Salvo excepciones, durante gran parte de la última década el Gobierno nacional, primero conducido por Néstor Kirchner y luego por su esposa, fue quien impuso la agenda en lo que a la captación de la opinión pública se refiere.
Para lograr ese objetivo contó con un impresionante aparato propagandístico canalizado a través de los medios oficiales o a la captación de “voluntades”, favorecidas por un discrecional manejo de la publicidad oficial.
Lo sucedido con la discusión por la resolución 125/08, que afectaba a la actividad del campo, marcó la primera gran diferencia. El resultado final -la derrota de la iniciativa gubernamental- generó la inmediata reacción desde el oficialismo, quien decidió avanzar sobre los medios independientes.
Y, como ese avance no les dio los resultados esperados, decidieron ir por la Justicia, borrando con el codo lo que el mismo kirchnerismo había decidido firmar con la mano en los primeros años de gestión.
Últimamente, las noticias no fueron buenas para la gestión de Cristina Fernández. El hecho más evidente se dio con la designación del cardenal Jorge Bergoglio como Papa Francisco. El kirchnerismo reaccionó mal, con enojo. Hubo silbidos hacia la decisión de los cardenales durante un acto que encabezaba la propia Presidenta pero, frente a la reacción favorable de la opinión pública, decidieron cambiar de estrategia.
Conformaron una voluminosa delegación para el acto de asunción de Francisco e intentaron por todos los medios “adueñarse” del nuevo Pontífice. Pero no fueron más que palabras ya que en los hechos desconocieron el llamado del Episcopado para que se discutan las modificaciones a la Justicia y escondieron una carta del Papa en la que pedía que se priorizara el diálogo por sobre el enfrentamiento.
En los últimos quince días el Gobierno ha ido de disgusto en disgusto luego de la clara y contundente denuncia de corrupción que surgió del espacio televisivo Periodismo Para Todos. El golpe fue tan tremendo que no hubo reacción oficial, mientras los programas pseudo periodísticos de los canales oficiales y para-oficiales no lograban modificar a la opinión pública por su absoluta carencia de credibilidad.
La estrategia se centró entonces en farandulizar la denuncia. Intentar desviar la atención de la gente hacia las peleas mediáticas entre participantes de la maniobra de lavado de dinero y sus parejas integrantes de la farándula porteña. Utilizaron para ello espacios de un canal integrante de un multimedio que cuenta con una serie de favores oficiales que parten esencialmente del vuelco de la publicidad del Estado.
Pero la maniobra no dio los resultados esperados. En primer lugar, porque era tan evidente la intención de desviar la atención que todos se dieron cuenta; en segundo término, porque la ratificación y las pruebas aportadas por el periodista denunciante echaron por tierra cualquier intento de respuesta. De allí que a algunos funcionarios ultra oficialistas no les quedó otra salida que intentar minimizar la denuncia.
La marcha del 18 del actual, en la que la gente sumó la corrupción a los reclamos por la inflación, la inseguridad, el autoritarismo y la prepotencia, sumado al altísimo rating alcanzado por el programa de Lanata, no hicieron más que ratificar que la gente ha alcanzado la suficiente madurez como para no aceptar ningún tipo de maniobras distractivas en temas tan sensibles en un país cuya economía se encuentra cada vez más amenazada por los errores o la incapacidad de quienes deben encaminarla.
