Por Carlos Sacchetto - Corresponsalía Buenos Aires
En la esencia del fallo que produjo el jueves la Corte Suprema de Justicia sobre los aumentos en las tarifas del gas dispuestos por el Gobierno, los jueces ratificaron que la Constitución ordena audiencias públicas previas a los incrementos y que estos no deben ser confiscatorios.
Que el Máximo Tribunal diga que las leyes deben cumplirse, no debería resultar una sorpresa para nadie. Pero, lejos de eso, el pronunciamiento de los supremos desencadenó una secuela de efectos económicos, judiciales y políticos de gran repercusión.
Para anotar referencias a dos de esos aspectos, la Casa Rosada se encargó de señalar que la anulación de los aumentos dispuesta por la Corte tendrá un costo fiscal de unos 20 mil millones de pesos. También que al referirse la sentencia solamente a los consumos domiciliarios, se vendrá una serie de amparos presentados por pequeñas y medianas empresas que prolongará en la Justicia el conflicto tarifario.
Los efectos políticos, en cambio, son más ruidosos y configuran un escenario donde las críticas al Gobierno no son sólo patrimonio de la oposición. Dentro del oficialismo y hasta en el gabinete de Mauricio Macri hay quienes cuestionan con severidad la manera en que se manejaron las tarifas y consideran que el desgaste político del Presidente podría haber sido evitado. “Se pueden cometer errores como los que cometimos, pero es imperdonable no haber previsto escenarios negativos como los que ahora enfrentamos”, se lamenta un ministro.
Algunos de los hombres que vienen murmurando sus quejas internas, por la falta de evaluación política en las decisiones, son el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el de Hacienda, Alfonso Prat Gay, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. No son los únicos, pero son los más cercanos al Presidente. Esas quejas también se oyen en los aliados de Cambiemos, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica de Elisa Carrió.
Mala data
Macri y los técnicos de su gobierno no esperaban que el fallo de la Corte saliera de ese modo. Resulta hasta insólito que el Presidente no tuviera una información correcta, al menos de las grandes líneas de la sentencia.
Esta columna no es partidaria de las auto referencias, pero hace exactamente dos semanas titulábamos aquí que “Se viene un disgusto que Macri no espera” y anticipábamos que el tribunal pondría énfasis en la obligatoriedad de las audiencias públicas y en el concepto de que los aumentos no debían ser confiscatorios para los usuarios.
Agregábamos: “Si el Gobierno espera que la Corte avale los aumentos del gas, podría equivocarse”. Si algunos periodistas teníamos buena información, no se entiende por qué el Presidente creía que todo sería diferente, a menos que alguien importante le haya dado datos equivocados. Dentro del Gobierno hay quienes miran con mucha desconfianza al mismísimo presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y fundamentan sus razones para pensar así.
“Lorenzetti hizo su juego político. Le dijo a Macri antes del fallo que eran sus colegas los que estaban duros contra la posición del Gobierno, pero que él quería darle una mano”, asegura una fuente seria de la Casa Rosada. De ser así, ¿cómo justificaría ahora su voto el presidente de la Corte? “Diciendo que había en el tribunal un compromiso de unanimidad que él no podía romper”, afirma la fuente.
Sea de una u otra forma, Lorenzetti recuperó poder, justo cuando desde mañana la Corte completará su integración al incorporarse Carlos Ronsenkrantz. En Tribunales están convencidos de que apenas Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Rosenkrantz establezcan algo parecido a una alianza de coincidencias internas, las opiniones de Lorenzetti y su juego político irán perdiendo gravitación.
Todos pegan
Radicales que acompañan casi sin objeciones públicas al Gobierno se esperanzan con que la realidad que debe enfrentar la gestión macrista produzca un clic en el círculo presidencial y se entienda de una buena vez que la política no es mala palabra. “Hay que buscar las soluciones antes de que los problemas lleguen a la Justicia”, razonan, y ya están proponiendo la elaboración de escenarios para antes y después de las audiencias públicas. En algo aciertan: el conflicto de las tarifas no puede seguir desgastando al Gobierno.
Ese deterioro político del oficialismo, como consecuencia de sus propios errores, es una música que suena de maravillas en los oídos de la oposición. En el caso del kirchnerismo liderado por la ex presidenta Cristina Fernández, que como ya dijimos está en guerra política y judicial, cada traspié de Macri es disfrutado bajo la consigna “cuanto peor, mejor”.
Ése es el punto extremo de una posición que defiende algunos logros de los doce años anteriores, pero que no puede justificar la vergüenza de la corrupción. El resentimiento por la derrota electoral y la caída del relato que dibujó una realidad inexistente son límites insuperables para ellos.
Pero también está el caso del Frente Renovador, con Sergio Massa a la cabeza y sus aspiraciones de poder. Resultan comprensibles sus disidencias porque son la esencia de la política. Pero en el tema de las tarifas se advierte una sobreactuación mediática que asimila a ese sector con el oportunismo y la demagogia.
Si la intención de Massa es incluir cada vez más al peronismo no kirchnerista, ya se le presentarían dificultades porque los gobernadores de ese signo están cerrando filas junto al Gobierno.
Eso también es política. Los mueve la necesidad de recursos para sus gestiones y la conveniencia de consolidar su poder territorial.
