Al abandono y la desprotección que viven desde sus primeros años de vida, se suman las carencias de todo tipo que los rodean.
Niños, niñas y adolescentes crecen inmersos en una realidad que los deja casi sin oportunidades, a medida que el consumo de drogas de toda índole -desde las legales pastillas psicotrópicas hasta las provenientes del narcotráfico que instala sus núcleos en los barrios más vulnerables- los vuelve el blanco más frágil de bandas delictivas que los utilizan en la mayoría de los casos, como “carne de cañón”.
Son ellos, los que sin un horizonte claro, llevan en sus espaldas el peso de vivencias y ejemplos que los alejan cada vez más de una infancia plena y feliz.
Los datos de la Unidad de Medidas Alternativas (UMA), área que trabaja dentro del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil dan cuenta de esta problemática que enciende el alerta y llama a la reflexión: en lo que va de este año, 652 adolescentes de entre 16 y 18 años tuvieron que recibir el abordaje de los profesionales de esta unidad, mientras que en 2016 hubo 820 admisiones.
Se trata de adolescentes que han cometido delitos menores (robos y hurtos) y que tras ser derivados de los juzgados penales de menores -debido a que son punibles- deben recibir el abordaje, seguimiento y acompañamiento de los operadores y profesionales que trabajan en el servicio de la UMA.
En total, 67 personas (dedicadas a la abogacía, el trabajo social y la psicología) integran este servicio cuya función es brindar a los/las adolescentes vulnerables y en conflicto para que puedan regresar a su casa y no reincidan.
Marcela Fernández, subsecretaria de Desarrollo Social, detalla que inclusive para lo que resta de 2017, se estima que la cantidad de adolescentes en conflicto con la ley pueda crecer mucho más.
Según explica, esta situación se exacerba a fin de año debido a que sobre el cierre del ciclo lectivo la escuela deja de ser el escenario de contención y frente a la indiferencia de sus familias, los/las adolescentes pasan mucho tiempo solos/as en la calle, sin motivaciones y a merced de adultos que delinquen y los envuelven en maniobras delictivas.
Por otra parte, profundizó la funcionaria, es evidente la crisis vincular que los adolescentes están padeciendo. “Las adicciones están muy relacionadas al tema vincular, hay familias debilitadas, los afectos fragmentados y los adolescentes se van perdidos, sin límites, ni contención ni afecto”, reflexiona y detalla que muchas veces “los chicos ni siquiera saben lo que están haciendo con el nivel de consumo que tienen”.
Lo cierto es que en la mayoría de los casos el contexto en el cual se desarrollan ni su historia, los acompañan de manera positiva en su trayecto de vida.
Explica la funcionaria que, de hecho, la totalidad de los adolescentes que reciben el abordaje de los equipos interdisciplinarios del Estado atraviesan por un proceso de consumo problemático que se inició, en la mayoría de los casos antes de los 11 y los 13 años, edad en la que ya tienen la adicción.
De hecho, el 100% de los jóvenes que están incluidos en estas medias alternativas consumen marihuana, paco, pastillas psiquiátricas, cocaína y tolueno. Por eso, un objetivo a corto plazo es inaugurar un centro de día en el que los y las adolescentes con adicciones puedan realizar un tratamiento.
Muchas veces, el policonsumo (drogas asociadas al alcohol o combinadas) hace estragos en su organismo. “La cocaína está avanzando cada vez más entre los adolescentes. En varias oportunidades hemos tenido que intervenir para lograr internaciones de urgencia debido al nivel de intoxicación”, alerta Fernández y agrega que ambas problemáticas (delincuencia y consumo de drogas) son extremadamente complejas de abordar y que a los jóvenes les cuesta mucho salir de ésa situación una vez que están inmersos.
Hoy la población más pequeña es la que más se utiliza para ser mediadores en los delitos.
El circuito que sigue un adolescente que comete un delito menor (por ejemplo, un robo sin daños físicos a terceros) comienza con la detención policial.
El procedimiento sigue en el juzgado penal de menores (hay cinco en Mendoza, tres en el área metropolitana, uno en el Valle de Uco y uno más en San Rafael), donde es derivada a la UMA. Allí le asignan un profesional que se encarga de observar el contexto familiar y escolar del/ la adolescente.
A partir de allí, la persona que cumple el rol de operador/a eleva un informe y elabora una estrategia de reinserción para el/la adolescente. Por lo general, son profesionales que están al tanto de las diferentes realidades por ser trabajadores/as sociales. “En virtud del contexto en el cual se desarrolla el/la adolescentes será si puede volver a su casa o no. La familia en este sentido es determinante”, profundiza Fernández.
Vilma Jilek, fundadora de la Asociación Accionar, entidad que comenzó trabajando en pos de los derechos de la infancia, destaca que la experiencia de años abordando casos de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y que delinquen ha notado diferencias.
Dice que si bien antes los niños y niñas quedaban exentos de las bandas de ladrones adultos, hoy la población más pequeña es la que más se utiliza para ser mediadores en los delitos.
“Al mismo tiempo, el niño o niña tiene como modelo a ese adulto que delinque, que vende drogas y consume. Hablamos de un niño o niña que está mal alimentado, con falta de afecto y desprotegido”, describe Jilek, que es psicóloga, al ahondar en las causas que conllevan a esta realidad.
Detalla que en el tiempo en que Accionar contaba con una comunidad de día para brindar contención a los niños y adolescentes sumidos en esta problemática, trataban con niños y niñas que ya a los seis, siete u ocho años ya tenían incorporada la adicción al tolueno (pegamento). “En la noche empezaban a buscarlos los que vendían droga y por la mañana los detenía la policía”, recuerda Jilek.
Ex Cose: 82 jóvenes presos
En los sectores de centro de detención juvenil ubicado en Villa Hipódromo, de Godoy Cruz, conocido como “Ex Cose” están cumpliendo su condena 82 jóvenes de 16 a 18 años que han cometido delitos graves.
En algunos casos, son mayores de edad debido a que cuando se les dictó la sentencia judicial eran menores y en el marco de la legislación vigente deben cumplir la totalidad de la prisión en ése sitio y no en San Felipe.
Casi 30 adolescentes que no pueden volver a su casa
En el Centro de Adolescentes con Medias de Excepción (CAME), ubicado en el predio de la Dinaf (Armani 1800 de Godoy Cruz) hay alojados en la actualidad 28 niños y niñas menores de 16 años. Requieren en todos los casos un abordaje terapéutico y quedan alojados en las instalaciones (por un tiempo acotado, según las autoridades), cuando su propia vida o la de terceros corre peligro.
“Cuando vemos que existe un riesgo para el/la menor, no puede salir. Después de que termina con su terapia pasa a las residencias abiertas, que también están asistidas por profesionales. Sólo salen si se aceptan las reglas”, dice la subsecretaria Fernández.
Según las autoridades, la misión de este espacio es brindar amparo residencial alternativo y temporal a aquellos adolescentes que han tenido que ser separados de sus familias mediante Medidas Excepcionales de Protección. Este procedimiento se enmarca en el Programa de Abordaje para Adolescentes, que lleva adelante la Dirección de Cuidados Alternativos del Ministerio de Desarrollo Social y Deportes.
