La manifestación realizada ayer por el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) y partidos políticos de Izquierda, terminó en Mendoza con un conflicto en la Justicia, ya que el Ministerio Público Fiscal decidió imputar a 11 militantes, entre los que se encuentra un legislador y varios gremialistas, por el corte del tránsito en el nudo vial (Acceso Este y Costanera).
Según informó el propio Ministerio Público, la imputación fue por el delito de "Entorpecimiento de medios de transporte", que se encuentra en el artículo 194 del Código Penal, y que recayó, entre otros, sobre el senador provincial del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) Víctor Da Vila; y el titular del SUTE Sebastián Henríquez.
"Esta imputación se dio tras solicitar la liberación de la calle por personal de la Fiscalía Correccional, a cargo del fiscal, Lauro Monticone, y luego de la negativa de los manifestantes", indicaron desde el Ministerio Público Fiscal, y destacaron que se prevé una pena de prisión que va de los tres meses hasta los dos años.
La marcha se realizó el miércoles a la mañana. Los manifestantes se concentraron en el cruce entre Acceso Este y Costanera, y luego se dirigieron por las calles del microcentro mendocino hasta Tribunales.
El listado de imputados es: Maria Cabaña, Sandra Olmedo, Andrés Koltes, Sebastián Henríquez, Mirta Fajet, Mario Albornoz, Maria Gabriela Sosa, Víctor Da Vila, Martín Rodríguez, Vanesa Martínez y Daiana Navarro. Todos pertenecen a organizaciones sociales y políticas, destacaron desde Tribunales, como los nombrados SUTE y FIT, más el frente de Organizaciones en Lucha, el frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional y el Polo Obrero.
Ironía judicial
En diálogo con Los Andes, el titular del SUTE indicó que hasta ayer no habían sido notificados, pero destacó que una de las consignas de la marcha era "contra el desprocesamiento de nuestros compañeros, a quienes los acusaron del mismo delito en junio del año pasado", cuando se pedía reapertura de paritarias.
Iban tratar de rescatar de las garras judiciales a los miembros de la conducción del SUTE Alejandra Castelli, el ex diputado Martín Dalmau y Pablo Masutti, quienes cortaron la calle Rondeau el año pasado, y sumaron 11 imputados por repetir la metodología.
Desde los partidos de Izquierda apuntaron contra el gobernador Alfredo Cornejo; y también parte de la Justicia, como el procurador de la Corte, Alejandro Gullé. También se desencadenó otra concentración ayer por la tarde en la plaza Independencia, como motivo de protesta por la "persecución política y sindical en Mendoza".
“El gobierno de Cornejo vuelve a mostrar su ensañamiento con los que luchamos, en general, y contra los trabajadores y trabajadoras de la educación y su sindicato, en particular.”, destacaron en un comunicado desde el gremio.
"Si Cornejo dice que nosotros atrasamos 4 años (como dijo Cornejo anteayer), con él volvimos a la época de la Revolución Francesa o del Feudalismo, porque quiere resolver los problemas políticos y sociales con el Código Penal", acotó Henríquez, quien además calificó a la marcha como "pacífica, una jornada de protesta que incluso tuvo una negociación con el Gobierno".
"Quieren amedrentarnos, y no por nada Cornejo nos dedica una conferencia de prensa. Tiene que ver con que el SUTE es el emblema de la resistencia. En un momento de tregua política, que sindicatos no hacen nada porque están especulando con las elecciones, somos los únicos que velan por los derechos de nuestros docentes, y sin especulaciones políticas", cerró.
Por otro lado, Da Vila indicó que fue imputado “por acompañar el reclamo de más alimentos para los comedores populares y trabajo genuino”.
Y destacó que en realidad, los que deberían ir a la cárcel “son los que vacían el país y garantizan los negocios de los especuladores financieros”.
Qué dice el artículo 194
Delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y de comunicación: "El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años".
