El intendente de Capital, Rodolfo Suárez, analiza llamar a consulta popular, ya sea a los habitantes del municipio, o -dependiendo de los acuerdos con la Provincia- a todos los mendocinos, sobre si están de acuerdo con la realización de marchas en las calles del Centro o no.
El radical hizo el anuncio en respuesta al pedido de derogación de ese punto específico del Código de Convivencia de la Ciudad, que hizo con una presentación en el Concejo Deliberante, el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia y militante de La Cámpora, Juan Manuel González.
El reclamo del funcionario de Francisco Pérez apunta a la inconstitucionalidad del artículo 19 de ese código, que es el que regula las marchas y manifestaciones en la vía pública, “porque restringe el derecho de todo ciudadano y ciudadana, asociación, gremio o sindicato, a la expresión de ideas, reclamos, peticionar a las autoridades”, entre otros.
Aunque el reclamo real pasa más por la “discriminación” que, a su entender, se ha hecho entre distintas marchas, ya que “a los viñateros se les cobró $ 20 mil de multa por cortar la calle y en la marcha del 18F no se multó a nadie”, señaló González, apuntando a la concentración que se hizo en San Martín y Peatonal al cumplirse un mes de la muerte del fiscal Nisman y que reunió a muchos radicales.
“Estoy analizando convocar a un referéndum para que sea la población la que se expida”, dijo Suárez, e incluso propuso que “podría ser el 3 de mayo” el momento de la consulta, cuando se realice la elección general desdoblada en Capital, aunque también dejó la puerta abierta para provincializar el tema. “Si nos ponemos de acuerdo lo podemos hacer el 21 de junio”, añadió.
A Suárez le llamó la atención que el pedido de derogación del artículo 19 haya sido hecho por un organismo del Gobierno provincial al Concejo y no ante la Justicia.
“Si hay inconstitucionalidad, debe haber un planteo judicial”, señaló el jefe comunal, recordando que sobre este punto específico, normado hace muchos años, la comuna ya ganó un juicio en 2008 -gestión de Víctor Fayad- al SUTE, que lo había denunciado. “La Justicia y hasta la OIT le dieron la razón a la municipalidad” rememoró.
Además entiende que esta actitud de González, “puede generar un conflicto entre el Estado provincial y el municipal”.
Por su lado, González negó que ese tipo de conflicto pueda darse y reconoció que lo suyo fue sólo un pedido que busca una salida política.
“Le pedimos al Concejo la derogación porque el artículo es inconstitucional por limitar el derecho de expresarse y es de imposible aplicación”, dijo, agregando que “desde que salió se lo ha criticado y si bien ha habido numerosas marchas, sólo se multó a unas pocas”, para concluir que lo que busca es precisamente, “una salida política”.
Desde el Gobierno, en tanto, se despegaron del cuestionamiento al código, pero avalaron el reclamo “político” del subsecretario de Derechos Humanos. “El Gobernador no cuestiona el Código, aunque sí está claro que ha habido diferencias en el trato de distintas manifestaciones”, dijo el subsecretario Legal y Técnico, Gustavo Tobares.
González centró su queja en la marcha del 18 de febrero en la que, según dijo el intendente, “participó, pero no elevó ninguna multa”.
En la misma línea, cuestionó que “a los viñateros se los multó con $ 20 mil”, en referencia a la marcha de Aproem del 12 de febrero.
Suárez negó haber participado en la manifestación del 18 F y replicó que la norma “es para las organizaciones”, por lo que “no se puede multar una movilización espontánea. Habría que haber levantado 5 mil multas”.
Aclaró además que los viñateros sí se manifestaron a través de una organización, Aproem, aunque no habló de multas. “Sólo se los emplazó para que despejaran la vía pública”, expresó.
Asumió la multa hecha al FIT, “cuando cortó la calle Colón por el reclamo de Lear”, que “fue convocada por una agrupación”.
Para reafirmar su posición criticó el “desconocimiento” del código por parte del funcionario provincial, resaltando que “no se quita el derecho a manifestarse sino que se lo regula” e invitó a leer el artículo 18: “Allí se explica que el Municipio puede autorizar cualquier evento en la vía pública”.
"Que se multe a los fiscales"
La aclaración que hizo el Gobierno de que la posición frente al artículo 19 del Código de Convivencia capitalino es una actitud política y por eso no recurrió a la Justicia, fue puesta de manifiesto de inmediato a través de las redes sociales.
A partir de las declaraciones de Suárez de que llamaría a una consulta popular, Gustavo Tobares (que fue precandidato a intendente y salió tercero dentro del Frente para la Victoria en las PASO) se sumó a la polémica y apeló a Twitter para ironizar sobre los dichos del intendente. “Me parece bien (...). Que empiece por el shopping en el km 0”, resaltó el subsecretario en uno de sus tuits.
“Otra consulta popular, el financiamiento del 50% del puente con Godoy Cruz, que beneficia sólo a los vecinos de ese departamento”, siguió, añadiendo pedidos de referéndum para saber “si el vecino está de acuerdo con los asentamientos precarios del pedemonte”, entre otros.
Pero lo que más sorprendió del funcionario, fue la respuesta que tuvo ante la justificación de Suárez de no poder multar a los asistentes al 18F.
“Sí se puede hacer. Esa marcha la organizaron los fiscales”, dijo, sobre la manifestación convocada en Buenos Aires por Guillermo Marijuán, Carlos Stornelli y José María Campagnoli, entre otros.
