Juicios suspendidos, acusados en libertad, expedientes "cajoneados" y hechos que en los últimos tiempos han quedado impunes, son los argumentos que llevarán familiares y organizaciones afines, como CELPI a la marcha, llamada "Contra el Gatillo Fácil y la Impunidad", que, por primera vez, se realizará en la provincia.
Entre los argumentos se habla de más de 200 crímenes de varones y mujeres en manos de las fuerzas de seguridad del Estado durante la democracia. Asesinatos en centros de detenciones como cárceles, comisarías, centros de atención de consumo problemático, torturas sistemáticas, atropellos o ejecuciones extra sumariales, que se identifican con estos hechos.
Hoy a las 17
Este encuentro, programado para las 17 de hoy, frente a la Legislatura, desde donde partirá una marcha hasta los tribunales federales y provinciales, coincidiendo con lo que ocurra en diversos puntos del país, como Buenos Aires, Chaco, Tucumán y Córdoba, entre otras, con la intención, aseguran, de "dar mensaje de justicia e inclusión y no de desesperanza, desandar discursos que estigmatizan a la juventud y fortalecen medidas que excluyen".
También se informó que durante la marcha pacífica habrá diversas expresiones artísticas que la acompañarán, mientras que en el previa habrá una radio abierta para dar voz a testigos y protagonistas de estos hechos y esta lucha por los derechos humanos ".
De Bordón a la fecha
Muchos son las denuncias -se habla de más de 200- hechas por familiares de víctimas de violencia policial.. Uno fue aquel recordado caso de Sebastián Bordón, el estudiante que vino al sur mendocino en viaje de egresado, en octubre de 1997, y cuyo cuerpo fue encontrado en un barranco en la zona de El Nihuil, hecho por el cual, tres años después la Primera Cámara del Crimen, de San Rafael, condenó a cinco policías.
En el 2002, la justicia mendocina sentenció con pena de prisión perpetua al policía Walter García, por la muerte de Franco Díaz y las lesiones que sufrió Johanna Flores, y de esta manera se sumó otro triste caso a la lista provincial. Este hecho tuvo su origen la noche del 5 de mayo de 2012.
Franco se encontraba junto a un grupo de amigos en una casa del departamento de Godoy Cruz, cuando llegaron al lugar miembros de la Policía alertados por vecinos que habían presentado quejas por la música alta que provenía de la vivienda.
El final trágico fue cuando uno de los policías efectuó un disparo que le quitó la vida a Franco -la bala ingresó por el mentón y salió por la nuca- tras lo cual impactó en el maxilar de Johanna.
Mientras que en el 2011, el Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó a Argentina por un caso de similares características ocurrido en Mendoza en 1989. Se trató de un fallo histórico y es uno de los casos de igual naturaleza que están en órbita internacional. Se trató del asesinatos del joven Roberto Castañeda y por el cual se condenó a indemnizar a la familia.
Colectivo en la lucha por los pibes
CELPI (Colectivo en lucha por los pibes) es una organización social que actúa desde una perspectiva de derechos humanos acompañando a quienes atraviesan la muerte de algún familiar en manos del Estado a través de sus instituciones y fuerzas policiales. Desde 2015 ese eje ha sido -señalan- visibilizar la lucha de los familiares en el pedido de Justicia".
Dos casos: un juicio nulo y un hecho aún sin resolución
Entre los días 3 y 7 de setiembre, se llevará a cabo el esperado juicio contra Diego Guzmán Zalazar, efectivo de la fuerza policial en actividad y que fuera imputado por la muerte de Lucas Carrasco. Durante la represión en el partido de Independiente Rivadavia del 14 de marzo de 2014.
Aquel día. Lucas, junto a su hermano Mariano, llegaron hasta el estadio "azul" donde jugaba Independiente Rivadavia contra Instituto de Córdoba.
Sin embargo el partido fue suspendido, e inmediatamente se produjeron desmanes que fueron reprimidos por la policía. En ese momento Lucas recibe un proyectil de gas lacrimógeno en la cabeza y tras agonizar 48 horas murió en el hospital Central. Tiempo después, en noviembre de 2016, los jueces Arlington Uliarte, Ramón Spektor y José Valerio abrieron el debate contra el único imputado: Diego Guzmán, acusado de homicidio culposo en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo cuando se estaba en la etapa de alegatos, un parte de enfermo de uno de los camaristas, provocó que el caso fuera declarado nulo y volviera a foja cero, lo que llevó, en julio del año pasado a que Viviana Sabina Espina, la mamá de Lucas, se suicidara.
Ahora, otros jueces, abrirán una nueva instancia judicial y la familia sólo reclama justicia.
Una bala en la cabeza
Andrés García, tenía 20 años, había nacido en San Luis y estudiaba licenciatura en Higiene y Seguridad Industrial, cuando el 13 de junio de 2014, fue detenido por un control de Gendarmería Nacional en el cruce de la ruta 7 y la Destilería de Luján de Cuyo y terminó muerto. Su cuerpo fue encontrado dentro del auto en que se movilizaba. El fiscal Jorge Calle caratuló el hecho como homicidio agravado por fuerza de seguridad, quedando imputados los gendarmes Maximiliano Alfonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez.
Después, por jurisdicción, el caso pasó a la órbita federal, recayendo la causa en el juez Walter Bento, aunque hasta ahora nunca fueron procesados.
Los puntos oscuros del caso es que el chico que transportaba una carabina de colección (año 1860) habría sido ejecutado fuera del vehículo (no encontraron manchas hematicas en el interior) y tampoco se le encontraron a la víctima restos de pólvora en sus manos o ropa. Desde el entorno familiar, reclaman que por el juicio oral, aún sin fecha.
