El Boletín Oficial de ayer reservaba un par de sorpresas. La primera que sonó era la obvia, justamente porque el aludido fue hasta hace un mes y dos días el candidato a vicegobernador del oficialismo: Diego Martínez Palau fue nombrado como asesor en la Gobernación a través del decreto 995.
Inmediatamente después, sale publicado el decreto 985, en el que se nombra asesora de gabinete del Ministerio de Salud a Teresa Garzón Maceda, quien es esposa del subsecretario de Administración y Planificación de esa cartera, Diego Álvarez.
El primer caso es paradigmático. Martínez Palau fue ministro de Transporte y renunció para enfrentar la campaña como candidato a vice del Frente para la Victoria, secundando a Adolfo Bermejo. En la elección del 21 de junio ambos fueron derrotados por Alfredo Cornejo y Laura Montero; el 23 de junio, apenas dos días después del comicio, el gobernador Francisco Pérez firmó el decreto 995 que fue publicado ayer.
Martínez Palau fue nombrado asesor de Gobernación con clase 76. De acuerdo al anexo VI de la Ley 5.811, ese lugar del escalafón es un cargo jerárquico nombrado políticamente y que cobra un salario equivalente al 75% del sueldo del Gobernador.
En bruto, es decir sin descuentos impositivos, ni cargas sociales, Pérez cobra $ 58 mil; entonces el ex ministro cobrará $ 43.500 también en bruto. Con los descuentos, rondará los $ 30 mil.
Los Andes intentó hablar con el flamante asesor, así como también con su nuevo jefe, el ministro Francisco García Ibáñez (también firmante del decreto 995). Nadie quiso explicitar las funciones que cumplirá Martínez Palau.
En la misma página del Boletín Oficial, la 6.730, e inmediatamente después del nombramiento del aspirante a la vicegobernación, se publica el decreto 985, firmado por Pérez y el ministro de Salud, Oscar Renna, el 18 de junio pasado.
En esa norma se pone en funciones a Teresa Garzón Maceda como asesora de gabinete de esa cartera. Se le asigna una clase 74, a la que le corresponde un ingreso equivalente al 60% del sueldo del gobernador, es decir $ 34.800 en bruto; de bolsillo percibiría alrededor de $ 25 mil.
Garzón Maceda es desde hace 10 años la esposa del subsecretario Álvarez, el hombre que tiene a cargo la administración de los recursos del ministerio.
Más allá de esta relación, Garzón Maceda tiene antecedentes propios. Viene de Buenos Aires, dónde se desempeñaba en la Comisión Nacional de Discapacidad (Clonados) y actualmente ejerce funciones docentes como tutora en un diplomado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (México) y en el Instituto Nacional de Formación Docente (Buenos Aires). Se reivindica como especialista en discapacidad, área en la que trabaja hace 30 años y estuvo 13 años en Conadis.
En enero de 2014 ingresó como directora de Discapacidad de OSEP, cargo que ocupó hasta noviembre de 2014. Ella admite que se vino a trabajar porque su esposo estaba en Mendoza desde el inicio de la gestión de Pérez.
Cuando se le dijo que ambos cargos en Mendoza (el de OSEP y el actual como asesora) pueden ser ejemplos de nepotismo, ella respondió: “Tal vez. Pero a mí me convocaron personas que no están vinculadas a mi marido”.
“Soy especialista en discapacidad y como el área está en Salud, no hay muchas opciones”, intentó argumentar. Un pequeño error: hay dos dependencias de esa materia pero en Desarrollo Social: el Consejo de Discapacidad y la Dirección Provincial de Atención Integral a Personas con Discapacidad.
Como dato curioso, los destinos de Martínez Palau y Garzón Maceda están relacionados no sólo por la fecha de publicación de sus decretos. Es que la funcionaria fue una activa militante del ex candidato a vicegobernador. “Es la primera vez que milito y sí, colaboré con Diego”.
El enojo de Blas
La hasta ahora titular de ATE, Raquel Blas, salió con los tapones de punta por estos contratos. "Es una vergüenza y una falta de respeto a los mendocinos. Hace tiempo que venimos insistiendo en los concursos, pero los gobiernos congelan la planta permanente y transforman los cargos en fuera de nivel".
Los cargos fuera de nivel son los jerárquicos y no quedan en planta permanente, aunque Blas advierte: “Hay que estar atentos, no sea cosa que los nombren en planta”.
Recordó: “Estamos sin médicos en Lavalle. Hay centros de salud en los que hace tres meses que no cobran sueldos y hay compañeros municipales de Santa Rosa que aún no cobran el sueldo”.
