El Gobierno desactivó una bomba que estaba a punto de explotar: dará marcha atrás con el polémico cobró de 24 cuotas de entre 90 y 100 pesos a todos los usuarios del gas para compensar las pérdidas de las empresas del sector por la devaluación.
La medida había sido duramente cuestionada por todo el arco político, inclusive por Cambiemos, y se habían presentado numerosas demandas judiciales, además de una denuncia penal del fiscal federal Guillermo Marijuán al secretario de Energía, Javier Iguacel, por abuso de autoridad.
En ese contexto, y con el temor de que se pudiera empantanar el avance del anhelado Presupuesto 2019, el Gobierno adoptó una propuesta del radicalismo para que la mitad de esa deuda por la devaluación sea asumida por las compañías del gas y la otra, por el Estado.
La deuda asciende a unos $ 20 mil millones. Aún no se informó de dónde saldrán los fondos para que el Estado pague los $ 10 mil millones que le tocan, pero sí se indicó que será en 30 cuotas. Los consumidores no deberán pagar nada.
El retroceso gubernamental se formalizará en las próximas horas y fue informado ayer durante una reunión de último momento celebrada en el Palacio del Congreso, entre el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, y líderes del Senado, entre quienes estuvieron el justicialista Miguel Pichetto y el macrista Federico Pinedo.
El apuro de Frigerio obedeció a que la oposición había acordado el martes que ayer en sesión iba a avanzar en un proyecto de ley para derogar la resolución de la Secretaría de Energía que establece este aumento extra, lo que hubiera significado un nuevo revés político al gobierno de Mauricio Macri en un momento de debilidad.
Al final ese proyecto de ley fue dejado de lado y en su lugar se aprobó por unanimidad un proyecto de comunicación que deja sin efecto el aumento.
Ese proyecto en realidad no tiene incidencia alguna sobre el aumento, porque es el Gobierno el que deberá anularlo. Pero sí constituye un mensaje político.
La decisión del Poder Ejecutivo fue celebrada por el justicialismo, pero criticada ferozmente por la senadora Cristina Kirchner, que inicialmente anunció que votaría en contra del proyecto de comunicación pero después votó a favor.
"El Estado va a tener que hacerse cargo con recursos públicos de equilibrar los balances de compañías privadas", criticó la expresidenta y advirtió que en el futuro empresas de otros sectores podrían reclamarle al Gobierno que se haga cargo de parte de sus pérdidas por la depreciación del peso.
A su turno, Pichetto, autor del proyecto de comunicación, le respondió: "En la política lo que importa es el mensaje, la señora expresidenta debería saberlo. Hay un mensaje muy claro del Senado: deja sin efecto este aumento", afirmó.
El presidente del interbloque Cambiemos del Senado, Luis Naidenoff, también le había contestado a la líder del Frente para la Victoria señalando que "uno de los grandes déficits de la Argentina tiene que ver con la matriz energética", ya que durante las administraciones kirchneristas "se perdió autoabastecimiento energético" y "en 2008 se importó gas por 15 mil millones de dólares", además de que en 10 años "se gastaron 85.000 millones de dólares" en subsidios en servicios.
Los diputados, en offside
Con la marcha atrás acordada entre el Gobierno y los senadores, los diputados de la oposición ayer no sabían qué hacer con la sesión especial que pidieron para el miércoles de la semana que viene justamente para tratar proyectos de derogación de la resolución y pedir la presencia de Iguacel.
El kirchnerismo y el massismo hicieron saber que sostienen la convocatoria, pero en el justicialismo estarían dispuestos a bajarse, siempre y cuando el Gobierno cumpla lo prometido ayer: que dejarán sin efecto la resolución y que no habrá impacto alguno sobre los bolsillos de los usuarios.
Las distribuidoras, como Ecogas, le compran el gas a las productores en dólares y se lo venden a los usuarios en pesos. Este año, cuando fijaron sus tarifas lo hicieron con un dólar a $ 20 o menos. Pero cuando tuvieron que pagarlo, ya cotizaba a entre $ 28 y 38.
Eso originó una deuda de las distribuidoras con las productoras, que según fuentes del sector asciende a unos $ 20.000 millones.
El secretario Iguacel dictó la resolución 20/2018 que establece que esa deuda la pagarían en 24 cuotas todos los usuarios. Explicó que no era una decisión antojadiza del Poder Ejecutivo sino que es lo que marca la ley que rige desde 1992. Y resaltó que si el Gobierno no dictaba esta resolución se habrían originado demandas millonarias de las empresas distribuidoras contra el Estado. Pero ahora darán marcha atrás.
"Era una resolución tremenda que significaba hacerle pagar el costo de la devaluación en materia tarifaria a los usuarios, que vienen soportando tarifas altísimas con un impacto demoledor en el bolsillo", señaló Pichetto, y agregó: "Por primera vez vemos que hay un abordaje de la realidad. Todavía existe alguna cuota de reacción sobre lo que está pasando en la realidad social argentina".
