El gobierno venezolano defendía ayer su tesis de un intento de golpe de Estado, tras denunciar que el máximo tribunal fue atacado con granadas desde un helicóptero, un extraño caso que genera suspicacias entre opositores y analistas.
La aeronave de la policía científica CICPC fue encontrada ayer en la población de Osma, cerca de Caracas, informó el vicepresidente, Tareck El Aissami, sin reportar capturas.
Al criticar el “silencio” de muchos países frente al supuesto complot, el canciller Samuel Moncada dijo que informará de este “ataque terrorista” a “todas las cancillerías del mundo”.
“Están protegiendo a los autores del hecho con su complicidad e ignorancia fingida”, señaló Moncada en rueda de prensa, cuestionando a Estados Unidos, México y la Unión Europea. Agradeció en cambio la solidaridad de Bolivia, Cuba, Ecuador y Turquía.
El señalado autor es Óscar Pérez, inspector aeronáutico del CICPC, de 36 años, y actor aficionado que protagonizó un thriller en 2015 con el respaldo de la institución.
Tras varios días en que denunció un complot golpista, el mandatario aseguró que el martes desde el helicóptero fueron lanzadas cuatro granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y se hicieron 15 disparos hacia el ministerio de Interior.
No hubo heridos, según Maduro, que dijo haberse enterado del caso en medio de un acto público, transmitido por televisión, en el que sin embargo se mostró tranquilo y continuó bromeando.
Aun así, dijo que activó “toda la Fuerza Armada para defender la tranquilidad” y capturar a los responsables, cuyo paradero se ignora. La nave fue “secuestrada” en una base militar de Caracas. Sin embargo, en la ciudad no se observaba una presencia inusual de militares. “Ese psicópata no lo merece”, justificó el canciller.
Venezuela vive días de tensión por protestas contra Maduro que dejan 77 muertos desde el 1 de abril, según la Fiscalía. El mandatario también enfrenta una ofensiva de la fiscal general, Luisa Ortega, de línea chavista, que este miércoles denunció que en Venezuela hay “terrorismo de Estado”.
El martes circularon videos y fotos en redes sociales que muestran el helicóptero sobrevolando Caracas. A lo lejos se escuchan detonaciones.
También fueron difundidas fotos de la nave con un cartel que decía “350 Libertad”, en referencia a un artículo constitucional invocado por la oposición para desconocer al gobierno. Los comicios son la principal exigencia de las protestas, que ayer continuaron con nuevos bloqueos de vías para forzar a Maduro a deponer su llamado a una Asamblea Constituyente.
Maduro sostiene que el episodio se inscribe en una “escalada golpista” de “factores extremistas” de la oposición.
El TSJ, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Defensoría del Pueblo, acusados por la oposición de servir al gobierno, condenaron el atentado.
Por otra parte, la corte suprema de justicia citó a la fiscal general, Luisa Ortega, a comparecer el 4 de julio a una audiencia que decidirá si es enjuiciada, ante lo que le prohibió salir del país.
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “fija la audiencia oral y pública para el martes 4 de julio” y acordó como medidas cautelares, la prohibición de salida del país y congelación de cuentas y bienes, precisó en un comunicado.
Ratifican la elección de la Asamblea Constituyente
El poder electoral venezolano afirmó ayer que las elecciones de la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro se realizarán como está previsto, a pesar de las “amenazas” de la oposición para impedirlas.
“A pesar de las amenazas, nada nos intimida (...). Este poder electoral garantiza las elecciones del 30 julio”, dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, al condenar un ataque con granadas contra el máximo tribunal, denunciado por el gobierno.
“No van a existir pequeños focos (...) que efectivamente puedan impedir el ejercicio del sufragio”, añadió Lucena en una declaración transmitida por la televisión gubernamental.
Al invocar artículos constitucionales que consagran el derecho a la desobediencia civil, la oposición llamó la semana pasada a desconocer al gobierno de Maduro y su convocatoria a la Constituyente, por considerarla “un fraude” para instaurar “una dictadura”.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) exhortó además a sus seguidores a “organizarse” y evitar “el uso de los centros electorales y comunitarios para una violación de la Constitución”.
En un comunicado leído ayer, el presidente del TSJ, Maikel Moreno, afirmó que la corte está “bajo amenaza terrorista” y convocó a todos los poderes públicos a tomar medidas para “impedir una escalada violenta”, en medio de protestas opositoras que dejan 77 muertos en tres meses, según la fiscalía.
El TSJ y el CNE son acusados por la oposición de servir a Maduro, quien el martes advirtió que si la Constituyente fuese impedida y su gobierno cayera, haría “con las armas” lo que no pudiese lograr “con los votos”.
La UE llamó a poner fin a la violencia
La Unión Europea urgió ayer a poner fin “urgentemente” a la violencia en Venezuela, donde los acontecimientos de las víspera llevaron la situación “un paso más allá”, indicó una vocera de la diplomacia europea.
“Esperamos que todas las partes ponga fin urgentemente a la violencia y eviten el uso de la fuerza”, señaló en un comunicado Catherine Ray, portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).
“En los últimos tres meses, el pueblo venezolano ha experimentado una violencia y una represión cotidianas que ya han causado muchas víctimas”, dijo la vocera comunitaria, para quien, con los acontecimientos del martes, “las tensiones y la violencia parecen haber ido un paso más allá”. Para los 28, la violencia dificulta “el camino hacia solución democrática pacífica”.
La Eurocámara adoptó, en cambio, una posición más dura respecto a las autoridades venezolanas y su presidente Antonio Tajani pidó incluso que se consideren rápidamente “medidas específicas” contra el gobierno de Maduro.
Repudian la "ceguera internacional"
El gobierno de Venezuela criticó ayer a la comunidad internacional por su “ceguera” frente al ataque con granadas desde un helicóptero denunciado por el presidente Nicolás Maduro contra la sede de la corte suprema.
“Eso en cualquier lugar del mundo es un acto de terrorismo (...). Sin embargo, nosotros todavía estamos esperando cuál es la reacción de muchos países que dicen preocuparse por Venezuela (...) y todavía no hemos tenido la primera declaración”, dijo el canciller Samuel Moncada en rueda de prensa.
“¿Cómo llamamos a esta ceguera moral?”, cuestionó el diplomático, que enviará una comunicación informando sobre el hecho a “todas las cancillerías del mundo”. Un comunicado de la presidencia señaló que Oscar Pérez, policía y actor “alzado en armas”, y otros oficiales lanzaron el martes desde la aeronave cuatro granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) e hicieron 15 disparos al ministerio de Interior, en el centro de Caracas, sin reportarse heridos.
