Hinchas que se quieren adueñar de los espectáculos, jugadores que se convierten en barrabravas y en el medio el fútbol que sigue siendo maltratado. Esta realidad que viene desde hace largo tiempo, parece comenzar a cambiar con la decisión del gobierno nacional de involucrarse en la lucha contra la violencia.
Macri los conoce y los sufrió como presidente de Boca, y sabe que sin una férrea intervención política nada cambiará.
Esta semana el Ministerio de Seguridad de la Nación creó el Registro Nacional de Personas con Derecho de Admisión, lo que servirá para que aquellos que se preocupan más por hacer del deporte un modo de vida (los barrabravas están siempre vinculados a negocios poco legales) que de disfrutar un momento de esparcimiento, no tengan lugar en las tribunas.
Pero también la cartera que dirige Patricia Bullrich se preocupó por las actitudes poco profesionales de los jugadores. Así, pidió que el Cata Díaz y Daniel Osvaldo sean sancionados con severidad por sus gestos “burlescos” en el partido con River en Mar del Plata.
Los jugadores deben entender que ellos son protagonistas de un espectáculo y no hinchas. Pero como este fútbol es un cambalache, en el que todo da lo mismo y los que provocan violencia terminan siendo idolatrados, hasta ahora nadie había hecho nada al respecto.
Para tratar de cambiar la situación, se creará un plan de formación para los jugadores, cuerpo técnico y árbitros de todas las divisiones sobre los valores del juego limpio y el respeto.
Entre los anuncios que se realizaron desde la Casa Rosada, hay uno que pasó casi desapercibido pero que tiene mayor importancia que el resto: “El gobierno se va a hacer cargo de los operativos policiales”. Esa decisión no sólo le dará aire a las arcas, casi siempre alicaídas, de los clubes, sino que cortar con una lucha sin cuartel.
Los dirigentes aducen que la policía se ha adueñado del manejo del fútbol, “son los que deciden la hora y el día que deben jugarse cada partido, como así también la cantidad de efectivos que deben pagar las instituciones. Incluso, para muchos, estas decisiones se toman para engrosar los ingresos de los efectivos con plata que no llega desde el Estado.
La suspensión de la final del Vendimia entre Independiente y Godoy Cruz es una muestra del poder que tienen las fuerzas de seguridad en las competencias.
Las autoridades policiales viven justificando sus decisiones en que los hinchas son los responsables de que todo esto ocurra. Y hasta dicen que los dirigentes tienen connivencia con los hinchas, a los que le dan entradas a cambio de otro tipos de favores extrafutbolísticos.
“Los hinchas, siempre, somos los inadaptados. Si hay represión, es merecida (al menos para el grueso del inconsciente colectivo). Esto no es así. Si hay represión, falló el operativo”, me decía un hincha de la Lepra con justa razón. Porque a veces es preferible que el operativo tenga fallas y entonces se deban afectar a más efectivos.
Con el gobierno haciéndose cargo de los operativos, los clubes tendrán la obligación de identificar a los problemáticos, pero también será muy exigente con la cantidad de efectivos que pondrán en cada partido. La idea es que se acaben los megaoperativos de más de mil policías. Por ahora se ha dado el primer paso, algo que no es menor. Que el gobierno quiera desarticular la violencia da una tranquilidad a los amantes del deporte.
Bienvenido sea.
