Luis Fermosel - la.fermosel@gmail.com
Si hay algo que distingue a la dirigencia sindical argentina es su capacidad para marcar los tiempos y ocupar los espacios políticos aunque después, cuando llega el momento de las definiciones, algunas actitudes y ambiciones personales les haga perder gran parte de lo ganado.
Este año, los aspectos señalados se potencian porque existe un justicialismo atomizado, que no encuentra su rumbo y que se debate entre su necesidad -para algunos- de alejarse del kirchnerismo y paralelamente encontrar al dirigente con el cual alinearse para enfrentar las elecciones legislativas de octubre.
Debemos partir de una base: históricamente los momentos conflictivos para la gente en general se presentan en diciembre, con motivo de las Fiestas de Fin de Año y las vacaciones; y a principios de marzo, en razón de que las familias se encuentran con fondos escasos y se enfrentan a la necesidad de comprar útiles y ropa para el envío de sus chicos al colegio.
A ello debe sumarse el hecho de que comienzan a plantearse las diferencias sobre las discusiones paritarias en las que se parte de una base que muy difícilmente pueda acercar a las partes, porque mientras el Gobierno intenta plantear los aumentos sobre la inflación futura (por eso habla de un “techo” del 18 por ciento) el sindicalismo plantea que primero habría que hablar de la pérdida del poder adquisitivo del año pasado, en que los salarios se incrementaron en un 30 a un 35 por ciento mientras la inflación superó el 40 por ciento.
Otro de los aspectos pasa por establecer de qué forma el Gobierno trata cada uno de los temas. Porque mientras plantea y exige un incremento salarial del 18 por ciento, produce aumentos como el de los combustibles o la energía que superan ampliamente ese porcentaje, a lo que debe sumarse el hecho de que también anticipa que esos aumentos se repetirán a lo largo del año.
Esas brechas que deja el discurso oficial y las torpezas cometidas, como la del anuncio de incremento salarial para los jubilados o el posible pedido de juicio político a los jueces que fallaron a favor de la Asociación Bancaria, fueron aprovechados por el gremialismo para avanzar en sus planteos y ubicarse como el concentrador de los reclamos de la oposición. También debe advertirse que lo sucedido no es fruto de la casualidad.
En el último trimestre del año pasado decidió unificar la CGT nacional y, para evitar algún tipo de malestar, dejó de lado los individualismos. Así entonces, Hugo Moyano dejó su lugar a Juan Carlos Schmid; Antonio Caló a Héctor Daer y Luis Barrionuevo a Carlos Acuña. Es más, tuvieron el cuidado de no jugar políticamente hacia determinado sector sino abrir el abanico, lo que determinaba que Schmid se alineara con el justicialismo y Daer y Acuña con el massismo.
Tal como lo señalamos en un párrafo anterior, los errores del Gobierno dejaron la puerta abierta a la CGT para canalizar los reclamos y para ponerse al frente del malestar social. De todos modos, no jugó todas sus cartas a un paro general sino que prefirió medir la reacción popular.
De allí que decidiera comenzar con una movilización y, de acuerdo con los resultados que obtenga, establecer un paro de actividades para más adelante. Resulta evidente también que el gremialismo intenta evitar que el oficialismo trate de fijar algún tipo de comparación con los 13 paros generales que la CGT realizó en su momento al gobierno de Raúl Alfonsín.
Más allá de esa especulación, lo cierto y lo concreto es que el sindicalismo logró ubicarse en el centro de la escena política. Ningún partido de la oposición quiso quedarse afuera. La izquierda adhirió de inmediato; el justicialismo lo hizo a través de su presidente, José Luis Gioja y el massismo también se sumó a la convocatoria sindical. Con toda seguridad, el sindicalismo les va a pasar factura de lo actuado a la hora del reparto de cargos para cubrir las listas de candidatos en las próximas elecciones.
Es muy factible que la movilización dé los resultados esperados, porque para ello el sindicalismo va a jugar todas sus fichas. Pero en el lapso que va desde la movilización hasta un posible paro, el Gobierno deberá jugar sus cartas para acercar posiciones. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca (h) tiene suficiente experiencia en el tema y conoce a muchos de los dirigentes porque la gran mayoría de ellos eran amigos de su padre.
También Jorge fue ministro de Trabajo, de Carlos Menem (a su renuncia lo sucedió el mendocino Rodolfo “Chango” Díaz) y hasta fue el secretario general de la por entonces CGT Azopardo (dialoguista), que se enfrentaba a la CGT-Brasil (confrontativa), que lideraba Saúl Ubaldini.
En Mendoza
En la provincia, la CGT regional, que lidera el metalúrgico Luis Márquez, realizó un plenario general para establecer los pasos a seguir ante el plan de acción establecido por la central obrera nacional.
Según se indicó, la reunión contó con la participación de 49 organizaciones sindicales aunque, cabe advertir, hubo algunas ausencias importantes, como la del ex secretario general y ex titular de la CGT, el colectivero Rodolfo Calcagni. “No concurrí porque estoy de vacaciones. Siempre me tomo todo febrero y, de haber estado en Mendoza, hubiera ido al plenario porque sigo perteneciendo a la CGT y voy a respetar todas sus decisiones”, señaló Calcagni ante nuestra consulta.
Más allá de ese hecho puntual, el titular cegetista Luis Márquez destacó que adhieren tanto a la marcha del 7 de marzo como a un posible paro posterior si así lo dispone la CGT nacional.
“No podemos quedarnos callados ante un aumento del 40 por ciento en la canasta escolar, ante la suba de la luz, ante el aumento de los combustibles y de los alquileres, a los despidos en el sector privado, mientras el Gobierno quiere poner un techo inconcebible a las discusiones paritarias”, dijo el dirigente para agregar que “en el caso de los gremios industriales, bajaron los aranceles a las importaciones, lo que va a generar desocupación, porque ¿cómo podemos competir con los chinos? Todo el mundo está hablando de precarización laboral y eso no lo vamos a permitir”, aseguró.
Márquez no evadió el plano político y, por el contrario, indicó que el sindicalismo está trabajando políticamente. “Tenemos a cinco compañeros en el partido (justicialista) y vamos a reclamar los cargos que nos corresponden. Vamos a exigir por lo menos el 33 por ciento que nos corresponde en el movimiento”, dijo. Ante la consulta sobre si pueden llegar a apoyar a Sergio Massa, Márquez indicó que “es el debate político que nos tenemos que dar dentro del partido y buscar el perfil del mejor candidato”, concluyó.
