El presidente Mauricio Macri vetó la ley aprobada esta madrugada en el Senado con el voto de la oposición para frenar el alza de las tarifas de los servicios públicos, informó el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
"La ley está vetada", confirmó Peña en declaraciones a la prensa. "El fundamento conceptual de lo que se votó es la política tarifaria del kirchnerismo, que fue una mentira y nos llevó a los problemas que hoy estamos enfrentando", argumentó
El presidente dejó firmado el veto de la norma, que tuvo 37 votos a favor y 30 en contra, antes de viajar esta mañana a la provincia de Salta
Los aumentos de las tarifas treparon hasta cerca de un 1.600 por ciento desde la asunción de Macri a fines de 2015, en particular en la región metropolitana de Buenos Aires, donde se aplicaban multimillonarios subsidios a las empresas distribuidoras y al consumo de luz, agua y gas.
En el resto del país, los servicios públicos ya registraban desde varios años antes valores más altos que en la capital y sus alrededores, donde habita cerca de un tercio de la población nacional.
El jefe de Gabinete explicó que Macri decidió su veto porque "es una ley irresponsable" y "no respeta la Constitución porque el Congreso no puede fijar tarifas y, además, va en contra del federalismo", porque las provincias tendrían que pagar el costo de subsidiar a la región metropolitana de Buenos Aires.
"La votaron porque sabían que iba a ser vetada indefectiblemente", aseguró Peña en declaraciones a radio Mitre. El jefe de Gabinete, uno de los más influyentes colaboradores de Macri, ratificó además el rumbo de la política económica de la gobernante coalición de centroderecha Cambiemos.
"Somos el primer Gobierno en 100 años con minoría parlamentaria pero en estos dos años y medio hemos hecho mucho", subrayó Peña, quien pese a la ofensiva opositora confió en un triunfo oficialista en las presidenciales de 2019. "Estamos seguros de que en 2019 vamos a seguir gobernando", dijo.
La norma impulsada por el peronismo opositor retrotrae el valor de las tarifas a noviembre pasado, limita además los futuros aumentos de los servicios públicos a la variación de los salarios, eleva el número de hogares alcanzados por la tarifa social -más baja- y ordena la devolución de los incrementos cobrados por las empresas.
"Es una ley irresponsable porque no fundamenta de dónde se paga aquello que se votó ayer, que equivale a toda la obra pública al interior del país, a todo el sistema universitario de la Argentina, a dos veces la asignación universal por hijo (AUH) que pagamos todos los argentinos para proteger a los sectores vulnerables, a todo el presupuesto de seguridad y defensa de nuestra república", agregó.
La entrada en vigor de esta ley tendría un costo fiscal anual para el Estado argentino, según datos del Ministerio de Hacienda, de 115.029 millones de pesos (4.615 millones de dólares), en momentos en que el Gobierno negocia un rescate financiero del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Macri intentó en los últimos días convencer a los senadores del opositor Partido Justicialista (PJ, peronista). Lo hizo a través de sus funcionarios pero también personalmente: el lunes difundió un mensaje al país en el que instó a los legisladores peronistas a que no se dejaran "conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner", su antecesora al frente del país (2007-2015) y actual senadora nacional.
Sin embargo, el proyecto que el Senado transformó en ley no tuvo como autora a la ex mandataria ni a legisladores afines a su ideología, sino a la bancada del peronista Frente Renovador, que en otras ocasiones acompañó iniciativas impulsadas en el Parlamento por la coalición oficialista.
"La situación de la sociedad argentina se ve agravada no sólo por el tarifazo: los salarios se depreciaron, el dólar se ha detonado, la tasa de interés, vuela", dijo Fernández de Kirchner en su discurso.
La ley procura que las tarifas de los servicios públicos regresen al valor que tenían a fines de 2017 y que desde esa fecha los aumentos no superen el alza de los salarios.