Muchas familias mendocinas han perdido sus viviendas únicas de modo irreversible. Han sido víctimas de maniobras tan bien armadas que hasta han logrado, quienes se enriquecen con la desgracia que imponen a otros, vestir de legalidad toda una suerte de mecanismos que conducen al despojo.
Funciona en Mendoza una suerte de logia casi secreta que ha montado un sistema para enriquecerse en dos pasos totalmente efectivos que concluyen en un fin terrible: familias con hijos, jubilados, quedan sin techo y, encima, como moscas en redes de arañas, enredados por los hilos de deudas por honorarios, deudas por aumento desmesurado de intereses, etc.
Los pasos son: primero detectar al propietario que ha tenido alguna dificultad, un atraso de pago con un préstamo inmobiliario, una de las situaciones. Ahí entra en funcionamiento esa estructura usurera, muy similar a la que caracteriza a los fondos buitre. Con la vista gorda de algún banco, alguno de los que no están a favor de la gente, los intereses de las deudas crecen hasta un monto imposible de pagar por las familias afectadas.
Ahí viene el segundo paso, que consiste en la demanda judicial contra los acreedores y el remate del inmueble. A veces, para que el perjudicado no pueda esgrimir ninguna defensa, la notificación de remate es sometida a un escamoteo, que consiste en registrar legalmente (la palabra ahí pierde todo su significado) que el aviso llegó a destino. Las estratagemas son muy evolucionadas. En remate, con características kafkianas, una vivienda de la Sexta Sección tasada en 1.500.000 pesos sale con una base de 50.000 pesos. Y cosa de no creer, es comprada por uno de los 20 o 25 miembros de esa agrupación especulativa por el precio vil con que fue puesta en subasta.
Desde el tradicional lugar en que uno se sitúa, sostenido por las máximas de respeto que nos legaron nuestros mayores, hay cosas que es imposible que ocurran. Por ejemplo, no se concibe que funcionarios judiciales de alto y medio nivel (jueces, secretarios, oficiales de justicia, escribientes) estén involucrados, por un puñado de pesos, en maniobras de este tipo. Al parecer, existe una franja en el Poder Judicial, que no forma parte del mismo, que es la que interviene y procesa todos los elementos seudo judiciales y los transforma en absurdamente auténticos. Repito. Nadie en Mendoza puede pensar que miembros de rango del Poder Judicial estén mezclados en estas severas irregularidades que lindan con el delito. Eso queda claro. El Judicial es un poder por entero probo.
Lo que no se entiende es por qué los encargados de administrar justicia no intervienen de oficio en un tema de apoderamiento de un inmueble. Por ejemplo, al leer estas líneas lo que habría que hacer con todo el peso de la ley es tratar de salvar al humano sobre el que cayó un monstruoso engendro de corrupción. Permitir, por ejemplo, que una deuda razonable (puede ser de más de los 50 mil pesos) sea afrontada de modo digno por el que perdió su vivienda y logre de ese modo recuperarla.
Es hora, entonces, de que la Justicia mendocina le rinda honor, una vez más, a su bien ganada fama de corrección y honestidad.
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