Economía
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hace 8 horas
La Corte Suprema de Justicia anuló hoy el incremento de las tarifas de gas para los usuarios residenciales, que representan alrededor del 25 por ciento de la facturación, en tanto el Gobierno convocará "mañana mismo" a una audiencia pública para analizar el cuadro tarifario en general, al tiempo que evitó dar precisiones sobre la postura que tomará en el caso del servicio de energía eléctrica.
No obstante, el fallo del máximo tribunal habilitó el aumento tarifario para el resto de los usuarios, entre ellos los comerciales e industriales, en todo el país.
Horas después de conocerse el fallo, el Gobierno realizó una conferencia de prensa, en la que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Energía, Juan José Aranguren, informaron que "mañana mismo" emitirán "una resolución para convocar a una audiencia pública".
Según Peña, el plazo legal para la convocatoria es de tres semanas.
Leé el fallo completo de la Corte Suprema
En esa conferencia, los funcionarios evitaron formular una autocrítica por el proceder oficial en la materia y remitieron el debate para definir esas políticas al "Acuerdo Federal Energético" lanzado la semana pasada.
La resolución de la Corte, que fue firmada de manera concurrente por los cuatro jueces, establece que para la fijación del cuadro tarifario es "obligatoria" la realización de audiencias públicas, establecidas en la Constitución Nacional, que en este caso la Casa Rosada no había concretado.
Para los usuarios residenciales, "las tarifas deben retrotraerse a los valores vigentes previos al aumento dispuesto por las resoluciones" que incrementaron la tarifa, en algunos casos por encima del 1.600 por ciento.
Para el resto de los usuarios, que según un informe del Poder Ejecutivo representa al 74 por ciento del consumo de gas, es aplicable -según el fallo de la Corte- el tarifazo.
Los usuarios domiciliarios que hubieren pagado la tarifa que ahora fue dejada sin efecto tendrán derecho a la devolución de la diferencia, y serán las empresas distribuidoras las que deberán acordar la forma del reintegro.
En ese sentido, Peña y Aranguren confirmaron que aquellos usuarios que hayan pagado una factura con aumento recibirán una nota de crédito con la diferencia a su favor.
En la misma conferencia, los funcionarios admitieron que podría haber una audiencia para considerar el tema de la luz, pero no avanzaron en precisiones al respecto.
"Estamos informando por el tema de gas. En este momento creemos atinado centrarnos en el eje del fallo de la situación del gas", dijo Peña.
El fallo sostiene que hay tres etapas en relación con la tarifa: el "ingreso al sistema de transporte del gas" (boca de pozo), el transporte y la distribución.
Para el cuadro tarifario en el transporte y la distribución es obligatoria, por imperio de la Constitución y las leyes, la audiencia pública, porque "son fijados monopólicamente", se indicó.
En cambio esa obligación no está contemplada en la legislación para el "precio de ingreso al sistema de transportes" (PISG), comúnmente llamado "precio en boca de pozo", porque es considerada una "actividad económicamente desregulada y no fue calificada como servicio público", es decir que está sujeta a las fluctuaciones del mercado.
Desde la ley de Emergencia Económica, dictada en 2002, hasta la actualidad, en el que el Ministerio de Energía fijó discrecionalmente el valor del gas en boca de pozo, esa parte de la cadena está supeditada a la intervención estatal.
En consecuencia, hoy también debería haber audiencia pública para discutir el incremento de la tarifa de gas en la extracción en boca de pozo.
Sobre los grandes usuarios, el criterio es que no forman parte de "sectores vulnerables" puesto que pueden trasladar el incremento de sus costos en la cadena de consumo.
Para obtener una medida que les frenara el tarifazo debería iniciar una acción judicial en primera instancia y recorrer todo el espinel judicial hasta la Corte, donde el pronóstico es altamente negativo.
La Corte ya decidió que paguen el incremento, y lo hizo porque el reclamo contra el tarifazo lo hicieron entidades de usuarios, y no conglomerados que representen a los grandes consumidores.
