El Gobierno nacional insistió ayer en minimizar el caso y defender al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, la ex Side), Gustavo Arribas, un hombre de extrema confianza del presidente Mauricio Macri, por el presunto cobro de casi 600 mil dólares que le habría pagado como coimas un representante de la megaconstructora brasileña Odebrecht hace más de tres años.
A 48 horas de que el caso fuera denunciado por La Nación como resultado de una investigación periodística regional, la Unidad de Información Financiera (UIF), máximo organismo estatal a cargo de las investigaciones sobre lavado de dinero, deslindó responsabilidades acerca de por qué no realizó denuncia alguna ante la Justicia respecto del alerta recibido desde el exterior sobre las transferencia millonarias a cuentas de Arribas, según publicó ayer el mismo diario.
A nivel político, diputados del Frente para la Victoria (FpV), encabezados por el jefe de su bloque, Héctor Recalde, denunciaron penalmente al jefe del organismo de inteligencia por presunto peculado.
La denuncia recayó en el juez federal Sebastián Cassanello. Además reclamaron su comparecencia ante una urgente convocatoria de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia.
Pero el presidente de esa comisión, el senador radical pampeano Juan Carlos Marino, descartó que pueda convocarse a una reunión de la misma por entender que no tiene competencia sobre el caso, aunque sí actuará si se lo requiere el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.
Éste quedó a cargo desde el miércoles de la denuncia judicial que hizo la diputada y aliada clave del Gobierno, Elisa Carrió, primera tras la difusión del affaire.
“No vamos a convocar a la Comisión porque no tiene nada que ver con esto. Su competencia es auditar y fiscalizar los gastos de los organismos de inteligencia”, dijo el senador Marino a este diario. Además, el caso tiene que ver cuando Arribas no era jefe de la AFI y no tenía cargo oficial alguno.
Marino habló el mismo miércoles con la segunda de la AFI, Silvia Magdalani, para ponerse al tanto del caso. Allí el senador radical le habría dicho que la UCR no está dispuesta a “inmolarse por nadie”, en línea con lo dicho por su correligionario, el jefe del interbloque Cambiemos, el diputado Mario Negri.
Defensa oficial
Desde el Gobierno, los encargados de salir en defensa de Arribas fueron el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Ambos lo hicieron después de una reunión, en el primer caso, y en el otro, de compartir un acto de inauguración de una obra pública, con el Presidente quien, a 48 horas de la denuncia, persistió en hacer silencio.
“Por ahora son un cúmulo de insinuaciones (las denuncias documentadas sobre las transferencias a Arribas”), dijo Garavano a periodistas, después de considerar el asunto como un “tema menor” que a su juicio no amerita, “por ahora”, que el jefe de los espías sea suspendido hasta tanto la Justicia aclare su situación.
Por su parte, Rodríguez Larreta, tras un acto con Macri y su par bonaerense María Eugenia Vidal, intentó una defensa de Arribas en la que incurrió en una gaffe. “En este país somos todos inocentes, hasta que -dijo- no (sic) se demuestre lo contrario”.
La UIF, a su vez, salió en su autodefensa con un comunicado en el que sostuvo que no dio ni dará información sobre Arribas hasta “agotar el análisis” sobre posible lavado de dinero.
La Nación informó ayer que la UIF recibió en abril pasado un alerta desde el exterior sobre las transferencias de dinero, pero que no investigó.
Las explicaciones de la UIF
La Unidad de Información Financiera (UIF) aclaró que no puede brindar información sobre un caso hasta no “agotar el análisis” de una operación reportada como sospechosa de lavado de dinero.
“En función de las estrictas leyes vigentes que rigen la actividad de la UIF, esta institución no informa nunca a terceros fuera de su ámbito si recibió o no información vinculada a un caso, ni si habiéndola recibido inició una tarea de análisis, ni el estado en el que la misma pudiera encontrarse”, indicó.
El organismo remarcó que “conforme al artículo 22 de la Ley 25.246, los funcionarios y empleados de la UIF están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las tareas de inteligencia desarrolladas en su consecuencia, y que revelar informaciones fuera del ámbito de la UIF se encuentra penado”.
