En nuestro país, la acción política femenina y concretamente la incorporación de las mujeres al Parlamento nacional, se produjo a mediados del siglo XX -en 1952- como producto de las elecciones de 1951, al considerarse el derecho otorgado por la ley que en 1947 extendió a la mujer el derecho al sufragio.
En ese entonces, la Argentina contaba con 109 legisladoras nacionales y provinciales, lo que constituía un 20% del total. Sin embargo, en las décadas siguientes hubo una sostenida disminución de la participación femenina en el Parlamento, situación que se revirtió a partir de las elecciones de 1993, cuando se aplica por primera vez la ley de cupo femenino sancionada en 1991 (24.012) y cuya principal impulsora fue la mendocina Margarita Malharro de Torres, cuando ocupaba una banca por el radicalismo.
Ése era el balance que hacía Los Andes a casi un mes de las elecciones de 1997, cuando las mujeres en la Cámara de Diputados de la Nación alcanzaban 28,4% de las bancas.
La misma Margarita escribió respecto de la ley, en setiembre de 1991: “No acepto de ninguna manera que se diga que la mujer no está capacitada para ejercer un cargo, porque entonces iniciaremos una competencia de capacitación que no se ha hecho con los candidatos de ningún partido y que figuran en las listas... Observamos que la mujer figura en las listas en los últimos lugares, sin posibilidades de resultar electa... El proyecto expresa que no serán oficializadas las listas de candidatos si no llevan 30% de mujeres. Sé que es discriminatorio, pero es una medida extrema que debemos tomar”.
