Poco a poco, el presidente de Venezuela va avanzando para obtener el poder absoluto. Aprovechando la debilidad de la oposición, como consecuencia del desgaste que provocaron las marchas a lo largo de varios meses, Nicolás Maduro intenta "disfrazar" de democrático a un gobierno que no tiene límites en la aplicación de medidas de presión y autoritarismo. Ahora, la Asamblea Constituyente, el máximo organismo de decisión, aprobó una ley por la que restringe la acción de los medios de comunicación y fija sanciones de hasta 20 años de prisión para quien "promueva delitos de odio e intolerancia". La denominada "Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia" había sido solicitada por Maduro para "poner fin" a supuestos mensajes de intolerancia y racismo, que presuntamente esgrimen los adversarios del gobierno.
Al presidente venezolano le pasa que nadie le cree cuando habla. Días pasados aseguró que (el gobierno) había hecho "todo lo posible para consolidar el diálogo con la oposición", cuando la realidad demuestra que continúan las detenciones de los líderes opositores. Mientras, paralelamente, presionó sobre los gobernadores opositores electos en las recientes elecciones. Cuatro de ellos aceptaron jurar subordinados a lo que determine la Asamblea Constituyente, mientras el quinto dirigente, que no quiso jurar en esas condiciones, de inmediato quedó detenido.
No quedan dudas de que el primer mandatario venezolano juega a la tarea de desgaste político de la oposición. Al no poder manejar al Congreso, que contaba con la mayoría opositora, Maduro convocó, con la Constitución en la mano, a una elección para elegir asambleístas para modificarla. La oposición se negó a participar de las elecciones porque esa Asamblea (conformada exclusivamente por hombres pro-chavismo) cuenta con "facultades legislativas", por lo que el Parlamento no tiene razón de ser, como está ocurriendo.
Con posterioridad convocó a elecciones de gobernadores, con la advertencia de que debían respetar lo que determinara la Asamblea. En principio, el comicio estaba convocado para diciembre pero, sorpresivamente, fue anticipado a octubre. En ese marco, mientras existían absolutas coincidencias entre las encuestadoras, en el sentido de que la oposición triunfaría por más del 70% de los votos, terminó ganando el oficialismo en 18 de los 23 Estados. Un fraude colosal. También debe consignarse que desde 2013 hasta ahora, más de 350 políticos y activistas se encuentran detenidos por "crímenes de conciencia", mientras otros han abandonado el país o se han refugiado en embajadas, como Freddy Guevara, uno de los principales líderes de la oposición que estuvo a la vanguardia de las protestas que movilizaron a cientos de miles de venezolanos. Paralelamente, el Ente Regulador de Telecomunicaciones aumentó la presión sobre los canales de televisión privados, para reducir el despliegue informativo sobre la realidad política.
No conforme con ello, ahora la Asamblea Constituyente aprobó la ley "contra el odio y a favor de la convivencia pacífica" que, según la oposición, lo que busca es criminalizar la protesta pacífica, al ser interpretada y ejecutada por organismos gubernamentales. La norma legal contempla sanciones con penas de 10 a 20 años de prisión para "desestimular cualquier práctica de intolerancia" y fija regulaciones específicas para las redes sociales.
Establece, sin dar detalles, que cualquier medio que difunda mensajes "a favor del odio racial, religioso o político", será sancionado con la revocatoria de la concesión.
Así entonces, mientras el Gobierno y sus seguidores siguen enfrascados en estudiar de qué manera pueden permanecer en el poder, el pueblo venezolano sufre las consecuencias de una hiperinflación imposible de detener, la carencia absoluta de elementos de primera necesidad y medicamentos y la presión de un oficialismo que no le permite expresarse en las urnas (por los resultados amañados), ni en las calles.
