Se ha escuchado decir con frecuencia que la Justicia es demasiado lenta. Ha sido un reclamo que no pierde vigencia y que siempre fue demandado por la ciudadanía. En buena medida ese axioma fue contrarrestado en el fuero laboral de Mendoza, que logró reducir la litigiosidad en 56%; ingresó 56% menos de causas en los tribunales y las demandas tiendan paulatinamente a que se resuelvan en cinco a seis meses.
Es un adelanto significativo en una jurisdicción judicial que se caracterizaba por la lentitud de sus procedimientos, demoras en las audiencias e insatisfacción de las expectativas de los particulares que recurrían a esta instancia.
Conviene aquí recordar que el fuero laboral es una forma de protección que establece la ley para los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en un especial estado de vulnerabilidad. Para que se concretara esta sustancial mejora a la que nos referimos, hubo un proceso de búsqueda de soluciones alternativas, inversión en tecnología y firma de acuerdos entre los distintos actores responsables, que permitieron que la instancia laboral prejudicial liberará a los tribunales de causas y agilizará los trámites en los juzgados, con la finalidad última de alcanzase más rápido la solución en la infinidad de causas que aún llegan a los estrados.
Colaboraron para llegar a este óptimo cuadro de situación dos factores puntuales: la creación de instancias laborales previas a la justicia (la Oficina de Conciliación Laboral -OCL- y procedimiento ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo) y la oralización de los procesos en las causas de estos fueros. En tal sentido, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza (SCJM) firmó un acuerdo con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación a fin de conformar el Cuerpo auxiliar Interdisciplinario Oficial de Peritos del Fuero Laboral.
Históricamente, el fuero laboral del Poder Judicial fue uno de los más saturados del sistema. La acumulación y amontonamiento de expedientes en sus oficinas, fue una foto que se repitió bastante.
Con la creación en 2017, por iniciativa del Poder Ejecutivo provincial, de la Oficina de Conciliación Laboral (OCL), en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo, la adhesión de la Provincia a la modificación de la Ley de Riesgo de Trabajo y la aprobación del nuevo Código Procesal Laboral, se logró reducir la litigiosidad 50% y que los procesos empiecen a ser resueltos en no más de seis meses. De esta forma, mientras que en 2017 ingresaron en la primera circunscripción judicial 19.675 nuevas causas al fuero laboral, en 2018 este número bajó a 9.388, gracias a la intervención extrajudicial reseñada. A esto se le suma que, con la implementación de la oralidad y con ella la presencia del juez en todas las audiencias, las causas que antes duraban entre 3 y 4 años, hoy se extiendan a medio año, o aún a plazos menores.
La significativa reducción se debe a que el nuevo Código Procesal Laboral establece una audiencia inicial y otra final. Entre la primera y la última etapa no pueden pasar más de 120 o 180 días corridos. Y a su vez se busca siempre llegar a una etapa conciliatoria, siendo central la intervención del juez el que conocerá a las partes y su conflicto desde el inicio del proceso. En las pruebas piloto que se realizaron en la segunda circunscripción judicial, de 64 audiencias iniciales que se realizaron, el 25% se resolvió mediante una etapa de conciliación.
Mejorando la manera en la que el trabajador resuelve su conflicto (una indemnización por despido, un problema de cómo está registrado o cuánto deben pagarle, las prestaciones que debe recibir de una ART), se logra una conjugación rápida de los daños que el conflicto en sí mismo supone, pero a la vez brinda herramientas al empleado para que rápidamente logre satisfacer sus reclamos. Esta realidad entonces deriva en que un mejor funcionamiento en la justicia tiene efecto en los ciudadanos. Siendo la administración de justicia un servicio público, en cuanto mejor se preste, se logra la meta final, que es el beneficio de la colectividad y del administrado en particular. Una mejor justicia, no solo implica mayor legitimidad de este poder, sino que transforma realidades, individuales, sectoriales y de toda la sociedad. El conflicto, que es lo que el administrado lleva a la justicia, en tanto el Estado logre resolverlo de la mejor manera, es un aporte a la paz social, y con ello, en el caso del fuero laboral, al aparato productivo.
