Política
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hace 10 horas
María Julia Alsogaray, la ingeniera industrial que logró lugares de privilegio en los gobiernos de Carlos Menem y falleció este fin de semana, nunca pudo cumplir su promesa de limpiar el Riachuelo en mil días; afrontó ocho juicios orales; tuvo cuatro condenas; fue a prisión por enriquecimiento ilícito y pasó sus últimos días en libertad condicional, a la espera de un nuevo proceso por un presunto pago irregular a una empresa cuando fue interventora de Entel.
Hija del histórico dirigente liberal Álvaro Alsogaray y fundador de la Unión del Centro Democrático (Ucede), María Julia siguió los pasos de su padre y tras recibirse como Ingeniera en la Universidad de Buenos Aires incursionó en la política.En 1985 fue electa como diputada nacional por la Ucede y luego se alineó con la presidencia de Carlos Menem, período en el que ocupó varios cargos públicos que con el tiempo la llevaron a convertirse en símbolo de la corrupción menemista.
Alsogaray fue primero interventora de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) para preparar la privatización de la compañía y la misma función ocupó en la etapa final de la siderúrgica estatal SOMISA, para luego ser nombrada como Secretaria de Medio Ambiente.
Durante su gestión al mando de la secretaría, la acérrima defensora del proceso privatizador del menemismo, atrajo la atención de la opinión pública al prometer una "limpieza" del Riachuelo en un período de "mil días" y asegurar que después "se tiraría a nadar" en el agua libre de contaminación.
La promesa jamás fue cumplida y le trajo varios problemas con la justicia por el manejo de los fondos destinados a ese fin. Desde 1996 hasta 2000, el Comité del Riachuelo manejó más de 35 millones de dólares, de los cuales casi 22 fueron a parar el rubro "servicios técnicos y profesionales", es decir consultoras cercanas a Alsogaray que hicieron estudios de la contaminación.
Alsogaray fue primero interventora de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel)
Alsogaray también será recordada por la tapa de la revista Noticias en la que insinuaba estar vestida sólo con un tapado de piel que luego se supo, se lo había prestado la actriz Graciela Borges, o por declaraciones que la mostraban alejada de la realidad social en las que revelaba que había viajado una sola vez en colectivo.
Durante los 90, María Julia fue uno de los íconos que mejor simbolizó al menemismo período en el que su patrimonio creció ampliamente hasta alcanzar los 2,5 millones de dólares.
Pero, una vez finalizada la presidencia de Menem debió enfrentar las denuncias judiciales acumuladas por su desempeño como funcionaria convirtiéndose en la más investigada por la Justicia.
En mayo de 2004 recibió su primera condena por enriquecimiento ilícito y se le fijó una pena de tres años de prisión e inhabilitación absoluta por el plazo de seis años.
En abril de 2013 fue condenada por segunda vez, a cuatro años, por contratos que firmó como secretaria de Recursos Naturales con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
En el tercer juicio, también de 2013, fue absuelta por prescripción de la acción penal por delitos en el plan de manejo del fuego.
El cuarto tuvo sentencia en abril de 2014 donde fue condenada a cuatro años de prisión por contratos de fin de obra durante la privatización de Entel, mientras el quinto se realizó en 2015 y fue absuelta en un caso referido a la transferencia de 241 hectáreas que le pertenecía a ENTel en Pacheco.
El 21 de abril de 2015, la Justicia la condenó a cuatro años de prisión en la causa por irregularidades en la privatización de esa empresa y la encontró culpable por el delito de "defraudación por administración fraudulenta".
Asimismo, ese año fue condenada a cumplir cuatro años de prisión domiciliaria por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 por "irregularidades en la contratación de pasantes".
También fue absuelta en la causa por el cobro de sobresueldos y enfrentó condenas por irregularidades en una serie de refacciones en la Secretaría de Medio Ambiente a su cargo y por administración fraudulenta en perjuicio del Estado durante su desempeño en el proceso de privatización de la ex Entel.
La ex funcionaria debía enfrentar próximamente su octavo juicio por un presunto pago irregular a la empresa Meller mientras ella era interventora de Entel y la justicia analizaba si suspendía el juicio por el estado de salud de Alsogaray quien en agosto había sido internada por una hemorragia digestiva.
Alsogaray estuvo detenida por casi dos años entre agosto de 2003 y mayo de 2005, luego cumplió prisión domiciliaria por un año y siete desde marzo de 2015 hasta octubre.
Entonces, se le otorgó la libertad condicional tras haber cumplido dos tercios de su pena unificada a cinco años de prisión, lo que le permitió pasar sus últimos días en libertad pero a la espera de un nuevo juicio.
