La construcción se ha destacado este año por ser el motor de crecimiento de la actividad económica de Mendoza, pero aún está lejos de encontrarse en un momento ideal. Si bien el nivel de obra pública es bueno, el sector privado se sigue mostrando cauteloso a la hora de invertir y no muestra señales de reactivación inmediata. Además, un cambio en la reglamentación de los aportes jubilatorios puso en jaque la continuidad de muchas obras que se desarrollan en la provincia.
Marcelo Bargazzi, quien en setiembre pasado asumió como presidente de la delegación de Mendoza de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), habló sobre el presente de la actividad, la relación con el Gobierno y las perspectivas.
-¿Con qué escenario se encontró al llegar al frente de la Cámara?
-Asumí la presidencia hace casi tres meses y me toca en un momento muy bueno. En los últimos años la CAC tuvo que salir a pelear con los funcionarios de turno porque no avanzaban las obras y no pagaban en término.
En 2015 las empresas la pasamos muy mal, porque tuvimos obras paralizadas y sin pago. Tampoco la pasamos bien en el primer año de esta nueva gestión, que dedicó el primer tramo a la regularización de deuda.
Afortunadamente el Gobierno de Cornejo pagó las cuentas pendientes con bonos que anduvieron muy bien. Las empresas pudieron recomponer su parte financiera y en 2017 empezó a aumentar la obra pública.
-¿Hay nuevas obras con financiamiento estatal previstas para el próximo año?
-Hace poco el ministro Kerchner (Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de Mendoza) comentó que en 2018 van a asignar el 11% del presupuesto provincial a la obra pública. Dijo además que la meta es terminar la gestión con un 13% de inversión en gastos de capital. Eso nos da muy buenas perspectivas.
También ilusiona mucho la obra municipal. El intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, manifestó que el año que viene va a asignar el 23% de su presupuesto a la obra pública. Eso referido únicamente a recursos propios. A eso se le deben sumar los programas de infraestructura municipal, que se hacen en convenio con el Gobierno, y recursos que pueden venir de otras fuentes de financiamiento.
Estamos un poco desmoralizados con las obras financiadas por la Nación, que no van a aumentar en relación a este año e incluso pueden ser menores en términos reales. Lo positivo es que a nivel país sí habrá mayor inversión en rutas e inversiones ferroviarias.
-La actividad privada ¿también está creciendo?
-El sector privado está arrancando muy lentamente. Hay algunos factores que podrían ayudarlo a crecer y otros que podrían perjudicarlo.
Como punto a favor está la medida prevista en la reforma impositiva, que permitiría tomar el 10% de la inversión a cuenta de Ganancias. Eso, junto a toda normativa que apunte a mejorar la competitividad, impulsará el crecimiento económico y traccionará la generación de empleo.
Como punto en contra, aparece un cambio de reglamentación de los aportes jubilatorios, que podría perjudicarnos seriamente.
-¿Cuál es el conflicto con las jubilaciones?
-Han modificado el status quo que teníamos hasta hace poco tiempo, obligando a la empresa a pagar aportes jubilatorios que son exorbitantes. El cambio se hizo a través de la resolución 216/17 de la Caja de Jubilaciones del Consejo que nuclea a ingenieros, arquitectos y agrimensores en Mendoza.
Para llevar adelante una obra o ejercer una determinada tarea, se exige que la empresa constructora tenga el certificado de habilitación del Consejo Profesional. Cuando uno va a solicitarlo, el Consejo pide los aportes jubilatorios de los profesionales en relación de dependencia que intervendrán en la obra. Con la modificación de la resolución mencionada dichos aportes alcanzaron sumas exorbitantes, lo que va a llevar a que varias obras se paralicen.
-¿A qué se refiere cuando habla de sumas exorbitantes?
-Hace poco, por ejemplo, firmé un contrato para una obra pública de $ 11 millones. Al pedir el certificado de habilitación, el Consejo calculó los aportes en función de los metros cuadrados que tendrá la obra, obteniendo un valor de $ 20 millones, una suma mucho más alta que el valor real.
Tomando como referencia el cálculo de los $ 20 millones, estimaron los honorarios de los profesionales. Para un proyectista, estimaron honorarios de $ 1,2 millón, lo cual está muy alejado de la realidad. A partir de ese valor calcularon los aportes, que quedaron en unos $ 40.000. Realmente es una locura.
-¿La Cámara inició algún proceso legal contra la Resolución?
-La CAC no puede actuar por cuenta propia, pero se presentaron cinco acciones de inconstitucionalidad contra esa resolución en la Suprema Corte de Justicia.
Esperamos tener una resolución favorable, porque es un problema grave que va a llevar a encarecer e incluso a paralizar las obras.
-¿Considera que los créditos UVA podrán compensar esos problemas e impulsar la obra privada?
-Absolutamente. Los préstamos hipotecarios en UVA están muy bien hechos, a diferencia de la famosa circular 1.050. Con el artículo que limita la cuota al 30% del salario, no se corre el riesgo de perder contra la inflación.
