Carlos Sacchetto - Corresponsalía Buenos Aires
El gobierno de Mauricio Macri completó los primeros seis meses de gestión con lo que en términos políticos es quizás uno de sus logros más resonantes. Aunque debió negociar y aceptar más de 30 modificaciones al texto original, la ley ómnibus que regulariza las deudas del Estado con los jubilados, dispone un amplio blanqueo de capitales y, entre otros puntos, compensa desequilibrios con las provincias y equivale a una enorme como imprescindible dosis de oxígeno que le permite encarar el segundo semestre con una posición más consolidada.
Esa ley se votará en Diputados el próximo miércoles con un consenso amplio, que sólo dejará afuera a algunas expresiones de la izquierda y el kirchnerismo más cerrado. La habilidad política del oficialismo estuvo en la decisión de armar un paquete con varias cuestiones polémicas, bajo la consigna principal de hacer justicia con el reclamo de los jubilados.
¿Quién podría oponerse a esa reivindicación histórica sin pagar elevados costos políticos? Sólo aquellos decididos a impedir cualquier avance del Gobierno que satisfaga las expectativas sociales.
En esa línea, no sorprendió que, exhibiendo un notable cinismo, la ex presidenta Cristina Fernández saliera a criticar el proyecto como “un auténtico bodrio legislativo” que destruirá el sistema previsional.
Los jubilados que aun con un fallo de la Corte Suprema clamaron durante los años de su gobierno para que se les pagara lo adeudado, no se deben haber acordado bien de ella. Ni siquiera lo hicieron algunos diputados del propio bloque kirchnerista que, en forma reservada, admiten que es absurdo oponerse y hasta es probable que desoigan a su jefa política y apoyen la ley en general.
También se refirió Cristina a las “presiones de todo tipo” que estarían recibiendo sus legisladores para que voten a favor. “Lo dice justo ella, que nunca presionó a nadie”, respondieron con ironía en el oficialismo.
Una ilusión
Ese éxito legislativo que deberá coronarse en el Senado, si no sucede nada extraño, no parece suficiente para moderar el exceso de expectativas que el macrismo construyó con sus mensajes a la sociedad. La idea de que en el segundo semestre caería de manera drástica la inflación, crecería el empleo y todos comenzarían a vivir mejor, debió enmarcarse como una expresión de deseos y no como si fuera una promesa a plazo fijo del Gobierno.
Si bien la gestión avanza con medidas concretas en distintas áreas, la recuperación es lenta y hay amplias franjas sociales en las que el bienestar se demora.
Esa situación se refleja en la caída de imagen del Presidente en las encuestas, aunque todavía para los especialistas conserva niveles elevados. Los funcionarios apelan al consuelo que les produce leer en esos mismos sondeos que, con optimismo, la gente opina que en el futuro va a estar mejor.
Eso a pesar del ruido que provocan las marchas y contramarchas con las que el Gobierno improvisa día a día para salvar sus propios errores. La judicialización de los ajustes tarifarios en la provisión de gas, con situaciones inequitativas en distintas zonas del país, es un ejemplo de esa falta de coordinación oficial.
Las quejas por ese amateurismo del Gobierno llegan también desde el interior de Cambiemos. En el radicalismo aclaran siempre que ellos no forman una coalición que gobierna, porque no participan de la toma de decisiones del Ejecutivo. “Nosotros salvamos la ropa en el Congreso trabajando los acuerdos que permiten la aprobación de las leyes, pero no gobernamos”, insisten.
Cuando se les pregunta por el rol que ejerce Ernesto Sanz en sus diálogos con Macri, responden que “es hombre de consulta del Presidente, pero no en representación orgánica de la UCR”. Las críticas de Elisa Carrió a sus propios aliados completa el cuadro de situación interna de Cambiemos.
Los arreglos
En la Casa Rosada apuntan a que en julio se advertirá un clima social diferente al actual. Sostienen que la conflictividad sindical va a disminuir como consecuencia del cierre de las negociaciones paritarias, con ajustes de salarios que compensarán la caída del poder adquisitivo. Además, con el medio aguinaldo los sectores medios y bajos tendrán mayor capacidad de consumo y eso generará una mayor actividad. Pero los economistas advierten que el comienzo de una reactivación podría demorar la desaceleración inflacionaria.
Detrás de este panorama, se agita el peligroso fantasma del gasto público. El Gobierno en sus inicios se había propuesto bajarlo para equilibrar cuanto antes sus cuentas, pero al día de hoy se ha incrementado. Eso es consecuencia de que en su mayoría no han sido eliminados los subsidios y se han incrementado los beneficios sociales a sectores carenciados para no hacer tan duras las consecuencias del ajuste. “Ése es el motivo por el cual estamos lejísimos de un estallido como predice el kirchnerismo”, sostienen en el oficialismo.
En realidad, cada negociación que encara con la oposición al Gobierno le cuesta fortunas que van a las provincias, a los sindicatos o a otros sectores con capacidad de presión.
“No hay plata que alcance”, reconocen en el Palacio de Hacienda. Pero también, por su debilidad parlamentaria, el Ejecutivo se ve obligado a otras concesiones. Un ministro reconoció que el Presidente Macri debió prometer la promulgación del feriado del 17 de junio en honor a Martín Miguel de Güemes, como condición para que varios senadores aprueben la designación de los dos jueces que faltan para completar la Corte Suprema.
No es novedad, el toma y daca forma parte de la esencia misma de la política. Siempre.
