El Poder Ejecutivo envió al Congreso nacional un proyecto de ley de libertad religiosa, que fue elaborado en consenso con la mayoría de los credos que conviven en el país y que incorpora derechos para todos las religiones en forma igualitaria y suma el concepto de la objeción de conciencia, entre otras modificaciones.
La norma, que viene a responder una demanda histórica de todas las confesiones religiosas, busca convertirse en una ley de consenso entre todas las fuerzas políticas para reemplazar a la actual normativa -la número 21.745- que fue promulgada en 1978 durante la última dictadura militar.
"Argentina tiene una tradición de libertad de cultos y convivencia histórica entre ellos que se viene incrementando cada vez más. Cuando era arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio contribuyó mucho en esta tarea. Y esta ley cristaliza esa tarea en un proyecto que asegura la libertad de cultos, garantiza los derechos de cada uno y sigue la línea que en el país ya se viene desarrollando desde hace tiempo", destacó el secretario de Culto, Santiago de Estrada, en una entrevista con la agencia Télam, en la que adelantó los principales aspectos de la iniciativa.
El proyecto ingresó por la Cámara de Diputados a principios de esta semana, con la firma de la saliente canciller Susana Malcorra, será tratado en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que preside la diputada de Pro Cornelia Schmidt Liermann. Resta definir si intervendrán otras comisiones como la de Justicia y Legislación General.
Tras una ronda de consultas de varios meses, la iniciativa oficial logró el apoyo de la Conferencia Episcopal Argentina, la Mesa Consultiva de Federaciones y Asociaciones de Iglesias Evangélicas de la Argentina, la DAIA y la AMIA, el Centro Islámico de la Argentina, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) y la Católica Apostólica Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía, entre otros.
"Tenemos muy buenas expectativas en cuanto a su tratamiento en el Congreso porque es un proyecto consensuado con la mayoría de las organizaciones religiosas, sobre un tema que no presenta ningún conflicto, que no es una ley con sentido político, ni compromete presupuesto", remarcó por su parte el subsecretario de Culto, Alfredo Abriani.
Si bien no modifica el estatus de la Iglesia Católica Apostólica Romana en el país, incorpora una serie de derechos reclamados por organizaciones religiosas que, en muchos aspectos, las pondrán en un pie de igualdad con la católica.
Desde el regreso de la democracia, hubo varios intentos -más de 30 proyectos- en el Congreso para modificar la ley de la dictadura, pero ninguno prosperó.
Lo más cerca que se estuvo de aprobarse fue en 1993 con la denominada "ley Centeno", que logró sanción unánime en el Senado pero luego perdió estado parlamentario.
Pero ahora, con la modificación introducida en 2015 al Código Civil y Comercial que reconoce la personería jurídica a las iglesias, el camino parece estar más allanado.
“Están dadas todas las condiciones porque se hizo una consulta completa con todos los cultos, tenemos sus avales por escrito, hemos tomado sus sugerencias y se ha buscando un consenso muy grande. Además la ley no tiene un sentido político; puede haber observaciones pero no problemas de fondo”, aseveró De Estrada.
Abriani aportó, en tanto, que esta norma “es una forma de ordenar y reglamentar la modificación del Código Civil que contempla la personería religiosa que antes no existía en nuestra legislación”.
"Reemplazar la ley 21.745 por un sistema compatible con la Constitución nacional y los tratados internacionales de derechos humanos es una deuda de la democracia", dice el mensaje que acompaña el proyecto, que además lo considera "impostergable" a partir de la sanción del nuevo código.
Uno de los principales cambios que incorpora el proyecto es que la inscripción en el Registro Nacional de Cultos -que pasará a llamarse Registro Nacional de Entidades Religiosas- deja de ser obligatoria y pasa a ser optativa.
De esta manera, se pasa de un “sistema de control y vigilancia” de las comunidades religiosas, a uno donde “se valora la libertad religiosa prevista en la Constitución Nacional”, según destacan en la secretaría de Culto.
Además, introduce el concepto de “adecuación razonable” en el ámbito laboral -una especie de garantía para los trabajadores de no verse forzados a laborar días incompatibles con sus creencias o bien realizar prácticas que violenten las mismas- así como el concepto de “objeción de conciencia”.
“La libertad religiosa, además de su faceta positiva, entendida como la facultad de organizar y conducir la vida siguiendo los dictados de la conciencia personal, presenta su dimensión negativa: el derecho a no ser forzado a actuar en contra de ella”, según explica el texto de la norma.
Este derecho puede ser ejercido, por ejemplo, en el caso de “prestación del servicio militar, cumplimiento de tareas profesionales en el ámbito sanitario, sometimiento a tratamientos médicos, homenaje activo a símbolos patrios, juramentos, actividad laboral o escolar en días de fiesta o descanso religioso”, se detalla.
Abucheado en una visita a una librería
El presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, fueron abucheados ayer en Tigre, donde un grupo de docentes y vecinos los tildó de “chorros” y les reclamó la reapertura de las paritarias, entre otras demandas, al término de una recorrida de campaña.
Según las imágenes difundidas por redes sociales, Macri y Vidal abandonaban una librería -ubicada en el municipio de Tigre, territorio massista- cuando un grupo de manifestantes comenzó a proferirles improperios como “ladrones” y “chorros”, acompañados de silbidos y abucheos.
Mientras los mandatarios se introducían en un vehículo oficial, en medio de un fuerte operativo de seguridad, algunos de los presentes en la protesta trataron de “caradura” al jefe de Estado y le pidieron “devolver la plata del Correo”, en referencia al acuerdo de esa sociedad de su familia con el Estado nacional.
También expresaron reclamos por la reapertura de las “paritarias”, entre otras demandas.
Sobre el episodio, en la cuenta de Facebook “Suteba de Tigre”, en la que adjuntan el video con los abucheos, sostienen: “Hace instantes vecinos, Suteba Tigre, UDET y docentes del distrito escrachamos al presidente Macri y a la gobernadora Vidal, que vinieron a hacer campaña electoral mientras atacan y destruyen el salario, los derechos y la escuela pública”.
Fuentes del gobierno consultadas sobre el episodio señalaron que quienes abuchearon al Presidente y a la gobernadora “se manifestaron agresivamente y en forma organizada pero no cometieron delito”.
En tanto, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, fue duramente increpado por trabajadores de su cartera nucleados en ATE por el nivel de salarios que reciben, durante una visita que realizó al edificio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)
El jefe de Gabinete Marcos Peña se refirió a ambos incidentes: “Hay que dimensionar esos episodios como lo que son: minorías militantes agresivas que expresan esa frustración por haber perdido el poder, por estar en una sociedad mas democrática”.
Durante la conferencia de prensa en el marco del Consejo Nacional del Pro, en Pilar, Peña calificó los hechos como “aislados”. “Fueron minorías gremiales que van a tratar de generar un hecho que es repudiable. Es un acto de cobardía ante el Presidente y la gobernadora, una mujer”, destacó el funcionario más poderoso del macrismo.
Almuerzo y charla futbolera
El presidente Mauricio Macri almorzó ayer en la Quinta de Olivos con el entrenador del Seleccionado argentino de fútbol, Jorge Sampaoli, el titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y Daniel Angelici, mandamás de Boca Juniors.
Según informaron fuentes gubernamentales, se trató "de una charla amena y futbolera que duró dos horas".
