Hay situaciones que se plantean con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, que superan todos los límites. Porque a hechos inadmisibles como cuando aseguró que Hugo Chávez se le apareció en forma de pajarito, el actual mandatario va sumando día a día discursos disparatados, que quedan diluidos de inmediato, al ser desmentidos por hechos concretos.
El asesinato de un joven durante una marcha, a manos de un efectivo de las fuerzas de seguridad, constituye el ejemplo más claro y concreto. Durante un acto, el presidente venezolano había asegurado que las fuerzas de seguridad tenían la orden de dispersar las protestas "con agua y gasecito lacrimógeno", pero minutos después un oficial de la Guardia Nacional mató de tres tiros en el pecho a David José Vallenilla, de 22 años, quien se convertiría en la víctima 75 de la represión a lo largo de los últimos meses. Ante la evidencia de lo sucedido, con una filmación que se desplegó por el mundo, Maduro sólo atinó a señalar que había ordenado una investigación para poder "castigar" al supuesto culpable.
Poco a poco, el círculo de protestas se va incrementando. A la falta de artículos esenciales, como alimentos y medicinas, se suma la detención indebida de dirigentes de la oposición, condenados a años de cárcel por reclamar y hasta anunció la convocatoria a una reforma constitucional para intentar calmar los ánimos. Sin embargo, muchos de los apoyos incondicionales los ha ido perdiendo. Maduro sustenta su poder en un acuerdo con las fuerzas armadas, en base a sueldos superlativos; a los "colectivos", que son ciudadanos armados por el Gobierno y a una Justicia del todo parcial que responde directamente a los designios del Ejecutivo.
No obstante, han comenzado a aparecer grietas y muchos de los "leales" ya no lo son tanto. A 40 días de la realización de las elecciones "constituyentes", el presidente removió a la cúpula militar, su principal sostén, ante el malestar que reina en las filas del Ejército. La ofensiva gubernamental incluyó la destitución fulminante de Antonio Benavides, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana y su reemplazo por Sergio Rivero Marcano, sobre quien pesan denuncias de torturas.
Por otra parte, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, que había sido leal al gobierno, volvió a arremeter contra Maduro, al afirmar que en su país no hay un Estado de derecho, sino un "Estado de terror". "Venezuela corre el mayor peligro de su historia, con el peligro de perder sus derechos republicanos", dijo, para agregar que "las instituciones no pueden usarse como amenazas al público". La respuesta oficial no se hizo esperar. Calificó de "traidora" a la funcionaria judicial, a la vez que impuso al Tribunal Supremo de Justicia el antejuicio de mérito.
Las críticas, internas y externas son permanentes, pero Maduro insiste con su política, aunque con un poder cada vez más limado. Las presiones internacionales no han dado resultados, pero ahora surgió una nueva posibilidad y se indica que "un salvoconducto" para que Maduro y su cúpula puedan dejar el poder sin terminar en la cárcel, podría ser la clave para destrabar la crisis. En esa opción estarían trabajando varias cancillerías del continente y el principal protagonista de la operación sería el primer ministro canadiense Justin Trudeau, su labor estaría acompañada por Argentina, Bolivia y Ecuador y cuenta con "aliados" valiosos, como Washington, El Vaticano y Alemania.
No sería la solución más justa, en razón de que los crímenes cometidos y el autoritarismo implementado por Maduro merecen otro tipo de sanción, pero al menos constituye una salida transitoria para el castigado pueblo venezolano.
