En la Cámara de Diputados, que mantuvo cerrado el recinto durante dos meses y medio, la prórroga de la Emergencia Alimentaria fue aprobada ayer por unanimidad porque nadie perdió: todos ganaron.
El Presupuesto 2019, sancionado el año pasado, estableció alrededor de $ 12 mil millones para programas alimentarios y nutricionales. Después, el Gobierno aumentó esas partidas a $ 20 mil millones. Ahora, el proyecto de ley con media sanción dispone un aumento del 50% sobre esos 20 mil millones de crédito vigente; es decir unos 10 mil millones extra. Pero estos dineros no supondrán gastos nuevos, porque el Ejecutivo ya puede tomarlos de otras partidas presupuestarias que aún no han sido ejecutadas.
La iniciativa, entonces, es un "win-win", porque oficialismo y oposición pudieron sacar provecho político de la discusión y la media sanción.
El Gobierno, porque la ley no implica costo fiscal adicional alguno y, por ende, no incrementa el déficit; y la oposición, porque se anota una victoria parlamentaria y política, por haber instalado en la opinión pública la crítica situación social en la queda el país.
Durante la sesión, que duró tres horas, cuando es normal que en esa cámara duren diez horas o más, la oposición pudo hablar de hambre, pobreza e indigencia en aumento como consecuencia de las políticas de la actual administración, y el oficialismo pudo destacar el trabajo de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley; la ampliación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a monotributistas y otras medidas para paliar la crisis, y así rechazar que sea "un gobierno para ricos".
Cuánta plata es
En concreto, los $ 10 mil millones extra para programas alimentarios y nutricionales que obtuvieron ayer media sanción representan tan solo un 9% del importe que el Gobierno y las provincias destinaron a las medidas sociales post devaluación de agosto ($ 90 mil millones). Entre ellas, el IVA cero para artículos de la canasta básica, los $ 2.000 extra por asalariado por la rebaja temporal del impuesto al trabajo y el congelamiento hasta diciembre de las cuotas de los créditos UVA.
Por eso, por lo bajo los diputados de todas las bancadas, incluida el Frente para la Victoria, admiten que la discusión de la Emergencia Alimentaria no fue económica sino política. Y atribuyeron las movilizaciones callejeras a reclamos más generalizados, relacionados con la crisis económica real.
En decir, además de las motivaciones políticas de las organizaciones sociales, más que por esta herramienta en particular, en la calle protestaron porque la plata no alcanza y porque la inflación y la desocupación complican cada vez más la posibilidad de comer.
Sin los discursos fuertes ni los escándalos de otras sesiones conflictivas, porque así había sido acordado por Agustín Rossi (FpV) y Mario Negri (Cambiemos), bajo la mirada de Emilio Monzó (presidente de la Cámara), el proyecto fue aprobado por 222 votos afirmativos y cero negativos. Se abstuvo de votar la trotskista Mónica Schlotthauer, quien dijo que el dinero acordado no alcanza. "Nadie come con 45 pesos", afirmó.
Qué dice el proyecto
La Emergencia Alimentaria es una herramienta que le permite al Ejecutivo agilizar procesos administrativos (compras por contratación directa y no por licitación) y cambiar el destino de dineros del Presupuesto (reasignación de partidas), en este caso sobre programas alimentarios y nutricionales, que administra el Ministerio de Desarrollo Social.
En caso de que el Senado también apruebe el proyecto, la Emergencia Alimentaria quedará prorrogada por ley hasta diciembre de 2022.
Es decir que si Alberto Fernández resulta elegido presidente, su jefe de Gabinete podrá reasignar estas partidas presupuestarias tal como lo vino haciendo Marcos Peña.
El jefe de Gabinete podrá actualizarlas trimestralmente, tomando como "referencias mínimas" el aumento de la variación porcentual del rubro "alimentos y bebidas no alcohólicas'' del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la canasta básica alimentaria del Indec.
El peronismo venía reclamando la prórroga de esta herramienta, que rige desde 2002 por el decreto 108 dictado por Eduardo Duhalde. El kirchnerismo, en particular, quería que tras la devaluación post PASO Macri resolviera una ampliación de partidas alimentarias por decreto de necesidad y urgencia (DNU).
El Gobierno argumentaba que no había necesidad de dictar un DNU ni de sancionar una ley, porque las partidas alimentarias ya habían sido ampliadas y que para poder continuar ejerciendo esas facultades el Ejecutivo ya disponía de otras herramientas, como la Emergencia Social.
Sin embargo, el oficialismo razonó después que era inconveniente oponerse a este reclamo opositor, justo en plena crisis económica y cuando la estabilización del dólar ya lleva dos semanas. Y que, por el contrario, le resultaba beneficioso en términos políticos para reivindicar la gestión de Stanley y reclamarles a los gobernadores peronistas que también hagan lo suyo.
La grieta piquetera
La ley de Emergencia Alimentaria atravesó el debate político impulsado desde las calles a través de las protestas de los movimientos sociales. Y desnudó la grieta piquetera. Por un lado, está el acampe que desde el miércoles a la tarde mantiene cortada una parte de la 9 de Julio, entre avenida de Mayo y Belgrano. Por el otro, a unas cuadras, se contrapuso la movilización al Congreso, con la expectativa puesta en el debate en la Cámara de Diputados por el proyecto opositor unificado de Emergencia Alimentaria.
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