El Código Penal es el núcleo del sistema penal argentino porque consagra, define y limita la potestad punitiva en la República Argentina. Es decir, dispone qué hecho se pena, cuándo se lo puede hacer y cuánto es el monto de la pena.
Hablar de sistema penal indica la complejidad de la problemática -potenciada por nuestro modelo de República federal- que no se agota en un sistema normativo sancionado por el Congreso y las Legislaturas sino que abarca, en su implementación, al Poder Judicial y a la Administración de Justicia, Federal y provinciales; como el Poder Ejecutivo, Federal y locales, y las instituciones, organismos o agencias de su dependencia: la Policía, el Servicio Penitenciario, organismos de control y otros auxiliares, etc; entidades, cargos y oficios que se relacionan en funciones de cooperación, subordinación, supra-ordenación, ejecución, control, etc.
Entonces, la propuesta de un nuevo Código Penal necesariamente tiene diversas aristas (ideológicas, políticas, constitucionales, jurídicas, operativas de: conveniencia, oportunidad y económicas, etc.), que permiten opinar en una amplia gama de direcciones. Pero la discusión inmediata y pública sobre el anteproyecto no fue clara sino con argumentos efectistas o negadores, incoherentes e, incluso, con pícaras invisibilidades y manipulaciones.
El debate político
Más allá de las personas que integraron la Comisión de Reforma, la realidad evidencia que el aparato puesto en funcionamiento para producir y posteriormente defender este borrador es el que responde a su presidente, Eugenio Zaffaroni, principal ideólogo del relato penal, quien originariamente lo formuló en su libro "En busca de las penas perdidas" (1989) planteando que, más que un uso alternativo del derecho que promueva una revolución social, nuestro margen necesita un derecho alternativo que promueva su aceleración histórica (119), y marchando de conformidad con un programa político... una criminología... permitiría sucesivos objetivos estratégicos tendientes a reducir el ejercicio de poder del sistema penal (180).
Como tácticas propuso 1°) introducir un discurso diferente... en las universidades (180), y ...tener en cuenta que es clave la neutralización del aparato de propaganda ...del sistema penal, o sea, la introducción de mensajes diferentes en los medios masivos (181) y 2°) las noticias pueden ser sometidas a un control técnico (181). Entonces, la cadena de objetivos estratégicos sucesivos, progresivos e "inacabados" y trazar tácticas para alcanzarlos (202), debe estar ... abierto a las contingencias y espacios que la dinámica del poder de las agencias del sistema penal le abre (205) afirmando que la propuesta es una decisión ideológica, ...de enfrentar racionalmente al sistema como puro hecho poder ... para limitar su violencia y, en último análisis, suprimirlo (224).
El relato penal no es jurídico sino ideológico, como su resultado: el anteproyecto. Pretender ahora la discusión como cuestión académica, ámbito de su primera táctica, es una manipulación para evitar el imprescindible debate político que nos debemos.
El impacto
Actualmente, como todo emprendimiento de envergadura (central hidroeléctrica o Código Penal) produce importantes secuelas. Se requiere el previo estudio para determinar cuál es la modificación del entorno, los efectos negativos, las propuestas de solución y sus costos.
El anteproyecto carece de estudio del impacto que imprescindiblemente tendrá en el sistema penal argentino: como la revisión de sentencias, modificaciones de códigos, leyes, implementación de los nuevos institutos y las modificaciones propuestas, recursos humanos y su capacitación, los efectos negativos y los costos del gobierno federal y de las provincias, etc.
Presentar el anteproyecto desconectado de la pluralidad de fenómenos que comprende el sistema penal es una manipulación con visión fragmentaria que nos distrae de los verdaderos problemas para evitar el debate sobre la realidad, sus causas y posibles soluciones.
Argumentos e informaciones
Bajar o subir las penas, crear o suprimir delitos o institutos no es malo o bueno en sí mismo sino en función del sistema penal que se plantea y con relación a los medios y los fines que se proponen como frente al sistema vigente o al contexto social, económico y cultural en el que se enmarca; pero para poder analizar tales circunstancias es imprescindible la corrección de los argumentos, como la precisión de toda la información necesaria para generar un ámbito de profundo y ordenado debate.
La principal responsabilidad de fidelidad y completa información corresponde a la Comisión y al Poder Ejecutivo Nacional que la creó, lo que lamentablemente no ocurrió y con ello legitimó socialmente cualquier manifestación contraria que desnude una manipulación, como ocurrió con la pretendida invisibilidad de la reincidencia.
La manipulación de argumentos, información y comunicación se advierte, por ejemplo, cuando se notifica que "hay 178 delitos en los que las penas suben y 129 en que bajan", pero se oculta que 45 de esos delitos que suben la pena, se debe exclusivamente a que se propone elevar el mínimo de la pena de prisión a 6 meses, con un argumento trivial y contradictorio con el espíritu y la proyectada normativa, cuando ahora tienen penas de 15 días, o 1, 2 ó 3 meses.
Entre ellos hay 14 delitos a los que se agrega la pena alternativa de multa (se impone una u otra), que no es más gravosa. Es decir: mientras se incluye entre la suba de penas, la de 45 delitos menores (que por el instituto del remplazo de la pena de prisión o aplicación directa de la multa no se aplicará la prisión). Simultáneamente se propone bajar los mínimos de los delitos más graves, como por ejemplo el robo con arma de fuego apta o el tráfico o suministro de estupefacientes.
Se evidencia la manipulación de argumentos, información y comunicación, como un Indec de las penas, para simular que el anteproyecto no es menos punitivo que el actual.
Conclusión: debemos ser conscientes del principal problema que hoy tenemos para lograr el necesario debate: la manipulación. Con ella se nos distrae, confunde e imposibilita de entender la problemática penal en toda su complejidad, lo que genera incapacidad de los operadores para tomar decisiones acordes con los problemas y aptas para resolverlos, e inexorable y progresivamente lleva a la ineptitud para gobernar (Legislativo, Ejecutivo y Judicial).
Las opiniones vertidas en este espacio no necesariamente coinciden con la línea editorial de Los Andes.
