Los funcionarios y legisladores que movilizan la idea de crear un banco estatal vivieron la caída de este organismo a mediados de los '90, pero parece que no recuerdan, ni quisieron averiguar, las causas que generaron la privatización de estas entidades.
Nadie puede no recordar el festival de las tarjetas de crédito. En 1992, el Banco de Mendoza entregó 50 mil plásticos. Muchos fueron a parar a personas que no tenían capacidad de pago y cuando llegaban los resúmenes, no los abonaban.
Esa operatoria generó al banco pérdidas por 43 millones de dólares. Los actuales legisladores podrían ver el Informe de la Comisión Investigadora de los Bancos Oficiales, integrada por ex pares suyos.
Ahí se indica, entre otras cosas, que sólo aplicaron suspensiones a los responsables de autorizar las tarjetas. Así es, no estuvieron ni demorados en la Policía.
Por aquellos años, los entonces legisladores César Biffi y Ernesto Sanz afirmaban que el Banco de Mendoza tenía un déficit mensual que llegaba a los 15 millones de pesos/dólares, se indica en el libro Utopía y realidad.
Testimonio de un gobernador (1995-1999) de Arturo Lafalla, quien privatizó los entes financieros estatales. Ese dinero era mucho porque el presupuesto provincial llegaba a los 1.000 millones por esos años.
Entre el Mendoza y el Previsión reunían 2.800 empleados. En el Mendoza había unos 1.800 y el 40% era personal jerárquico. El Mendoza tenía 6.500 juicios por créditos que no podía cobrar y algunos tenían 15 años de antigüedad, lo que demuestra su ineficiencia.
Por su parte, el Previsión acumulaba entre 1.500 y 2.000 clientes morosos. Los bancos en conjunto dejaron una deuda de 930 millones de dólares: tomando la cotización actual nos da un poco más de 8 mil millones de pesos, un poco más de cinco veces del monto ($ 1.500 millones) que la administración Pérez pedía para obras públicas.
Entre los principales deudores del Mendoza se encontraba Dalvian. La firma tomó un crédito durante los años ‘70, a mediados de los '90 le debía al banco unos 5 millones de dólares que nadie pudo cobrarles y luego arregló a través de un acuerdo escandaloso, que costó el puesto al ex fiscal de Estado, Joaquín de Rosas, por haberlo autorizado.
También es bueno recordar que el Banco Mendoza sostenía a la Bodega Giol cuando estaba en poder del Estado. Las investigadoras María Virginia Mellado y Patricia Olguín, en su trabajo Industria vitivinícola, crisis y fracaso empresario, destacan que “el Banco de Mendoza, sin embargo, como otras entidades públicas, contaba con el respaldo del Estado que le impidieron ir a la quiebra.
Pero las continuas salidas de fondos que comprometían el presupuesto fueron una de las razones que impulsaron al gobernador José Octavio Bordón en 1987 a iniciar el proceso de privatización de Giol”.
Siempre que se pudo no pagar al banco estatal, acomodar un pariente u obtener un crédito con una carpeta “flojita de papeles” se aprovechó la oportunidad. ¿Por qué tenemos que pensar que ahora todo será distinto?
Vamos a un ejemplo: la ex Obras Sanitarias fue concesionada en los '90 a empresarios privados. Luego la reestatizó el ex gobernador Celso Jaque, entre otros motivos, porque los empresarios no realizaron inversiones.
Desde su reestatización, en setiembre de 2010, la tarifa subió alrededor del 140% y ahí anda el actual titular de Aysam, Guillermo Amstutz, buscando plata para las inversiones. Estatizada y con suba de tarifas que los privados no tuvieron, la empresa sigue necesitando plata.
Los legisladores ya han dado prioridad a la creación del banco. Atrás quedó el apuro por la ley de educación, la ley de sueldos, la emergencia en seguridad, la de acceso a la información y otras más.
Es muy probable que si ese banco es creado, con el paso de los años llegue a tener 1.800 empleados como sucedió con el Mendoza y también préstamos otorgados a personas que no tienen capacidad de pago. Insisto, hay motivos para pensar que la historia se repetirá.
