En el barrio se sentían “desprotegidos” y trabajaron para convertir el galpón del ferrocarril en un lugar donde se pudiese contener a los jóvenes a través de talleres recreativos y trabajo con psicólogos. Sin embargo, las cosas no se habrían hecho de forma correcta y los voluntarios fueron denunciados.
Esto sucedió en el barrio Portal del Sol, que está ubicado al este del casco urbano de la ciudad de Malargüe. Allí hay un galpón abandonado del ferrocarril y la intención de los vecinos fue utilizar ese lugar para contener a los jóvenes de la zona.
En una casa contigua se encuentra viviendo un hombre que está solo y con problemas de salud. La idea, en un principio, fue ponerlo en condiciones para que este hombre viviera dignamente pero el morador no permitió el ingreso de los ciudadanos.
Dicho galpón lleva más de veinte años abandonado, luego de que en 1991 comenzara el desguace de la red ferroviaria argentina y sus vías, galpones y maquinarias quedaran inmóviles. A partir de allí el lugar fue llenándose de malezas, perros y palomas, hasta que un hombre mayor, sin tener lugar donde vivir, se instaló en la casa lindante.
Mientras tanto, el barrio que está en sus inmediaciones creció y fue cambiando. El año pasado los vecinos comenzaron a sentirse amenazados por la inseguridad y se organizaron para cambiar la situación.
Pidieron ayuda en el municipio y en el Concejo Deliberante del departamento. Finalmente, después de varios meses de gestión se logró firmar un convenio con los representantes de la Administración Ferroviaria Nacional (ADIF), que posibilita el uso del galpón de locomotoras para el desarrollo de actividades sociales y deportivas.
A fines del mes de enero de este año, allí en el galpón en cuestión, los vecinos festejaron porque este espacio pasaba a ser de la comunidad. Los involucrados hicieron pública su alegría. En el lugar se realizarían actividades deportivas y culturales, pero además tendrían el apoyo de una psicóloga. Si bien el trabajo era difícil el empuje de los vecinos y el trabajo en equipo jugaba como viento a favor.
En lo que respecta al hombre que allí vive, el objetivo era que siguiera conservando su lugar ya que el municipio se había comprometido a mejorar las condiciones de la vivienda, en tanto la unión vecinal prometió sostener un trato cordial y colaborar con él.
No obstante, tras la firma del convenio con la Municipalidad de Malargüe y la Administración Ferroviaria Nacional (ADIF) para que los vecinos del barrio pudieran hacer uso del depósito de locomotoras como centro recreativo, la semana pasada representantes de la unión vecinal reclamaron porque no podían entrar al lugar para poder acondicionarlo. Además, luego de intentar hacerlo, fueron citados por la Policía a causa de una denuncia.
Puntualmente, personal policial citó a declarar a dos vecinos del barrio Portal del Sol, quienes han sido los encargados de impulsar y gestionar el acuerdo para la reutilización del galpón.
Según su relato, intentaron entrar al lugar para comenzar los trabajos de reacondicionamiento y un supuesto allegado a quien vive allí de manera irregular se los impidió y llamó a la Policía. Los uniformados, al llegar al sitio, les solicitaron que se retiraran.
Posteriormente uno de estos vecinos fue contactado por la Policía para que se acercara a declarar a la Comisaría ya que, aparentemente, quien les impidió la entrada también hizo una denuncia.
A raíz del mencionado episodio, los vecinos se dieron cita en el Concejo Deliberante y fueron recibidos por su presidente, Eduardo Coria, y los ediles José Barro, Patricia Cecconato y Juan José Narambuena. Finalmente, después de indagar en el tema, los vecinos recibieron la mala noticia de que el acuerdo firmado no los avala para poder hacer un uso real del lugar.
El presidente del Concejo Deliberante, Eduardo Coria, manifestó que el problema reside en que el acuerdo firmado con los vecinos carece de algunas legalidades que amparan a la unión vecinal y, en consecuencia, no podrán acceder al lugar por el momento.
Asimismo, desde el Concejo pusieron a disposición de la unión vecinal los dos abogados que trabajan allí para brindarles la ayuda legal necesaria de manera gratuita a los vecinos denunciados.
El error del convenio, según los concejales, es que carece de garantías para brindar seguridad a la gente del barrio para acceder al galpón, ya que otros ocupantes, que no son los que figuran en el acuerdo, frecuentan el lugar y no han permitido que los vecinos puedan usarlo.
Por esta razón, explicó Coria, y para evitar conflictos, el fiscal ha tomado una medida para que ni los vecinos ni el municipio se puedan acercar al galpón.
La concejal Gladys Ruiz (UCR) hizo referencia a la ordenanza que establece que el Ejecutivo debía firmar un acuerdo con Gendarmería para custodiar los bienes y la seguridad del ferrocarril, algo que esa fuerza viene realizando desde hace tiempo en Buenos Aires.
“La Municipalidad no se debería haber comprometido con los vecinos, ya que tenía la obligación de sacar a la gente que estaba en el predio y se trata de algo muy complicado y que lleva mucho tiempo, porque los pasos judiciales son lentos”, expresó.
