Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes
Los anuncios del Presidente respecto de subir el mínimo no imponible de Ganancias respondían a una promesa de campaña y eran un acto de justicia porque dicho monto estaba desactualizado. Resta una ley que modifique las escalas para que la reforma sea integral.
Por otra parte, se anunció el aumento de la Asignación Universal por Hijo y se las extendió a los monotributistas y restituyó las asignaciones familiares para muchas categorías de trabajadores que habían quedado excluidos en la gestión del kirchnerismo.
En general, el gobierno se ha mostrado solícito para aumentar rubros atrasados y actualizar montos deducibles que implican bajas en la recaudación, y todavía le quedan más reclamos que deberá solucionar con urgencia. Entre ellos actualizar el mínimo no imponible de Bienes Personales, así como actualizar las categorías de monotributistas y autónomos.
La única decisión tendiente a bajar gastos fue el anuncio de los aumentos del precio de la luz y la eliminación parcial de los subsidios, pero soluciona solo una parte del problema y queda mucho por resolver. El problema es que quieren medir el impacto en la sociedad y tienen mucho miedo que desde algunos sectores se promueva la protesta social. Por esa razón se demoran las definiciones sobre el gas y el transporte.
Los que están cerca del equipo de gobierno y analizan con cierta frialdad el proceso de toma de decisiones afirman que preferían decisiones que impliquen mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores antes de las paritarias para luego seguir con el proceso que requiere adecuaciones a los gritos.
En el medio, la inflación
Mientras Macri hace estos anuncios, a los que miran casi con desesperación el desequilibrio de las cuentas públicas se les ponen los pelos de punta. Muchos especialistas, desde distintos sectores, han alertado acerca del riesgo de un excesivo gradualismo del Presidente y que la postergación de las decisiones le hará soportar grandes quejas cuando definitivamente deba hacerlo.
Es que mientras desde muchos sectores están alertando acerca de los riesgos de que la persistente inflación impida la reactivación de la economía y la recuperación de la inversión y del empleo.
Estos sectores no se oponen a que el gobierno tome las decisiones que mejoren los ingresos pero les preocupa que todo ello signifique menores ingresos para el Estado y, en algunos casos, mayores erogaciones, lo que configura un escenario de mucho riesgo.
Por ahora, las medidas para frenar la inflación se han centrado en acordar con los supermercados algo que ni ellos pueden garantizar, que es moderar los precios porque desde el sector productivo muchos proveedores han aumentado sus precios argumentando incrementos de costos.
Por otra parte, se han tomado medidas de tipo monetario, como es subir las tasas de interés, lo que genera imposibilidad de tener créditos accesibles, mientras facilita generosos negocios de intermediación para los bancos. Desde que asumió el gobierno, el Banco Central ha absorbido del mercado unos 420.000 millones de pesos, algo cercano al 80% de la base monetaria, pero generando un endeudamiento de unos 120.000 millones anuales.
El problema es que hay mucho dinero en el mercado y no hay suficiente demanda de pesos porque el sistema productivo no muestra, hasta ahora, signos de reactivación, pero en el medio, hay acciones especulativas entre distintos integrantes de las cadenas productivas que solo minan el poder adquisitivo de los consumidores y hacen caer las ventas de manera irresponsable.
Provincias apuran a la Nación
Otro dato preocupante es la forma en que las provincias, especialmente las gobernadas por el justicialismo, han comenzado a presionar a la Nación para la devolución del 15% de la masa de coparticipación y lo están haciendo como una forma de condicionar la aprobación de leyes que el gobierno necesita para salir del actual enredo.
Resulta llamativo que Sergio Massa aparezca apoyando esta medida cuando él sabe que el destino de esos fondos es para financiar la Anses, que no puede pagar sus prestaciones con los recursos propios provenientes de aportes y contribuciones patronales.
Es real que hay que devolver esos recursos, pero no se puede pedir que sea ahora, cuando todos saben el problema que arrastra la Nación. Nadie quiere tener que pagar los costos de un ajuste del Estado para reactivar la economía y creen que sacarle eso a la Nación de golpe no tendría ninguna consecuencia.
Es en estos momentos en los que uno asiste azorado a las muestras de irresponsabilidad de la dirigencia política. Tampoco es razonable plantear horizontes de aumentos salariales demasiado alejados de la realidad ya que afectando la masa salarial solo conseguirán mayor conflictividad, y ese clima no es deseable.
Esperemos que reine la sensatez y que no se pierda de vista cuáles son los problemas y, si hay un enemigo, no confundirse y generar batallas innecesarias.
