Una denuncia cruzada en la que está involucrada una magistrada del Poder Judicial se sustancia en el despacho de la fiscal Claudia Ríos.
Hernán Sosa, productor periodístico y ex propietario de una radio on-line, lleva adelante una presentación judicial de características graves: el hombre ha denunciado al esposo de una magistrada del Poder Judicial por robo doblemente agravado con portación de armas y coacciones agravadas.
En calidad de contradenuncia, el esposo de la empleada judicial (se trata de la defensora oficial Claudia Acevedo) ha culpado ante la Justicia al productor de "usurpación en grado de tentativa"; de hecho, Sosa está imputado por ese delito.
El caso es complejo desde un principio. De acuerdo con las presentaciones realizadas por Hernán Sosa, todo comenzó con un contrato de alquiler de una casa que él llevó a cabo con la defensora oficial Claudia Acevedo hacia fines de 2014.
"Es una casa de calle Zárate al 284 de Ciudad que yo le alquilé sin contrato, pero de palabra, a la señora Acevedo. El canon mensual de entonces era de 5.000 pesos. Pero con el paso de los meses aumentó; a partir de noviembre del año pasado ella me informó que el alquiler se iba a 15 mil y le contesté que eso no le iba a pagar", contó Sosa en su declaración.
Antiguamente, la casa en cuestión había sido alquilada por Acevedo a la Dirección General de Escuelas y allí funcionaba la Sede de Supervisión Regional Norte, pero cuando el contrato expiró, hubo problemas entre la abogada y la DGE; por eso fue que el alquiler con Sosa se llevó a cabo sin el contrato formal correspondiente. Desde la DGE informaron a este diario que el vínculo contractual con la abogada oficial efectivamente existió.
"Desalojado"
Según la denuncia de Sosa, la tarde del 19 de febrero de este año, el esposo de Acevedo, un empresario del transporte llamado Ricardo Griffoulliere, apareció por la casa con al menos tres personas más, "dos de ellas armadas, que se presentaron como del Sindicato de Camioneros" (dice en la denuncia) y echaron a Sosa, quien reconoce que llevaba retraso en los pagos.
"Esa tarde en que me sacaron de la casa llamé al 911 y me fui a la seccional 3 de Ciudad para hacer la denuncia por robo, porque antes de acudir a la comisaría pasé de nuevo por la casa en mi auto y vi cómo me sacaban todos los muebles y los equipos que usaba para mi radio por internet (la emisora se llama Radio Sol Mendoza). En la seccional me trataron mal de entrada y además me dejaron detenido en una celda sin proceso ni nada".
A las 23 de ese mismo 19 de febrero, el marido de Acevedo llegaba a la seccional 3 y acusaba formalmente al productor del delito de usurpación: "Se nos metió en la casa por los techos", declaró ante el ayudante de fiscal Javier Giaroli, quien decidió imputar a Sosa por "usurpación en grado de tentativa" y dejarlo detenido por un lapso de cinco días.
De acuerdo con la denuncia realizada inicialmente en la oficina de la fiscal 1, el caso recaló bajo la órbita de la fiscal Mercedes Moya. Entre tanto, el empresario Griffouliere se plantó en que Sosa no era más que un usurpador, que lo conocía desde hacía unos meses porque lo había contratado para que arreglara los techos de la propiedad de su mujer, la magistrada.
En tanto, el abogado del presunto usurpador, Pablo Cazabán, concretó más tarde la denuncia contra el empresario y contra las al menos tres personas que ingresaron a la casa. Los acusó de robo agravado por el uso de armas, en poblado y en banda. "Sosa fue sacado de esa casa a punta de pistola", escribió el letrado en su presentación.
Dos casos, un expediente
En días, la fiscal de Capital, Mercedes Moya, contaba con dos denuncias cruzadas sobre un mismo episodio: el esposo de la magistrada aseguraba que Sosa era un usurpador que había ingresado por los techos y que para él era casi un perfecto desconocido. Moya mantuvo la imputación sobre Sosa como "usurpador".
Mientras tanto, en la otra denuncia, Sosa dijo que lo sacaron de la casa que le alquilaba informalmente a la magistrada Acevedo con un revólver en la cabeza y que cuando la casa quedó sin él, se la desvalijaron totalmente (en la denuncia se hace referencia a una importante cantidad de equipos para la radio por internet, muebles, ropa, una moto y hasta un trozo de meteorito); "todo suma alrededor de 2 millones de pesos", asegura.
Además, en su declaración indagatoria como imputado, el productor acusó a un ayudante de fiscal de la Oficina Fiscal 1 de pedirle que se hiciera cargo de todo, que reconociera que era un usurpador, para no obligarlo a que lo mandara al penal.
Entretanto, el abogado defensor de Sosa se dedicó a recolectar elementos que probaran que su cliente efectivamente había vivido en esa casa de calle Zárate y que no era un usurpador. De ese modo, vecinos de la zona dijeron que el productor moraba en la vivienda, además el abogado incorporó boletas de Arlink (el proveedor de internet que Sosa había contratado para su radio, que funcionaba en esa casa y cuyas máquinas figuran como robadas), como así también tickets de Movistar y de Claro que llegaban a nombre de Sosa al domicilio aludido.
"Es más, mi cliente tiene grabadas conversaciones con la magistrada Acevedo en su teléfono en las que se nota claramente que mantenían una relación de inquilino-propietario; de hecho, Sosa fue muchas veces a pagar los alquileres al trabajo de Acevedo, en el Poder Judicial", indica Cazabán en su escrito.
Delitos complejos
De todos modos, la fiscal Moya nunca imputó a nadie por el robo y al cabo de unos días le pasó ese expediente caliente a Delitos Complejos; Moya consideraba que el caso era, justamente, "muy complejo". Así, los papeles llegaron a las manos de la fiscal especial Claudia Ríos hace más de dos meses.
Rápidamente, Ríos devolvió el expediente a Moya aduciendo que en esa causa "no había complejidad alguna". De ese modo, el expediente -cual pelota de ping pong- recaló en la fiscalía de Apelaciones de Paula Quiroga, quien le dijo a la fiscal Ríos que el caso le correspondía a ella y que además lo tenía que investigar. Mientras, el tiempo pasaba.
Igual, poco después, la fiscal Ríos decidió mandar al archivo todo el asunto. En esta ocasión explicó su decisión en que lo hacía "con el fin de evitar una sentencia contradictoria". La medida, como era de esperar, fue apelada por el abogado Cazabán y entonces entró en acción la jueza de Garantías Alejandra Alonso, quien le dio la razón al abogado, por lo que le comenzaron a pedir a Ríos que llevara a cabo la imputación contra el marido de la magistrada Acevedo.
Eso podría haber ocurrido la semana pasada pero no ocurrió. Entonces Cazabán le presentó un pronto despacho a Ríos en el que le indica que son demasiadas las dilaciones del caso para no llegar a imputar al marido de la magistrada, como así también a las personas que lo acompañaron aquella tarde de febrero en la que se llevó a cabo el irregular desalojo que sufrió Sosa de la casa de Acevedo.
¿Por qué no habla la abogada?
Este diario intentó comunicarse con la magistrada Acevedo en tres ocasiones: una después de dejarle mensaje en su celular, luego mediante su secretaria y otra en una conversación con ella. La magistrada pidió que se la llamara más tarde pero fue imposible contactarla.
De hecho, a su secretaria se les dejaron dos números de teléfonos (fijo y móvil) para que Acevedo se comunicara con el autor de la nota.
La idea, basada en la lógica periodística, era que la magistrada judicial diera su versión de los hechos. Por eso su palabra no aparece en este artículo.
