Dos jueces federales frenaron ayer los cambios impulsados por el Gobierno en el Consejo de la Magistratura y suspendieron la elección de consejeros. Fue a pedido de los colegios de abogados de Mar del Plata y San Nicolás.
Para hacerlo, los magistrados de esas localidades coincidieron en declarar inconstitucionales varios artículos de la ley de cautelares, que también integró el paquete de reforma judicial. Desde el Gobierno hicieron saber que apelará los fallos para intentar llegar sin sobresaltos a las primarias del 11 de agosto.
El juez federal de Mar del Plata Alfredo López hizo lugar a una acción de inconstitucionalidad solicitada el lunes por el Colegio de Abogados local y ordenó suspender la conformación del nuevo Consejo de la Magistratura y el llamado a elecciones para representantes del estamento de abogados. Como van en la misma boleta, la medida abarca a jueces y académicos.
El magistrado no tuvo en cuenta el dictamen del fiscal Carlos Adrián Martínez, quien consideró que ya se tramitaban acciones similares en otras jurisdicciones. El presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata, Fernando González, declaró estar “satisfecho”.
A diferencia de otros jueces, que habían abierto los procedimientos sin adoptar una cautelar, López suspendió provisoriamente la elección porque entendió que la ley es “incompatible” con el artículo 114 de la Constitución y que “afectaría el equilibrio y representación prevista”. Para frenar los comicios, López también argumentó que la cautelar “resguarda el interés público” y destacó la cercanía con los comicios.
El segundo fallo se produjo en San Nicolás, donde el juez federal Martín Alberto Martínez hizo lugar a una medida cautelar presentada por el presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Ricardo De Felipe. Parafraseando al prestigioso constitucionalista Germán Bidart Campos, el magistrado sostuvo que la reforma del Consejo “rompe el equilibrio exigido por la Constitución” y que la nueva composición “refleja una hegemonía política que contraría el espíritu de la Constitución”.
Según la ley, el cuerpo encargado de acusar y elegir a jueces pasaría de 13 a 19 miembros, y 12 de ellos serían elegidos por voto popular.
Martínez fue más allá y sostuvo que la ley no sólo atenta contra el equilibrio de poderes sino que “también obliga al abogado matriculado -potencial miembro del Consejo- a abandonar el ámbito de su colegiación e incorporarse a un determinado partido político, con lo que también se aprecia que el mentado equilibrio entre lo político y otros estamentos no políticos queda frustrado”.
El presidente de la FACA festejó la noticia: “No será la última, porque es palmaria la inconstitucionalidad de la reforma”.
El fallo será apelado ahora por el Estado, según adelantó ayer el diputado oficialista Carlos Kunkel. Tiene un plazo de cinco días hábiles a partir de la notificación, lo que ocurriría el lunes. Esa causa iría a la Cámara Federal de Rosario. Al mismo tiempo, el magistrado corrió traslado al Estado sobre la cuestión de fondo.
“Recién cuando haya sentencia definitiva del juez se podría interponer el per saltum (para llegar a la Corte)”, explicó ayer el titular de la FACA.
Pero ya hay otras causas en marcha. El juez de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, fue el primero en admitir un amparo.
Y dio siete días al Gobierno para responder. La jueza porteña María Servini de Cubría abrió cinco amparos y siete “declaraciones de certeza”. Corrió traslado al Ejecutivo, que tiene cinco días a partir del jueves pasado y ella podría pronunciarse en la segunda semana de junio.
