Carlos Sachetto - Corresponsalía Buenos Aires
Desde el 22 de noviembre pasado cuando el balotaje electoral lo convirtió en Presidente hasta después de hacerse cargo del Gobierno, la frase más escuchada por Mauricio Macri además de las consabidas felicitaciones fue: “Lo que no hagas en los primeros tres meses va a ser difícil que lo puedas hacer después”.
Es un clásico de la política argentina, fundado en la complejidad que deben afrontar las nuevas administraciones que no se suceden a sí mismas, y en especial aquellas que no provienen del peronismo.
En línea con el consejo y convencido de su utilidad, Macri arremetió desde el primer día con decretos de necesidad y urgencia sobre distintas cuestiones conflictivas, aprovechando la conmoción que causó la derrota en el kirchnerismo. En lo que no reparó el Presidente es en que además de hacer rápido hay que hacerlo bien, porque de lo contrario los costos políticos que se pagan pueden ser muy altos.
El Gobierno tuvo que reconocer en estos 70 días de gestión que cometió errores de apresuramiento y aunque dio marcha atrás y los enmendó -por caso el nombramiento en comisión de dos nuevos miembros en la Corte Suprema-, esos fallidos cuestan caro porque alteran las condiciones de negociación con la oposición. En el caso del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, con el polémico desplazamiento de la especialista Graciela Bevacqua después de haberla convocado como garantía de eficiencia, el precio se paga en términos de credibilidad.
Precisamente el Indec, uno de los focos más oscuros del kirchnerismo que convirtió en relativas todas las estadísticas públicas, debía ser un faro confiable para la nueva etapa del Estado. Ahora surgirán dudas por la impaciencia oficial de acelerar los tiempos al compás de las presiones. Lo mismo ocurre con otros temas cuyas consecuencias se podrían haber atenuado si las cosas se hacían de otra manera, entre ellos la discutible eliminación de las retenciones a la minería.
Todo llega
En la semana que pasó la inflación siguió elevando las tensiones intersectoriales, al tiempo que los gremios preparan la ropa de combate para las negociaciones paritarias. Pero también en el Gobierno comenzaron a observarse discrepancias entre algunos miembros del equipo económico.
Esas discusiones que cruzan al ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay con otros funcionarios como Carlos Melconián y Rogelio Frigerio, tuvieron un pacífico freno el martes cuando el Presidente tuvo que insistir en la necesidad de consensuar las mejores soluciones.
De allí salió la decisión de apurar el anuncio sobre la esperada suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, aunque 24 horas después el propio Macri anunciara que las viejas escalas con que se aplica el tributo recién serán modificadas por ley el año próximo. Lo que prometía ser entonces una medida con fuerte repercusión en los sectores laborales, se quedó a mitad de camino.
De todos modos, fuentes de los interbloques legislativos de Cambiemos sostienen que resultará casi imposible que cualquier proyecto de Ganancias salga aprobado del Congreso sin la modificación de las escalas, y que eso ocurrirá en el transcurso de este año.
En el Gobierno admiten a media lengua que la cuestión de las escalas puede ser una prenda de negociación para distender la inevitable conflictividad que se planteará con las discusiones paritarias. Hugo Moyano y otros líderes sindicales advierten la estrategia y ese es el motivo por el cual responden que hay que esperar el desarrollo de los acontecimientos y piden paciencia a los trabajadores. Ellos saben que a menos de tres meses de haber asumido, los nuevos funcionarios no pueden sacar de la galera todas las soluciones que no llegaron en más de una década.
Ayer nomás
El de la herencia recibida es otro motivo de debate interno en el Gobierno. Los aliados radicales y buena parte de los funcionarios del Pro están reclamando que el Presidente exponga de manera pública las condiciones en que se recibió la administración. Otros ocupantes de la Casa Rosada prefieren no abundar al respecto porque sostienen que la sociedad quiere que se mire y se avance hacia adelante y no se insista con el pasado kirchnerista.
Detrás de esas posturas hay comprensibles razones políticas. Unos no quieren exculpar al anterior gobierno y que pasen al olvido las tropelías cometidas contra el Estado, y otros temen que de ese modo se exacerben los enfrentamientos con el sector más duro de oposición y no se puedan lograr acuerdos básicos de gobernabilidad. El jefe de Gabinete Marcos Peña habría zanjado la cuestión prometiendo que en el discurso del Presidente ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo habrá una breve pero contundente alusión a la herencia recibida.
Macri no dejaría de mencionar que el reclamo del 15% de coparticipación federal de impuestos que hacen ahora todas las provincias que a diferencia de Santa Fe, Córdoba y San Luis no recurrieron a la Justicia, nunca le fue planteado al gobierno de Cristina Fernández. “Soportaron en silencio el maltrato de la Nación a las provincias por 12 años y ahora quieren, en cortísimo plazo, desfinanciar al Estado”, razonan desde el área económica.
El toma y daca entre Gobierno y oposición indica el retorno del Congreso a una fuerte participación política, donde los acuerdos deben tejerse con agujas de cristal. En el oficialismo confían en que los efectos de la ruptura producida entre peronistas y kirchneristas todavía no se han agotado, y que se podrá avanzar a pesar de los errores propios.
