Los independentistas catalanes salieron nuevamente a las calles este domingo para insistir en su voluntad de abandonar España, pero el Estado les corta una tras otra las vías de organizar el referendo de autodeterminación previsto para el 1 de octubre.
Los refuerzos de la Policía Nacional y la Guardia Civil no paran de llegar a Cataluña, y se buscan todavía las urnas para el escrutinio. Detenciones, registros, multas: el gobierno conservador de Mariano Rajoy emplea todas sus fuerzas para responder al desafío lanzado por los independentistas.
Tras reclamar en vano mayor autonomía a Madrid e intentar acordar este referendo, el gobierno catalán, dominado por los independentistas desde 2016, decidió organizar este escrutinio saltándose la prohibición de la justicia.
El presidente catalán Carles Puigdemont y sus aliados forzaron el reglamento del parlamento regional para aprobar la ley de este referéndum unilateral, lo que agravó la división entre los independentistas y la oposición.
Según el último sondeo del instituto demoscópico regional, publicado en julio, un 49,4% de los catalanes se opone a la independencia y un 41% la desea.
"Nos van a obligar a llegar donde no queremos llegar", amenazó el jefe de gobierno conservador Mariano Rajoy antes de lanzar sus operaciones para paralizar el referendo.
En los últimos días, la Guardia Civil incautó millones de papeletas del voto, las cartas para los ciudadanos designados para trabajar en los colegios electorales y detuvo a 14 altos cargos regionales, puestos después en libertad condicional.
Personas claves en la organización, tanto del gobierno como de la comisión electoral, renunciaron a sus cargos para evitar multas diarias de hasta 12.000 euros, impuestas por el Tribunal Constitucional para obligarlos a obedecer la suspensión del escrutinio.
El sábado, Rajoy pidió a los dirigentes independentistas que reconocieran que no habrá referéndum. Según un sondeo publicado ayer en el diario El País, un 61% de los catalanes encuestados cree que el referendo no tendría garantías suficientes para considerarse válido.
Pero Puigdemont no cede, y en su cuenta de Twitter sigue colgando vínculos de webs donde los ciudadanos pueden encontrar sus colegios electorales, mientras la justicia ordena sistemáticamente el bloqueo de cada una de ellas. Y Rajoy sigue apretando las tuercas.
El fiscal jefe de Cataluña confió el sábado la coordinación de las operaciones policiales al ministerio del Interior, incluidas las de la policía regional catalana, los Mossos d'Esquadra, dependientes del gobierno regional.
Esta medida sin precedente disgustó a los Mossos, celosos de su autonomía. Su jefe señaló que sus agentes seguirían las órdenes del fiscal pero que no compartía la tutela del gobierno español.
“Están apretando el acelerador para intentar que el 1 de octubre no vayamos a votar”, denunció el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, acusando a Rajoy de actuar “como los dictadores”.
