La investidura policial, respetada y valorada en varios sectores de la sociedad, suele verse en ocasiones manchada por los propios efectivos que cometen actos impropios para su función o, en casos más graves, terminan en la comisión de delitos. El organismo de control de los miembros de la Fuerza es la Inspección General de Seguridad (IGS), que funciona desde el año 2000 pero que en los últimos años ha incrementado sensiblemente el tratamiento de esas causas.
Desde 2016 hasta setiembre de este año, período de gobierno de Alfredo Cornejo, la IGS sumarió a 2.090 uniformados mendocinos por diferentes inconductas. De ellos, 315 efectivos fueron cesanteados, es decir, despedidos de la Policía.
Las estadísticas se registran y dividen por trimestre, por lo que a este 2019 todavía le faltan los números de los últimos tres meses.
Desde hace casi cuatro años el director de la IGS es Marcelo Puertas, abogado penalista elegido por el Gobernador saliente para ocupar el cargo. Las cifras de sumarios resultan altas, pero Puertas aclara: "El policía está inmerso en la sociedad, es parte de ella y puede tener faltas como cualquier ciudadano".
En el desglose de estos números, se instruyeron 337 expedientes en 2016; 694 en 2017; 791 en 2018 y 450 hasta septiembre de 2019. La sumatoria arroja 2.272 hechos que fueron investigados, concluidos y remitidos a la Junta de Disciplina, que en promedio ratifica el 92% de las penas que propone la IGS.
También en la Junta se define el tipo de sanción para el acusado, que en la gran mayoría de los casos se aplica con suspensiones temporales. Luego se pasa a las cesantías (quedan afuera de la Fuerza pero después de cinco años pueden desempeñarse en algún puesto de la administración pública) y, por último, la exoneración (tiene que haber una condena penal firme), “castigo” que no les permite volver a ninguna función en el Estado provincial.
En la Inspección General de Seguridad también evalúan algún proceder incorrecto de los penitenciarios por infracciones o delitos que puedan cometer, ya sea dentro de las cárceles mientras trabajan o estando de civil.
En el caso de los guardiacárceles, el número de cesantías asciende a 135 desde 2016.
La estructura interna del órgano de control está formada por personal policial exclusivo, penitenciarios e instructores que investigan como en cualquier causa penal: recabando pruebas, buscando testigos y tomando declaraciones.
Los procesos, que tienen una duración aproximada de 6 meses, comienzan con una denuncia, compulsa de la Justicia o la publicación de algún medio de comunicación sobre un acto comprometedor de un policía.
Faltas y cargos
Desde que el proceder policial es denunciado e investigado, los expedientes han ido variando en cantidad con el paso de los años pero hay aspectos que se repiten sistemáticamente. Dos de ellos son el tipo de infracciones que se cometen y el cargo jerárquico de quien las lleva adelante.
Respecto al primer ítem, aparecen las Faltas al Régimen de Policía como las "fallas" más comunes. Falta de respeto a los superiores, desacato a las órdenes, falta de cuidado con el arma reglamentaria e incumplimiento de horarios y uniformes, son los principales motivos de sanción que suelen terminan en suspensiones.
Luego se registran irregularidades por la realización de servicios extraordinarios, denuncias por el robo o pérdida del arma y otros elementos de trabajo, accidentes con los móviles y denuncias por amenazas y violencia de género.
En cuanto a los rangos, los uniformados más sumariados son quienes se están iniciando en la Policía y que se desempeñan como auxiliares, subayudantes, oficial principal y oficial inspector. Sin embargo, no es menor el dato de que en los últimos 4 años se cesanteó a 15 comisarios generales (máxima autoridad en la Fuerza), la gran mayoría por servicios extraordinarios irregulares.
“Se controla más”
La actual gestión de la IGS destaca el incremento de las causas y los resultados desde 2016, no porque se haya agravado la conducta de policías y penitenciarios, sino porque ahora se investiga más.
"Cuando llegamos en 2015 había muchos expedientes sin resolver y nos abocamos a eso. Ahora se controla más y aparecen los hechos", aseguró Marcelo Puertas.
Por ejemplo, en 2015 se sumarió a 174 policías y, un año más tarde, se llegaron a abrir 337 expedientes, según estadísticas del propio organismo.
"Creemos que hemos hecho una buena labor y ahora queremos que los casos bajen como consecuencia de mostrar que somos estrictos", concluyó el director.
Casos graves de este año
- En el mes de mayo fue arrestado e imputado Alexis Méndez, uniformado de la comisaría 59 de La Favorita, acusado de asesinar a balazos a un joven que habría escapado de un control policial en Ciudad.
- En agosto se detuvo en Guaymallén a Leonardo "Chino" López, integrante de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Capital. A este efectivo se lo investiga como presunto miembro de una banda narco.
- A fines de noviembre, un policía de apellido Díaz y con servicios en la comisaría del barrio La Estanzuela de Godoy Cruz, fue imputado como sospechoso del robo de dinero en una vivienda en donde encontraron a un hombre muerto hacía 15 días y a su esposa con Alzheimer.
