Es el vínculo inamovible y siniestro de siempre: pongan a ineptos en la función pública por amiguismos, favores políticos o parentescos cercanos; hágalo señor gobernante sin ruborizarse ni que le depare insomnio; y luego ante otra muerte inútil de alguna criatura, divida a todas las partes involucradas en átomos que puedan ser invisibilizados y usted, que ejerce el poder absoluto, lávese las manos como Pilatos. Su argumento irrebatible e hipócrita será siempre válido: fueron los otros.
Siempre hay personajes en los mandos intermedios que dan la cara por usted y se inmolan por un sistema perverso.
Ahora es Luciana Milagros Rodríguez, como antes lo fueron Valeria Henríquez, Micaela Reina, Andrea Ábalos, Belén Amitrano, Georgy Godoy. Todos de muy corta edad. ¿Quién vendrá después?
Escribo estas líneas agobiado por la rabia, indignación y vergüenza ajena. Fue premonitoria una nota publicada hace algún tiempo, "El circuitos exculpatorio" que genera en funcionarios de diversos organismos, rasgándose las vestiduras por una víctima de entonces, como es ahora.
También la prédica de muchos años repetida incansablemente, que la violencia intrafamiliar es gravísima y debe ser enfrentada como un problema de salud pública, nunca encubierta por el entramado complejo de varios organismos intervinientes -más de seis- que licuan las responsabilidades.
No se trata de demonizar a sus integrantes en cuanto personas, algunas con vasta experiencia; se trata del inexplicable abroquelamiento grupal para defender lo indefendible.
En esta nueva muerte anunciada, la conferencia de prensa ofrecida por directivos de la OAL, la Dinaf y el GAR fue desesperanzada y patética. No se trata de echar más leña al fuego, no acudo a estos recursos miserables.
Lo hago por lo que fue una vez mi responsabilidad institucional como creador del GAR, la coautoría en la elaboración y promulgación de la Ley 6.551 de Atención y Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil.
Pero también como tributo a mucha gente que ya no está, que trabajó incansablemente la temática con mística, compromiso social, y muchos que siguen actualmente, por su amor a lo público, en tareas de riesgo. También por mi pertenencia a la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), que me compromete aún más.
Hace muchos años que sostengo, desde 1999 hasta la fecha, en notas periodísticas, radiales, televisadas, reuniones con diversos gobiernos, especialmente de Cobos y Jaque, legisladores de ambas cámaras, y también desde mis cátedras de la Universidad del Aconcagua, que deben introducirse con urgencia modificaciones en las políticas de niñez y adolescencia.
Todas estas intervenciones, jamás respondidas, que son imposibles de detallar por su extensión, están a disposición del interesado. Pero también pueden ser corroboradas en los diarios Los Andes, Uno, en la Legislatura, Ministerio de Salud, UDA.
Entre varios puntos, incluidas las modificaciones a la Ley 6.354 para actualizarla adaptándola a la Ley Nacional 26.061, insistía que todos los cargos públicos de políticas de infancia -cualquiera sea su nivel- debían seleccionarse por concursos intachables, tendiendo hacia la excelencia.
En dicha conferencia de prensa se vierten frases como "se privilegió el vínculo materno", "no hay riesgo inminente", "se realizó según las estrategias del protocolo", entre otras. Convengamos que sabemos desde siempre que hay que sostener la relación madre-hijo, pero no frente a una familia de altísimo riesgo.
Con todo profesionalismo, el equipo del Servicio de Protección de Derechos de la Municipalidad de Mendoza había advertido a la AOL que los parámetros de violencia, hambre y hacinamiento desaconsejaban la restitución a la madre por ser una medida prematura e inoportuna.
Norberto Bobbio nos enseña que si los gobiernos no se comprometen no hay niños sino víctimas. Agreguemos que no es un problema filosófico luchar por los derechos de la infancia, sino político, y debe ser asumido con seriedad.
Si vamos a privilegiar los vínculos maternos, hagámoslo con un seguimiento diario, a través de un equipo que priorice en su intervención la calidez en el trato, sabiendo que el cuerpo que acaricia, abraza, llora junto al niño compartiendo su dolor, también cura, como dice Andrea Sloan.
Con relación a "seguir el protocolo", respondemos con la Subcomisión de Ética de la SAP: una ética normatizada no es una ética. Porque, ¿quién lo ha establecido? ¿A través de qué procedimientos se han hecho? ¿Dónde se consignan los parámetros de normalidad de estos organismos? ¿Cuál es la competencia científica de los autores de protocolos?
¿Están previstas visitas cotidianas para saber si el niño está contento, bien alimentado, controlado en su salud y educación, en el hogar asignado? ¿Cuál fue la actuación del Defensor del Niño, Niña y Adolescente de la OAL, que ni siquiera estuvo en la conferencia de prensa, y que por su rol es un protagonista esencial?
Finalmente, en un acto de introspección debiéramos repensar la relación del equipo de salud-paciente, desde la perspectiva no sólo de sus derechos, sino, como nos enseña Francisco Leal Quevedo, "mi acto de preservar su salud será mejor mientras mayor sea mi experiencia de coemocionarme con el prójimo".
Es un debate que nos debemos como sociedad.
