La Fiscalía Federal de Río Grande pidió la detención de 26 militares en la causa que desde hace más de una década investiga presuntas torturas de oficiales y suboficiales a conscriptos de las Fuerzas Armadas durante la guerra de Malvinas en 1982.
El fiscal federal de la ciudad de Río Grande, Marcelo Rapoport, con la asistencia de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, requirió la detención y declaración indagatoria de 26 militares respecto de 22 hechos.
Los delitos investigados fueron cometidos en la isla Gran Malvina, "específicamente en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú, donde se desempeñó el Regimiento de Infantería N°5 -dependiente de la III Brigada de Infantería-, al que estaban subordinadas cinco compañías militares", informó el sitio fiscales.gob.ar.
Al fundamentar el pedido de detenciones, Rapoport señaló que autoridades militares en las islas "habrían ordenado y ejecutado contra soldados conscriptos diversos actos de tortura -entre ellos, los conocidos 'estaqueamientos' y 'enterramientos'- como forma de controlar las alegadas indisciplinas que generaban las penurias que padecía la tropa a causa, fundamentalmente, de la falta de abrigo y comida".
La Fiscalía recordó en el escrito la obligación internacional del Estado argentino de investigar esos crímenes y solicitó una serie de medidas de prueba orientadas al esclarecimiento de nuevos hechos incorporados a la causa.
“Se trata de crímenes contra la humanidad y, por esa razón, están alcanzados por una norma del derecho internacional que establece la imprescriptibilidad de este tipo de delitos”, argumentó.
La causa tramitada en Río Grande es la Nº 1777/07 caratulada "Pierre Pedro Valentín y otros sobre delito de acción pública". La causa de originó en 2007 con la presentación de más de 20 testimonios de ex soldados conscriptos reunidos por Pablo Vassel, entonces secretario de Derechos Humanos de Corrientes.
"Los soldados me manifestaron haber sido víctimas de torturas o testigos de torturas a sus camaradas y varios me referían la muerte por hambre de tres soldados correntinos", dijo hoy Vassel.
"Presenté esta investigación en abril de 2007 en el Juzgado Federal de Río Grande, bajo el eje de memoria, verdad y justicia, y también, el eje de soberanía, porque un juez argentino intervenía con competencia sobre territorio argentino en Malvinas, por crímenes cometidos contra soldados argentinos", explicó el letrado.
Así comenzó la investigación que sumó más de 120 testimonios y muchos casos de víctimas de distintos lugares del país que se fueron sumando a la denuncia original.
Información oficial fue aportada como prueba en 2015, a partir de informes desclasificados a través del decreto 503/2015 suscripto por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
