La reducción del déficit fiscal tiene varias caras y una de ellas es borrar del cuaderno de gastos todo aquello que, para el Gobierno nacional, es improductivo o innecesario, por lo que en los próximos 60 días la gestión de Mauricio Macri rematará propiedades del Estado para recaudar unos 11.000 millones de pesos.
Arrancará este lunes 25, día de huelga general en la Argentina, con ventas de tres terrenos en el exclusivo barrio porteño de Puerto Madero y avanzará con un cronograma que pasará por Córdoba el 2 de agosto y terminará en Capital Federal el 24 de agosto.
A las 15 propiedades ya definidas para remate en esta nueva tanda se le podrían sumar otras a ser vendidas entre setiembre y diciembre. En el Gobierno apuestan a poder rematar, cuanto antes, valiosas tierras en Campo Los Andes, en Tunuyán. Esa operación está trabada desde hace más de un año por amparos judiciales de familias que viven en el lugar.
Los remates estarán a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que en los papeles opera bajo el mando del Ministerio del Interior, que conduce Rogelio Frigerio, aunque desde el 22 de mayo también es monitoreada por el "superministro" de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne.
El Gobierno nacional bajó en mayo su meta de déficit fiscal para 2018 al 2,7% del Producto Bruto Interno desde el 3,2% previsto anteriormente, en busca de calmar la agitación que sacudió a los mercados financieros. Y estas ventas son parte de ese plan de reducción del Estado.
Altas fuentes del Gobierno dijeron que si bien los precios establecidos como base de remate arrojan unos 393 millones de dólares, el objetivo es recaudar lo más que se pueda. El 70% del dinero irá a financiar a los organismos propietarios de cada uno de los inmuebles y el 30% restante irá al Tesoro nacional para financiar el rojo fiscal.
Cuando asumió Cambiemos, la AABE tenía solo 19.600 inmuebles del Estado registrados en el país y el exterior. Ahora ya tiene más de 70.000. De ese listado, son 99 las propiedades disponibles para rematar, de las cuales ya vendieron 39, otras 15 ya tienen fecha de venta y aún resta definir la subasta de otras 45.
Funcionarios de la AABE señalaron a Los Andes que los inmuebles que se venden están "subutilizados" y destacaron: "¿qué sentido tiene para el Estado Nacional administrar inmuebles que hoy no tienen aprovechamiento?".
Los funcionarios que asesoran a Ramón Lanús, titular de la AABE, afirman que con estas ventas se "dinamiza la economía, atraen inversiones y generan fuentes de trabajo".
"En muchos casos, principalmente cuando los inmuebles están en el casco urbano de las ciudades, las ventas terminan siendo una posibilidad de acceso a la vivienda propia para muchas familias", dijeron desde la AABE.
Ventas en Mendoza
Tal como adelantó Los Andes en enero pasado y si bien aún no hay fechas establecidas, en la ciudad de Mendoza se venderán dos lotes del Ferrocarril San Martín, ubicados entre las avenidas y calles Suipacha, Perú, General Las Heras, Francisco Moyano, Joaquín V. González y Tiburcio Benegas. También hay un terreno en Necochea 230.
Además, el Gobierno nacional rematará un predio en la ciudad de Godoy Cruz, sobre la calle Güemes s/n.
También están las valiosas tierras en Campo Los Andes, en Tunuyán, cuya venta está frenada por la Justicia ante acciones de amparo presentadas por familias que viven en el lugar pero no que legalmente no son dueñas.
Esta propiedad tiene una superficie de 7.216 hectáreas premium ubicadas en una de las zonas más codiciadas del Valle de Uco, conocida como "La Remonta". Esas tierras pertenecen al Ejército Argentino y son pretendidas por viñateros.
La venta, ordenada por el Decreto 255/17 de Macri, fue frenada por la Justicia Federal mendocina hasta que se resuelva el amparo presentado por 20 vecinos de la zona que se oponen a entregar a manos privadas los terrenos ubicados en una zona única para la explotación vitivinícola y hortícola que, en parte, cuenta con riego.
Desde la AABE precisaron que "hay nueve contratos de arrendatarios que están vencidos y a la vez hay gente que está viviendo en el lugar", por lo que es una situación compleja sobre la que debe decidir la Justicia.
No obstante, en la Casa Rosada esperan que la Justicia resuelva antes de fin de año el conflicto para que el Estado pueda tomar el control total de esas tierras y así avanzar con el remate entre productores de la provincia.
