"Tengo miedo. De camino a la escuela, oí a un hombre decir ?te voy a matar', anotó Malala en el diario que escribía con el seudónimo de Gul Makai para la BBC en idioma urdú. Tenía 11 años y llevaba ya 2 años padeciendo el creciente control de los talibanes sobre el valle del Swat, donde vivía con sus padres y dos hermanos más pequeños. Poco después, los extremistas islámicos cerraron su escuela y la situación se hizo insoportable. Malala y su familia pasaron muchas noches sin dormir a causa de los bombardeos, hasta que el padre decidió dejar su casa y trasladarse a Abbotabad.
La seguridad del valle mejoró tras la entrada del Ejército en el verano de 2009. Los Yousufzai decidieron volver, convencidos de que su hija estaría segura entre sus vecinos de Mingora, la capital de esa pintoresca comarca. Malala, cuya identidad se reveló entonces, pasó de la denuncia al activismo por la educación de las niñas. Ahora trabajaba para crear un fondo que permitiera acudir a la escuela a las hijas de familias sin recursos.
"Nos habían amenazado. Un par de veces llegaron cartas a casa en las que se decía que Malala debería dejar de hacer lo que estaba haciendo o que el resultado sería muy malo", admitió su padre, Ziauddin Yousufzai, en una conversación telefónica con la agencia Reuters. Pero nunca pensó que fueran a hacer nada a una niña. Ziauddin, un maestro que hasta la llegada de los talibanes al valle del Swat dirigía una escuela de niñas en esa comarca, explicó también que habían rechazado la protección de las fuerzas de seguridad porque querían que su hija tuviera una infancia normal, pero también por las restricciones culturales de la zona.
"Es una muchacha joven y la tradición aquí no permite que una mujer tenga a hombres alrededor", declaró. Pero no fue impedimento para que un barbudo con la cara cubierta se acercara el martes a la salida de la escuela y le descerrajara un tiro en la cabeza y otro en el cuello.
El ministro del Interior, Rehman Malik, aseguró que "los responsables han sido identificados". Tomando en cuenta esas declaraciones, no está claro por qué entonces el Gobierno central ha ofrecido una recompensa de 10 millones de rupias (unos 80.000 euros) por cualquier pista que permita su detención.
