Desde hace una buena cantidad de años el empleo público se ha convertido en meta de vida de una parte cada vez mayor de la población. Jóvenes y no jóvenes aspiran alcanzar ese lugar. Llamativamente más recientemente es en los profesionales el grupo en el que más se advierte este objetivo. Familias enteras hace mucho que viven, y muy bien, del empleo público, cualquiera sea la jurisdicción, nacional, provincial o municipal y en cualquiera de los tres poderes. A veces mejor en organismos descentralizados; en otros, casos en organismos o instituciones donde, en definitiva, los fondos para el pago de los salarios los aporta el Estado, es decir los contribuyentes.
¿Por qué este atractivo que no existía unas cuantas décadas atrás? Quizá son dos: uno que se invoca siempre, de dudosa comprobación, que no hay demanda de trabajo en el sector privado, o que esos trabajos son de “mala calidad”. El otro, una realidad cada vez más incontrastable, en las últimas tres décadas las ventajas del empleo público sobre el privado se fueron haciendo cada vez más ostensibles.
Comenzando por la cantidad de horas de trabajo, o de permanencia real o virtual en los lugares donde se dice que se trabaja, la cantidad de días al mes o al año, siempre muy inferiores a los privados. Obligaciones laxas, no hay jefes, no hay sanciones, las órdenes se cumplen de vez en cuando.
Los salarios fueron creciendo y, en la última década -en promedio y en general- superan cómodamente al sector privado, en muchos casos ostensiblemente, más aún cuando la comparación se hace por horas trabajadas. Sin agotar el tema de las ventajas del empleo público sobre el privado, recordemos ese privilegio incomprensible en la segunda década del siglo XXI: la denominada estabilidad del empleo público, o lo que es lo mismo, se trata de un trabajo de por vida, cuando se ha logrado “entrar en planta”. Proceso para el cual en todos los niveles del Estado existen los más aceitados y eficientes mecanismos de presión.
En definitiva, los empleados públicos, y los sindicatos que los representan, se han constituido en nuestro país en una “casta de intocables”. Y como es muy difícil encontrar una familia en que no haya uno o más empleados públicos, la intocabilidad es social. Nadie “hace olas sobre este tema” y cuando alguien se atreve a insinuar algo referido a disminuir la cantidad de empleados, le espera “la hoguera”.
Esta intangibilidad de los cargos puede comprobarse en nuestra provincia con los “notables aciertos” en el área de Cultura, sin que nadie haya sido despedido y, obviamente, la renuncia es un gesto que corresponde a la prehistoria del sector público, gobierne quien gobernare.
Pues bien, estas consideraciones vienen a cuento para comprender lo ocurrido en las últimas semanas en el departamento de Malargüe y algún tiempo atrás en el de Santa Rosa. En el caso del primer municipio mencionado, el intendente, Jorge Vergara, pidió la renuncia a todos sus funcionarios. Expresó que 2.000 empleados están cobrando sueldos, algunos no trabajan, las acequias están sucias. “Esto lo dice el pueblo y yo soy su representante, tengo que escucharlos”. Lo sorprendente, o no tanto, es que el intendente dice que la Municipalidad está colapsada de empleados. Sebería haber sólo 500 y hay 2.000. Debe agregarse que en cada departamento a los empleados municipales deben agregarse los provinciales (docentes, policías, salud, vialidad, entre otros), en algunos casos empleados nacionales.
El caso de Santa Rosa es muy similar y conocido ya que el desquicio municipal llegó a tal punto que el intendente Sergio Salgado fue destituido y estuvo varios meses encarcelado. La cantidad de empleados municipales era similar a los del departamento sureño.
Un relevamiento de la Universidad Nacional de Cuyo muestra que los tres departamentos con mayor proporción de empleados municipales en relación con la población son Santa Rosa, La Paz y Malargüe. No sorprende entonces que los productores de uva reclamen que no hay gente para cosechar.
Pero, a no engañarse, el fenómeno del empleo público es una enfermedad que ha atacado a todo el país. Entre 2012 y 2016, se crearon 4 empleos públicos por cada uno privado, dice Idesa. “¿Quién le pone el cascabel al gato?”.
