“El centro de la reforma (procesal penal) es pasar del modelo actual, donde los jueces son los que investigan y deciden, a uno más rápido y oral en el que los fiscales tengan más protagonismo”.
El Presidente Mauricio Macri realizó un adelanto en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso de las próximas reformas de los códigos Penal y Procesal Penal. Todo indica que las reformas podrían discutirse y hasta ser aprobadas este año por el Congreso, aunque su instrumentación demandaría más tiempo.
El cambio en el sistema acusatorio ya había tenido el visto bueno durante el último gobierno kirchnerista, pero Cambiemos postergó su implementación -mediante un decreto- por el recelo que tenía hacia la ex jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, quien renunció a al cargo de Procuradora General en octubre pasado.
A principios de febrero pasado, el ministro de Justicia, Germán Garavano y el senador peronista, Rodolfo Urtubey, anunciaron el arribo de consensos sobre el proyecto que fue presentado en el Senado en 2016.
Para la reforma trabaja una comisión bicameral.
“La instrumentación del nuevo Código Procesal Penal Federal supone un profundo cambio en el sistema judicial, que implica un antes y un después en la forma de tramitar una causa penal”, ha dicho el ministro Garavano.
No habría inconvenientes con la reforma al código procesal penal federal
El gobierno entiende que no habrá mayores inconvenientes para que la reforma del Código Procesal Penal Federal obtenga el visto bueno de ambas cámaras del Congreso, aun cuando el oficialista Cambiemos no tenga la mayoría parlamentaria. El ok dado por Urtubey implica alinear a gran parte de los peronismos provinciales en apoyo a la reforma, por lo que Cambiemos sostiene que avanzará aún si el kirchnerismo no da su apoyo.
De todos modos, la reforma al Código Procesal Penal anunciada por el Presidente no implicará una rápida instrumentación y así lo admiten desde el ministerio de Garavano: se debe avanzar con la capacitación del personal, fiscales y jueces, y hasta con la modernización de algunos aspectos técnicos de la Justicia.
Así es como se espera que la instrumentación tomará "de cinco a siete años". Además, el nuevo sistema acusatorio se aplicará progresivamente. Primero en las jurisdicciones del norte del país, luego el sur y finalmente el centro. "Estamos planificando una implementación que llegue en la última etapa a las provincias con estructuras más complejas y mayor cantidad de casos", dijo el ministro Garavano.
Con el nuevo sistema acusatorio, dicen sus promotores, los fiscales asumen un rol preponderante en el que conducen y dirigen las investigaciones. También plantea un sistema de administración de justicia que, mediante la gestión electrónica, la incorporación de tecnología y la toma de decisiones en audiencias orales y públicas, lograría procesos más rápidos, sencillos y transparentes, e investigaciones eficaces “poniendo a la víctima en el centro del proceso”.
También se habla de imponer restricciones para el acceso al beneficio de la excarcelación. Además, se propone otorgar a los fiscales mayores facultades para pedir la prisión preventiva de los procesados en los delitos que demandan penas graves.
Para abril se plantea el inicio de la discusión de la reforma del Código Penal, al que el Presidente Macri calificó de “código viejo, desordenado y emparchado mil veces”.
El Presidente dijo no creer "en la mano dura" pero tampoco en el "abolicionismo".
Para su reforma, desde el año pasado, con la coordinación del Ministerio de Justicia, viene reuniéndose una comisión de expertos. “Esperamos que nos propongan un código nuevo en pocos meses”, dijo Macri ante la Asamblea Legislativa.
Es muy probable que el texto se ajuste a los tiempos políticos requeridos por el gobierno de Cambiemos. Macri adelantó que se espera un código que “por primera vez introduzca penas fuertes” para automovilistas que se conduzcan “alcoholizados, bajo efecto de drogas o superando ampliamente las velocidades permitidas”.
El Presidente dijo no creer "en la mano dura" pero tampoco en el "abolicionismo". Y agregó: "Creemos que en estos años de democracia existe una tensión entre democracia y seguridad. Pensamos en un sistema que ponga en el centro a las víctimas del delito, que respete a las fuerzas de seguridad y ofrezca penas proporcionales a los delitos cometidos".
Sobre la misma temática, el Presidente instó al Congreso a avanzar con leyes como el decomiso de bienes provenientes del crimen organizado.
Según trascendió, el proyecto de reforma del Código Penal, entre otros cambios, incorpora el delito del acoso sexual. También penalizará ciberdelitos y la pornografía infantil.
Se elevarán las penas para delitos de cohecho y tráfico de influencias, relacionados a la corrupción estatal. También se plantea un endurecimiento en las penas del delito de narcotráfico, como la prisión perpetua para los jefes u organizadores de una banda.
