El polémico caso de la magistrada mendocina que estuvo dos años sin ir trabajar por una prolongada licencia psiquiátrica sigue sumando capítulos. En enero a la mujer, que es defensora pública, le suspendieron el pago de su sueldo por no haber justificado 64 días de su larga ausencia. Y después, por el mismo motivo, se le pidió un jury de enjuiciamiento.
Ahora, la profesional apeló la decisión que tomó la titular del Ministerio Público de la Defensa, Mariana Silvestri, pidió volver a trabajar y que le paguen sus haberes no cobrados. Será el Tribunal de Gestión Asociada Cuarto del Fuero Civil el que deberá resolver esta apelación.
El caso explotó a fines del año pasado, cuando Silvestri ordenó la suspensión de los haberes a la asesora de Menores e Incapaces de Las Heras, María Fernanda Sarcinella, quien tenía una licencia por síntomas de fatiga e insomnio desde hacía dos años, pero que al parecer no pudo justificar en 64 días. Fue por ese motivo que el Ministerio de la Defensa le suspendió el pago del salario, algo que se había realizado con normalidad hasta diciembre del 2019.
Pero además, Silvestri también solicitó la apertura de un Jury de Enjuiciamiento a la magistrada de 44 años, que hasta ese momento cobraba cerca de $ 200.000 por mes.
En este sentido, Sarcinella (que tiene la reserva de empleo por un año más después de los 2 años de licencia) presentó el 13 de marzo una medida cautelar en la que pidió tanto la restitución a sus funciones de magistrada, como también el pago de haberes no abonados por haber sido "suspendidos arbitrariamente".
Entre los fundamentos, la magistrada indica que con el recorte "abrupto y total del salario" se violó el principio de retribución justa "de manera arbitraria", ya que se aplicó "erróneamente" la ley 5.811 del régimen de licencias, que "no es aplicable a los magistrados, sino a los empleados públicos".
También sostiene que se le rechazó de plano el alta médica, con su correspondiente vuelta escalonada a su trabajo. Además, en el documento se destaca que el médico de Sarcinella "asegura que incorporándose a las funciones normales de su actividad, terminará de recuperarse su afección".
Por otro lado, también argumenta que "la oposición del Estado a que la actora ejerza sus funciones de magistrada, y la falta de pago de haberes, configura una conducta arbitraria e ilegal".
Se agrega que Sarcinella no solamente es sostén de hogar, sino que al no cobrar su salario "el peligro resulta evidente", ya que "no puede comprar comida, pagar servicios básicos, como así también no sostener un nivel adecuado de vida de su hija".
La respuesta oficial
Desde el ministerio Público de la Defensa contestaron esta medida cautelar pediendo que se la rechace, ya que “no existe ningún derecho vulnerado ni peligro, pérdida o frustración de un derecho”.
"No hay suspensión arbitraria de los haberes de la magistrada", argumentan y añaden que la resolución del Ministerio de la Defensa por la que se tomó esa decisión (el 17/12/19) "se encuentra firme", por lo que la acción debería "ser desestimada por extemporánea" ya que debería haberse presentado dentro de los 15 días corridos a partir de la fecha en que se conoció.
Respecto a la ley del régimen de licencias en la que se apoyó Silvestri, la Defensora General insistió que ésta se aplica a los agentes públicos de Mendoza que prestan servicios en los tres poderes del Estado, "siendo una discusión anacrónica el alcance o extensión que debe darse al término 'agente público' sin que haya dudas en la actualidad que los magistrados lo son".
"Este Ministerio jamás le ha negado el derecho a trabajar a Sarcinella. Si hoy no está ejerciendo su cargo, es porque no se le ha otorgado el alta médica por parte de la Junta Médica del empleador", acota, por lo que pide formalmente el rechazo a la medida cautelar.
