El gobierno venezolano de Nicolás Maduro busca formalizar su salida de la Organización de Estados Americanos (OEA), en medio de una polémica con escasos antecedentes en la política exterior del país en la que el presidente encargado, Juan Guaidó, asegura que no existe tal retiro y que el país caribeño aún permanece en el bloque.
Hace dos años, el 27 de abril de 2017, Maduro anunció el retiro venezolano mediante una misiva en la que acusó al organismo de haberse convertido en “una corporación secuestrada desde su nacimiento por intereses contrarios al espíritu de integración y unión”.
La salida formal de Venezuela debería concretarse tras transcurrir 24 meses, contados desde la fecha en la que consignó la carta de retiro ante el Secretario General, Luis Almagro.
Según el reglamento del organismo, cualquier país que denuncia la Carta de la OEA puede retirarse cuando se cumplen dos años de ese acto, pero sólo si está al día en el pago de sus cuotas.
El 8 de febrero, Guaidó, nombrado en el cargo por la Asamblea Nacional, envió una carta a Almagro en la que expresaba "formalmente la decisión del Estado venezolano" de dejar sin efecto la denuncia de la Carta efectuada por Maduro para que Venezuela permaneciera en el ente panamericano.
Almagro dio el visto bueno a esa solicitud y el 10 de abril aceptó las cartas credenciales del venezolano Gustavo Tarre, que un día antes había recibido el aval de 18 de los 34 miembros activos de la OEA para ejercer como "representante permanente" por designación de la Asamblea Nacional, presidida por Guaidó.
El secretario general de la OEA, una de las voces más críticas contra Maduro, dio la bienvenida del organismo a Tarre y prometió que prestará ayuda al Ejecutivo de Guaidó.
