La discusión del Presupuesto 2019 en la provincia comienza a despertar rispideces no solamente entre los diferentes partidos políticos, sino también entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, sobre todo por el control de los recursos y el ingreso de personal para trabajar en el Estado.
Con su política de gobierno austero, el gobernador Alfredo Cornejo se viene enorgulleciendo de que ésta es la única gestión que terminará con una reducción de la planta de empleados estatales desde el retorno de la democracia, en 1983. No obstante, el traslado de esta política hacia los demás poderes del Estado ha generado un malestar en la Justicia.
Son dos los artículos del Presupuesto con los que el Ejecutivo podrá controlar el ingreso de trabajadores en los demás poderes. El primero es el 25, que congela las vacantes de la planta de personal hasta el 31 de diciembre de 2019. E indica que cada Poder, si tiene crédito presupuestario, deberá llamar a concurso para el ingreso, pero tendrá que "fundamentar la decisión -de cubrir dicha vacante- y solicitar autorización al Poder Ejecutivo a fin de proceder a su registración".
En este sentido, si bien los ingresos a la Justicia de personal administrativo son a través de concursos, si se llegase a producir una vacante "ese cargo se congelará" por más que sea por concurso, puntualizaron desde el Gobierno provincial.
De esta manera, el presidente de la Corte, en este caso Jorge Nanclares, "debería pedir una autorización al Gobernador para que descongele la vacante y poder usarla para designar un administrativo por concurso o un funcionario sin concurso". Si no descongela esa vacante, el titular de la Corte "no podrá nombrar a nadie", destacaron.
Lo mismo ocurre con el artículo 34, que remarca que todo nombramiento de personal, permanente, transitorio o cualquier otra modalidad, "deberá contar en la pieza administrativa, con la autorización expresa del Señor Gobernador de la Provincia, previa aprobación del Ministerio de Hacienda y Finanzas".
Desde el comienzo de su gestión, Alfredo Cornejo ha hablado de "bolsones de improductividad" en el Poder Judicial, sobre todo cuando estuvo enfrentado con la Suprema Corte tras el hábeas corpus que se firmó -a días de comenzar su gobierno- respecto a la situación de los detenidos con prisiones preventivas.
Fuentes cercanas al gobernador manifestaron que el "plan" del Ejecutivo es "frenar el ingreso indiscriminado y ordenar el recurso humano. Para eso se congeló la planta y se pusieron los concursos de ingreso y ascenso".
Y apuntaron contra el propio Poder Judicial: "Ellos quieren seguir metiendo gente arbitrariamente porque se les ocurre. Tenemos que ordenar todo el Estado, tanto del Poder Ejecutivo, como el Legislativo y el Judicial", cerraron.
El malestar judicial
Los Andes intentó obtener la palabra de funcionarios del Poder Judicial sobre esta decisión del Ejecutivo, pero evitaron por el momento referirse al tema. No obstante, el lunes Nanclares se quejó en la Legislatura del presupuesto que tendrá que administrar en el 2019 (la Justicia recibirá 4.092 millones de pesos, pero había pedido 4.398 millones) si el proyecto tiene el aval de las dos cámaras legislativas.
"Seguimos la tendencia a la baja en lo que significa la participación razonable de los recursos de la Provincia. Ir a la baja significa tener casi la mitad del presupuesto que hubiéramos tenido si se hubiera respetado un porcentaje", destacó el titular de la Suprema Corte a la salida del anexo de Diputados.
Además, indicó que con más recursos hubieran tenido la posibilidad de "ejecutar mejor los programas que tiene que desarrollar el Poder Judicial, más ahora que nos encontramos con una verdadera revolución institucional donde se han cambiado todos los códigos, se introdujo la oralidad y se ha cambiado el perfil de cómo dictar la Justicia".
Si bien destacó que de igual manera confía en que no se resentirá el servicio de justicia, nanclares sostuvo que le genera "algunas incertidumbres" cómo se implementarán las modificaciones procesales en los fueros de familia y laboral, porque "son ámbitos donde hay mucha litigiosidad y la cantidad de jueces que tenemos probablemente no alcance".
Por eso eso especificó: "Planteamos un interrogante, las proyecciones indican que vamos a necesitar muchos más decisores. Tenemos que hacer un cambio cultural, en el que haya más jueces y menos empleados, para eso la tecnología es muy importante. Por eso reclamé que tuviéramos un presupuesto amplio para poder seguir invirtiendo".
Finalmente, aseguró que se comprometen a disminuir la planta de personal sin echar gente, ya que en el futuro necesitarán menos cargos de personal pero con mejoras en las asignaciones de puestos con más responsabilidad (jueces).
Desde el gremio de empleados judiciales un dirigente con peso en las decisiones -que prefirió no ser citado en esta nota- expresó que el "achicamiento de planta" que prevé el gobierno de Cornejo "es un problema, ya que con las reformas en la Justicia se intenta aumentar el número de unidades jurisdiccionales y también se pide que se esté más cerca de la gente, pero paradójicamente con menos personal".
"Tenemos espacios de déficit de personal. El Estado lo que tiene que hacer es cobrar más retenciones e impuestos a los bienes personales, y más renta financiera, más que bajar la cantidad de estatales", se quejó. Y agregó que la tecnología "también requerirá más personal".
