La Cámara Civil confirmó la indemnización de 250 mil pesos para un policía que fue acusado de formar parte de una asociación ilícita en el recordado caso conocido como "mafia policial".
Se trata del segundo fallo -firmado por las juezas Silvina Miguel y Marina Isuani- que favorece al uniformado Edgardo Salvador Argüello, luego de que la Fiscalía de Estado apelara la indemnización ordenada por Fernanda Salvini de Mussi del Tercer Juzgado en lo Civil.
Argüello demandó al Estado por daños y perjuicios, por el proceso que lo tuvo como protagonista cuando el 20 de junio de 2000, junto con otros oficiales de la Policía mendocina, fue detenido por orden del por entonces titular del Cuarto Juzgado de Instrucción, Rafael Escot.
Según el nuevo fallo la "detención que injustamente sufrió le produjo al uniformado un daño moral concreto, al punto que fue definida como "una fuente productora de sufrimiento, independientemente de que el curso de la privación de libertad haya tenido lugar, en gran medida, en sede domiciliaria o que la dilación de la misma haya obedecido a los intrincados vaivenes de un procedimiento judicial".
Según el primer fallo la investigación judicial se basaba en "dichos de testigos que referían versiones de terceros"
El daño
Es más, ese daño debe ser dimensionado por el impacto que le produjo, teniendo en cuenta que Argüello era un oficial inspector con 19 años de servicio, destacándose por sus especiales condiciones personales y profesionales, habiendo recibido en el '94, cuando era oficial ayudante, el premio "Jefe de Policía de la Provincia".
"El procesamiento y la detención no fueron los únicos sucesos nocivos en la especie. Por el contrario, junto con todo ello sopesó también la difusión amplificada que los acontecimientos tuvieron por la prensa, bajo un titular que reiteradamente ubicaba al policía involucrado, junto con otros, como integrante de una organización mafiosa", sostiene el fallo.
Según el primer fallo, la investigación judicial no tenía ningún respaldo lógico ni jurídico y se basaba en “dichos de testigos que referían versiones de terceros”, situación que llevó a que la Séptima Cámara del Crimen revocara el auto de procesamiento.
Luego, esta situación quedó reflejada en el juicio oral y público, que extendió durante casi 100 días, en el cual el principal imputado, Felipe Gil Fernández, que había llegado como líder de la banda, terminó absuelto de todos los cargos. La investigación sostenía que esta "mafia policial" supuestamente daba apoyo logístico y armamento a una banda mixta que habría participado en una importante cantidad de ilícitos.
