A fines de esta semana, más probablemente en la otra, se habrán reunido todos los informes de la autopsia, por lo que el juez Gustavo Lleral estará más cerca de establecer las causas de la muerte de Santiago Maldonado. Esa conclusión no marcará el fin del caso.
La familia del joven que fue visto por última vez el 1 de agosto pasado, en una protesta mapuche sobre la ruta 40, en el paraje Cushamen, Chubut, quiere que se investigue el contexto represivo de aquel día y la responsabilidad de Gendarmería.
La familia Maldonado planteó días atrás ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la necesidad de contar con una investigación independiente del Ministerio de Seguridad. Es decir, una investigación fuera de la órbita de Patricia Bullrich. Una posición inadmisible para el Gobierno nacional que no ha dudado en respaldar a la ministra desde que el caso Maldonado creció en trascendencia pública.
El cuerpo de Maldonado no presentaba lesiones, fue el adelanto del juez Gustavo Lleral, hecho el 20 de octubre pasado. Tres días antes, el cadáver había sido encontrado en el río Chubut. Muy cerca de donde Gendarmería, el 1 de agosto pasado, desplegó el operativo contra los manifestantes mapuches, entre los que estaba Maldonado.
Aquel anuncio de Lleral -la ausencia de lesiones- es la única información oficial que se tiene de la autopsia, de la que participan unos 50 peritos, entre ellos, representantes del Cuerpo Médico Forense de la Corte y del Equipo Argentino de Antropología Forense.
Las reservas y celos adoptados sobre el procedimiento, no evitaron que se filtraran algunas conclusiones de un par de informes de la autopsia. El día después de que se cumplieran los tres meses de la desaparición de Maldonado, Clarín publicó que dos análisis revelaban que Maldonado se había ahogado en el río Chubut, y que el cuerpo pudo haber estado más de dos meses en el agua. Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado, dijo a este diario desconocer esos informes por ser reservados. “Quien los filtró pudo haber incurrido en un delito”, denunció.
También trascendió el testimonio del buzo de Prefectura que dio con el cuerpo en el rastrillaje del 17 de octubre, según publicó La Nación. El buzo afirmó que el río tiene pozos profundos, indicando, de alguna manera, la posibilidad de que Maldonado se haya ahogado. Sus ropas pesaban 31 kilos. Y antes que eso, no sabía nadar.
La familia Maldonado quiere que la investigación judicial se enfoque en el operativo de Gendarmería. Califican de ilegal que los gendarmes entraran al predio de la comunidad mapuche cuando la orden judicial se restringía a despejar el corte en la ruta 40.
El argumento oficial sostiene que la fuerza actuó bajo la figura de “flagrancia”: no había necesidad de una orden judicial pues se estaba cometiendo un delito. La apabullante desproporción de fuerzas (más de cien gendarmes armados para ocho manifestantes) es cuestionada por organismos de derechos humanos.
Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos de la Nación, defendió días atrás, la actuación del Gobierno en el caso Maldonado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La familia Maldonado, en tanto, pidió una investigación independiente e imparcial. “El Estado debe decir porqué no es una desaparición forzada seguida de muerte”, insistió la abogada Heredia.
El miércoles pasado, otra multitud marchó a la Plaza de Mayo al cumplirse los tres meses de la desaparición de Maldonado.
“Es para nosotros un día difícil porque todavía no podemos hacer el duelo. Como aún no tenemos las conclusiones de la autopsia, no vamos a decir nada sobre la investigación de un caso que algunos pretenden presentar como cerrado. La Gendarmería debe responder por su accionar”, dijo Sergio Maldonado.
En el gobierno no hay duda en el respaldo a la ministra Bullrich y a la política de “tolerancia cero” que instruye su viceministro Pablo Noceti respecto a la problemática mapuche. El claro triunfo electoral del oficialismo disipó las dudas que pudiera haber.
“Se ha hecho un aprovechamiento político integral de este tema. Nos parece que ahora hay que dejar hablar a la justicia y no permitir más especulaciones partidarias sobre este tema”, dijo Avruj.
