 personas resultaron heridas en los disturbios.
Las claves que explican el conflicto entre gobierno y oposición:
Inicio: A fines de marzo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió dos sentencias que despojaron a la Asamblea Nacional de sus atribuciones legales. La mayoría opositora acusó al TSJ de haber perpetrado un golpe de Estado en favor del presidente Nicolás Maduro, quien sugirió a los magistrados retirar los fallos. Esto se hizo parcialmente, pero los diputados alegan que se mantiene un "golpe continuado", contra lo cual convocaron a protestar en las calles hasta que el hilo constitucional sea restituido.
Elecciones: La oposición denuncia que el Gobierno cerró las válvulas electorales ya que en 2016 obstaculizó la realización de un referendo contra Maduro y postergó la elección de gobernadores previstas para ese diciembre. En cambio Maduro propuso una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna, que es rechazada por la oposición.
Poderes: En medio de las protestas se libra una guerra de poderes. El TSJ ha publicado una serie de sentencias para anular a la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral (CNE) acudió rápido a tramitar la petición de la constituyente de Maduro.
Militares: Considerada la principal pata de la mesa que sostiene a Maduro la Fuerza Armada cumple las órdenes del gobierno, siendo blanco de críticas de organizaciones de derechos humanos y de la oposición. Varios jefes militares fueron citados a declarar a la Fiscalía General acusados de haber violado los derechos humanos, pero se han negado, amparados en sentencias del TSJ.
Oposición: La dirigencia opositora de las protestas ha ido cambiando el discurso sobre sus objetivos. Primero fue exigir la restitución del orden constitucional, ahora es contra la Constituyente de Maduro.
Manifestantes: La mayoría son jóvenes, muchos universitarios que dicen estar respondiendo al "llamado" de la resistencia.
Diálogo: El presidente hace constantes llamados al diálogo y a la paz, pero la respuesta ha sido nula. La oposición recuerda que un intento de conversación fracasó el año pasado y terminó en la desmovilización de las demostraciones de calle.
La fiscal rebelde dice que no renunciará
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, quien se rebeló contra el presidente Nicolás Maduro, advirtió que se mantendrá en el cargo aun si la máxima corte la destituye como parte de un juicio planteado por el oficialismo.
“Voy a mantenerme firme en mi cargo para defender la democracia; me han tratado como si hubiera cometido un delito”, dijo Ortega en una entrevista a la emisora argentina Radio Con Vos.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de seguir los dictados del gobierno, anunciará a más tardar hoy su decisión, luego de la audiencia celebrada hace una semana en la que el oficialismo señaló a Ortega de mentir en afirmaciones contra los magistrados.
“Yo denuncié a los magistrados que me están procesando porque no son legítimos. No sé si me van a destituir o no, acá puede pasar cualquier cosa”, agregó Ortega.
El mismo día de la audiencia en su contra, el 4 de julio, el TSJ juramentó como vicefiscal y eventual sustituta a Katherine Harington, polémica abogada chavista sancionada por Estados Unidos bajo cargos de violación de derechos humanos.
Militares impiden paso a periodistas
La Asamblea Nacional de Venezuela canceló ayer su sesión ordinaria luego de que agentes de la Guardia Nacional impidieron el ingreso de periodistas y dificultaron la llegada de diputados y empleados a ese recinto.
“Es grave lo que está sucediendo. Después de los hechos de violencia de la semana pasada, cuando permitieron el paso de turbas del gobierno, hoy la Guardia Nacional no deja sesionar”, dijo el diputado opositor Stalin González a periodistas afuera del Congreso.
La presencia de “piquetes de la Guardia” en los alrededores de la Asamblea Nacional “obligó a diputados a caminar varias cuadras” para poder ingresar y a la prensa “simplemente se le impidió acercarse. Así no se puede sesionar”, agregó.
El hecho se produjo un día después de que la Fiscalía General acusara al coronel Vladimir Lugo, oficial de la Guardia Nacional a cargo de la seguridad del Congreso, por su presunta responsabilidad en un ataque a congresistas ocurrido la semana pasada.
Lugo fue citado a comparecer ante la Fiscalía el 13 de julio por la supuesta violación de los derechos humanos de “diputados y otros ciudadanos” que habrían sido “agredidos físicamente por este funcionario”, de acuerdo con la Fiscalía.
La acción judicial contra el coronel se dio casi dos semanas después de que el presidente Nicolás Maduro lo condecorara en una muestra de apoyo a la Guardia Nacional. Dos días antes de la condecoración Lugo había empujado al presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges.