Es algo muy bueno, porque hoy quien paga un alquiler, elige pagar una casa. Los bancos dicen que están abarrotados de dar créditos.
-En la mayoría de los casos los créditos se utilizan para comprar viviendas terminadas y no para construir, ¿eso podría cambiar?
-Con el tiempo, sí. Miguel Astorga, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Mendoza, nos comentó que se están quedando sin casas usadas para la venta, porque los créditos aumentaron mucho el volumen de compra de viviendas. Entonces va a llegar un momento en que no tendrán más para vender y entonces sí, deberá reactivarse la construcción privada.
-¿Qué expectativas tiene la Cámara sobre los proyectos de inversión público-privada?
-Creemos que no se va a desarrollar fuertemente en la provincia, al menos por un tiempo. En otros países como Paraguay, Perú y Chile, funciona muy bien, pero lleva mucho tiempo de trabajo para que arranque a buen ritmo.
Los peruanos son los que más avanzado lo tienen. Creemos que aquí va a llegar, pero va a demorar un poco.
-¿Cómo puede impactar la inflación al sector de la construcción?
-Si bien la inflación viene bajando, es preocupante cómo han aumentado las tasas de interés. Las empresas siempre tratamos de equiparnos vía leasing o a través de créditos bancarios, pero ahora se hace muy difícil, porque han aumentado mucho las tasas.
Teníamos tasas del 17% hace poco y ahora están en 22% o 24%.
Cuando ves que el Gobierno trata de contener la inflación tomando plata a través de la suba de tasas de Lebac, no sabés si no es mayor problema el remedio que la enfermedad.
-La construcción privada tiene mucho empleo en negro. ¿Cree que la reforma laboral podrá revertir esa situación?
-No creo que sea una solución para el empleo en negro de la construcción, porque es un tema de idiosincrasia de la gente que sea así.
Sí creo que va a servir para otras industrias.
Las empresas constructoras que trabajamos con el Gobierno tenemos todos nuestros empleados registrados. Para la Subsecretaría es muy fácil la inspección, porque saben quiénes somos y cuántos empleados tenemos.
-¿Falta control en las obras privadas?
-No sé si falta control o no dan abasto. Es complicado, porque por ejemplo a los barrios privados no pueden entrar y para inspeccionar las casas no tienen un batallón de inspectores. El empleo informal es muy difícil de controlar y combatir.
-Empresas constructoras plantearon crear un registro de compañías habilitadas para la obra privada. ¿Podría ser una solución?
-Sería muy bueno que se hiciera. Cuando las constructoras van a pasar presupuesto para una obra privada quedan en clara desventaja, porque no hay forma de competir contra quienes trabajan en negro.
La Cámara tiene hecho un estudio que dice que un empleado registrado cuesta 117% más que uno en negro. Por una persona que recibe de bolsillo $ 10.000, la empresa paga $ 21.700. Eso incluye aportes patronales, aportes previsionales, ropa, vacaciones, aguinaldo, licencias por enfermedad y demás.
Hay trabajadores que quizás cobran un poco más de $ 10.000 y prefieren trabajar así, pese a que en realidad no están haciendo aportes. Por eso creo que es una realidad muy difícil de cambiar para la construcción.
-La reforma impositiva plantea una reducción de la presión tributaria. ¿Eso ayudará a traccionar el empleo formal?
-La carga impositiva es demasiado alta y todo lo que se resuelva en función de eso nos va a ayudar. Así se va a traccionar la economía y se generará más empleo registrado.
Es necesario que bajen los impuestos para que la actividad crezca. No es que los empresarios se lleven la plata al bolsillo sino que la reinvierten.
De todas maneras, para que eso pase aún deben bajar las tasas de interés. Duele mucho cuando uno ve que poniendo la plata en un plazo fijo, el dinero rinde más que si es destinada a un emprendimiento.
-¿Tuvieron problemas con el abastecimiento de materiales durante este año?
-No hay mayores problemas de entrega en Mendoza. Tuvimos en un momento complicaciones con el asfalto, pero ya se ha solucionado. Eso ocurrió porque el consumo de ese material aumentó 78% en variación interanual y uno de los proveedores tuvo un problema temporal. Hay un récord histórico de uso de asfalto en el país, traccionado por las obras viales a nivel nacional.
-¿Cómo se han comportado los costos?
-En dólares el metro cuadrado no ha aumentado tanto. Tampoco los materiales. El cemento sube trimestralmente entre un 3% y un 5%, pero siempre con la inflación.
Perfil
Marcelo Bargazzi (55), es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Cuyo. Fue prosecretario de la Cámara Argentina de la Construcción entre 2011 y 2014 y secretario entre 2015 y 2017.
Desde setiembre de este año se encuentra al frente de la Cámara, desde donde defiende los intereses de las empresas que la constituyen. Además, en el marco de la CAC, gestiona cursos de capacitación para estudiantes de escuelas técnicas, futuros egresados universitarios y profesionales.
Es padre de dos hijos, Bruno (18) y Oriana (16), y está casado con Patricia.
